Laura Elisa Pérez Gómez
Presidenta del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador
Investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM

La reflexión continua sobre la situación de los derechos humanos en las Américas bajo el apremio de la pandemia por COVID-19 se realiza, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19. Este webinar fue convocado con el propósito de deliberar tanto sobre el contenido, alcance y obligaciones, como sobre amenazas, desafíos y oportunidades, en cuanto a la protección de los derechos al agua, saneamiento, alimentación, vivienda y medio ambiente.

La presente intervención se centra en el derecho a la alimentación adecuada (artículo 12 del Protocolo de San Salvador) y el derecho a un medio ambiente sano que, en el caso del artículo 11 del Protocolo, incluye el derecho a contar con servicios públicos básicos. La exposición aborda los siguientes elementos:

1. Los alcances generales del monitoreo del Protocolo de San Salvador (PSS), que aporta elementos estratégicos para revisar las políticas públicas a partir del enfoque basado en derechos humanos;
2. Los hallazgos y desafíos identificados a partir de indicadores seleccionados y; finalmente,
3. Las oportunidades para mejorar el cumplimiento del derecho a alimentación adecuada y a un medio ambiente sano en la región interamericana.

Alcances del monitoreo del PSS, en el contexto de los impactos del COVID19

El Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es el órgano interamericano de monitoreo de este tratado que protege los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), los cuales constituyen derechos fundamentales para impulsar la reducción de las desigualdades en la región interamericana.

De manera sintética, la labor primordial del Grupo consiste en: dar seguimiento al cumplimiento de los DESCA en la región, a través de un instrumento pionero en el mundo, con una metodología multidimensional basada en indicadores para derechos humanos; generar recomendaciones estratégicas para que los países puedan mejorar sus políticas públicas, partiendo de evidencia y con enfoque de derechos; así como, brindar asistencia técnica especializada.

Ante el panorama actual de crisis mundial derivada de la pandemia por la COVID-19, el Grupo de Trabajo reitera su convicción de que la realización universal e incondicional de todos los derechos es indispensable para afrontar la crisis y para poder construir un nuevo camino justo y equitativo para salir de la misma. En este escenario, los derechos sociales deben ser atendidos con prioridad, mediante políticas y programas concebidos bajo un verdadero enfoque que derechos que se sitúe más allá de la mera retórica y coloque en el centro de la acción pública a las personas, incorporando su perspectiva y amplia participación, asignando todos los recursos necesarios para su atención, con apego a los principios de rendición de cuentas y acceso a la justicia, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, además de cumplir rigurosamente con los compromisos de progresividad y no regresividad.

Hallazgos identificados y desafíos a partir de indicadores seleccionados

A la fecha, el Grupo de Trabajo ha recibido un total de 28 informes de doce países de la región interamericana, en tres rondas de evaluación, la última de las cuales se encuentra todavía en proceso^[1]. Esto habilita la consolidación de una masa crítica de información especializada, que permite identificar fortalezas y debilidades en las políticas públicas con las que cuentan los Estados para la atención de los derechos económicos y sociales en las Américas.

Respecto del derecho a la alimentación adecuada, los indicadores recibidos, además de otras investigaciones complementarias^[2], permiten identificar en una síntesis muy apretada, que:

• Este derecho se encuentra fuertemente condicionado en América Latina por los altos niveles de pobreza y pobreza extrema que se registran en la mayoría de los países.
• La prevalencia de la desnutrición crónica en infantes menores de 5 años, muestra los impactos acumulados por la falta de políticas adecuadas para la niñez más desfavorecida, con niveles alarmantes que alcanzan a uno de cada diez menores en la región, quienes en la práctica, quedan condenados a vivir una disminución drástica de sus posibilidades físicas y mentales para salir de la pobreza.
• En la otra cara de la moneda, los indicadores relativos a sobrepeso y obesidad, alcanzan en la región un promedio muy preocupante de 82% de la población mayor de 20 años^[3], estos niveles aunados a otras enfermedades crónico – degenerativas asociadas a la malnutrición, constituyen comorbilidades que han incrementado la mortalidad por COVID-19 en adultos jóvenes, que no se ven afectados en otras latitudes.
• Los indicadores del Protocolo permiten valorar además los principios transversales de derechos humanos. Con información sistematizada para ocho países, respecto del principio de igualdad y no discriminación se identifica que, aunque 75% de los países cuentan con enfoques diferenciales para reconocer el derecho a la alimentación de grupos prioritarios, sólo un tercio de ellos han avanzado en establecer políticas específicas para población rural adolescente y joven. En relación con los principios de participación y acceso a la información, solo la mitad cuenta con mecanismos para regular aquella publicidad que fomenta el consumo de productos nutricionalmente inadecuados, y solo un tercio dispone de programas de divulgación del derecho a la alimentación con atención a la diversidad cultural. En cuanto a algunos aspectos sobre el acceso a la justicia, la mitad de los países han emitido jurisprudencia sobre acceso al agua, en tanto que solo un tercio lo ha hecho para el acceso equitativo a la tierra.

En el caso del derecho a un medio ambiente sano, el Grupo de Trabajo -en concordancia con otros sistemas de evaluación de derechos- incorpora en sus indicadores varios de los que se reportan también para la Agenda 2030^[4], donde ubica los siguientes hallazgos:

• Enormes brechas en la cobertura urbano – rural para agua y saneamiento, que son determinantes para los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y al medio ambiente sano. En el caso del agua (indicador ODS 6.1.1) la región de América Latina y Caribe tenía una cobertura promedio del 74% en 2017, que solo alcanzó 42% en zonas rurales; en los servicios de saneamiento (ODS 6.2.1) la cobertura promedio registrada en la región fue de 31%, la cual se ubicó por debajo del promedio mundial y sólo por encima de la cobertura mínima lograda por los países africanos.
• En otro ámbito, aunque la proporción de la superficie cubierta por bosques (ODS 15.1.1) de la región se reporta en casi 47% para 2020, la tasa ha venido reduciéndose sistemáticamente; de acuerdo con la FAO, la mayor parte de las pérdidas se atribuyen principalmente a la expansión de las actividades agrícolas, resaltando además que la continua pérdida de bosques amenaza a una amplia variedad de bienes y servicios relevantes para el bienestar humano, que generan un mayor riesgo sobre inundaciones y sequías, así como para el acceso a agua limpia.
• En 2019, la relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica respecto de la superficie total de los países (ODS 15.1.2) se ubicó en 38%, por debajo del promedio mundial de 44% y muy lejos del valor reportado por Europa y Norte América donde alcanza 62%.
• Dentro de esta serie de indicadores de impacto, resalta uno muy importante: el referido a los casos documentados de agresiones a defensores y defensoras de los de los derechos humanos (ODS 16.10.1), donde destaca la labor de resguardo del medio ambiente; este indicador que contabiliza el número de casos por país, concentró en la región de América Latina y el Caribe el 69% del total de casos mundiales en 2019, con un incremento abrumador de 21 puntos en tan solo cuatro años.
• Con relación a los indicadores sobre principios transversales para este derecho, se presentan algunos destacados. Para igualdad y no discriminación, se identificó que sólo 45% de los países que entregaron informe cuentan con un mecanismo jurídico para hacer operativo el Convenio 169 de la OIT; sobre acceso a la información, solamente el 40% de estos Estados cuentan con programas de divulgación y promoción oficial del respeto a los derechos medioambientales; si bien, en cuanto a acceso a la justicia, casi el 80% de los países disponen de tribunales con especialización en materia medio ambiental.

Oportunidades para mejorar el cumplimiento del derecho a alimentación adecuada y a un medio ambiente sano en la región interamericana

En cuanto al derecho a la alimentación adecuada, la oportunidad fundamental para los Estados consiste en aprovechar la coyuntura para situar su garantía en lo más alto de las agendas políticas nacionales, incorporando los siguientes elementos^[5]:

• Poner en marcha estrategias basadas en un enfoque integrado e interseccional que aborden las múltiples discriminaciones que sufren las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, tanto urbana como rural.
• Adelantar acciones (como el bono contra el hambre sugerido por FAO y CEPAL) para prevenir que la población caiga en niveles más graves de inseguridad alimentaria, respecto de aquéllos a los que ya estaban expuestos.
• Dedicar especial atención a los grupos de población cuya situación de salud, derivada de problemáticas alimentarias, puede agravarse con la pandemia, como son: infantes con anemia nutricional; niñez que sufre desnutrición crónica y aguda; mujeres gestantes; población adulta mayor; personas con diabetes, hipertensión u obesidad.
• Asegurar el acceso a un consumo mínimo de agua por persona; incrementar la cobertura de programas de nutrición suplementaria; invertir en medidas para prevenir desabastecimiento alimentario; ampliar programas de subsidios para productores campesinos, mujeres campesinas, grupos étnicos y otras poblaciones en condiciones de exclusión; proponer y apoyar iniciativas locales, comunitarias y familiares que incrementen la resiliencia ante las emergencias de todo tipo.

En relación con el derecho a un medio ambiente sano, es necesario subrayar la importancia vital de contar con un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sustentable, los Estados deben considerar:

• Fortalecer los esfuerzos para proteger el medio ambiente, es primordial no debilitarlos; en particular es necesario, mantener y vigilar los estándares medio ambientales, continuar con los requerimientos de monitoreo ambiental y ensanchar las consultas y la participación pública.
• Aprovechar oportunidades para fomentar “inversiones verdes” como la energía renovable, las contrataciones públicas ecológicas, la movilidad eléctrica, considerando principios y estándares de producción y consumo sostenibles.
• Consolidar el compromiso de protección ante las empresas respecto de los derechos humanos, sobre todo en relación con megaproyectos, donde se debe asegurar la consulta previa, libre e informada.
• Avanzar hacia un marco de gobernanza ambiental global, recordando que la invasión implacable de la naturaleza y la degradación de los ecosistemas, pone en peligro la salud humana (de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas)^[6].
• Robustecer el acceso a la información y la rendición de cuentas, así como la institucionalización de mecanismos efectivos de participación, exigibilidad y acceso a los derechos de toda la población.

Los efectos directos e indirectos de la pandemia por COVID-19 están fuertemente condicionados por la agravada desigualdad entre países y la desigualdad dentro de los países; en este contexto, es importante enfatizar además algunas lecciones centrales que está dejando esta crisis:

• La responsabilidad primordial para disminuir las desigualdades sociales y garantizar derechos básicos y universales corresponde a los Estados, además no es transferible a otros sectores. Los Estados deben renovar su compromiso con el bienestar y los derechos de su población, afrontar las desigualdades debe ser una prioridad explícita que se mantenga a mediano y largo plazos.
• Es necesario incorporar una amplia participación pública en la planeación y respuesta de los gobiernos, que permita abordar de manera eficiente las desigualdades y las necesidades de las poblaciones vulnerables, así como minimizar la posible captura de beneficios por parte de grupos tradicionalmente favorecidos.
• En el espíritu de la Agenda 2030 y su propósito de no dejar a nadie atrás, y en el marco particular de los derechos que hoy se discuten, es prioritario desarrollar atenciones específicas para dos grandes grupos de población, centrales para estos derechos, pero que generalmente están invisibilizados: las personas que viven en ámbitos rurales y los grupos indígenas.
• A nivel mundial, es indispensable la regulación del monopolio y el lucro en el abastecimiento de alimentos, vacunas, medicamentos, así como otros equipos y suministros. El papel que deben jugar los organismos financieros y económicos internacionales, requiere enfatizar la promoción de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y naciones. Las instituciones financieras internacionales deben movilizar recursos suficientes en apoyo de los países de ingresos más bajos, para evitar peores crisis económicas, con consecuencias devastadoras para la justicia y estabilidad globales a largo plazo.

La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar, tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades justas e inclusivas que respeten y protejan todos los derechos humanos de todas las personas.

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