En el Marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) organizó un  conversatorio virtual denominado “Las desigualdades de género en el embarazo y la maternidad”, que tuvo como finalidad visibilizar las desigualdades que existen entre los géneros, las cuáles se agudizan en el momento en que las mujeres deciden ser madres, y la necesidad de establecer responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños y adolescentes. En la editorial se rescatan algunas reflexiones sobre el tema.

Para este año, ONU Mujeres eligió el tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” para reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo en la mitigación del cambio climático en la construcción de un futuro sostenible para todas las personas.

Igual desafío se presenta para atender los impactos que ha provocado la pandemia de COVID 19, la cual ha agudizado las desigualdades de género ya existentes, pues debe ser el enfoque de género y la participación activa de las mujeres y las niñas lo que caracterice las acciones y políticas públicas efectivas que puedan llevar a la recuperación de los fuertes estragos de la sindemia que vivimos en la actualidad.

Si bien en un primer momento el confinamiento buscó proteger la salud pública de las personas, de inmediato tuvo efectos negativos en la vida de las mujeres, las niñas y los niños; se acentuó la crisis de cuidados, violencia y empobrecimiento económico por su salida del mercado laboral, ello en parte ocasionado por visiones androcentristas, actitudes patriarcales e inequitativas, que no hemos logrado erradicar de la vida pública y privada.

Las mujeres enfrentan cambios biológicos significativos en su embarazo, parto y puerperio, aunado a la violación de sus derechos humanos con motivo de la violencia obstétrica que muchas de ellas padecen, e incluso actos de discriminación laboral por su propia condición de embarazo o puerperio. También, una vez que la niña o niño llega a los hogares se asume que la mujer será su cuidadora natural, generalmente los varones no se cuestionan si dejarán de trabajar para dedicarse a las actividades que se han denominado del hogar; tampoco se preguntan cómo combinar las cargas laborales con las cargas de la administración del hogar. Desafortunadamente las mujeres continúan enfrentando dobles o triples jornadas de trabajo que frenan su desarrollo personal.

El trabajo en los hogares no se valora suficientemente, ni se reconoce; se siguen perpetuando estereotipos que ubican a la mujer como responsable de la crianza de las hijas e hijos y al hombre como proveedor en los hogares que goza de cierta superioridad sobre las y los demás integrantes de las familias, situación que muchas veces es causa de algún tipo de violencia contra ellas, y la cual generalmente se recrudece en las mujeres mayores.

Entre las propuestas útiles que contribuyen a la igualdad formal, pero sobre todo material entre los géneros, destacan las siguientes:

• Llevar a cabo la revisión y armonización normativa a partir del parámetro convencional en materia de derechos de las mujeres, para implementar el enfoque de derechos, de género e interseccionalidad, que disminuya la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y favorezca la incorporación de los hombres en la atención, cuidado y educación de las niñas y niños.

• La implementación de modelos de intervención que aborden la violencia de género como un problema complejo, multidimensional y estructural que requiere soluciones integrales, eficientes y eficaces para su prevención, atención y erradicación, así como la implementación de presupuestos públicos con perspectiva de género, y presupuestos etiquetados suficientes.

• Modificación de la cultura organizacional de las y los empleadores para generar medidas de inclusión, niveladoras y/o acciones afirmativas que favorezcan la incorporación de la mujer en las áreas laborales.

• Permanente capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas en materia de igualdad de género, incluidas desde luego quienes procuran y administran justicia.

• Recuperación y ampliación de la cobertura de Centros de Atención Infantil gratuitos, accesibles y cercanos a los lugares de trabajo, así como instalación de lactarios en los centros de trabajo.

• Diseño e implementación de Políticas Públicas y Programas que propicien la permanencia de las adolescentes embarazadas en las escuelas.

• La promoción y concientización de las responsabilidades compartidas de todas y todos los integrantes de las familias en las actividades del hogar.

• Acciones que permitan la ruptura de roles y estereotipos construidos a partir de pensamientos y acciones androcentristas.

• Erradicación de usos, costumbres y tradiciones que discriminen a las mujeres y a las niñas y vulneran sus derechos.

• Garantizar el efectivo acceso de las mujeres a la justicia. Particularmente en el ámbito familiar, se debe fortalecer la capacidad de las instancias especializadas encargadas de impartir justicia, el establecimiento de registros de deudores alimentarios, la implementación de programas de rehabilitación para los responsables de la violencia en los hogares, y el fortalecimiento de áreas de asesoría para mujeres que desean iniciar acciones judiciales para hacer valer sus derechos de pensión alimenticia, por ejemplo.

• Incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de educación inicial y hasta la educación universitaria para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer, y eliminar prejuicios o prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de hombres y mujeres.

• Fomentar el empoderamiento de las niñas y la autonomía económica de las mujeres, así como la impostergable la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer soluciones a las problemáticas que padecen.

En México se requiere un esfuerzo para desarrollar una cultura de paz, para lo que se requiere una institucionalidad fuerte, de vigencia del Estado de Derecho, una estructura administrativa profesional y eficiente, reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y acceso a la información, promover la solidaridad y cohesión social, y generar esquemas que disminuyan desigualdades y exclusión, ya que de nada sirve a una persona contar normativamente con un catálogo amplio de derechos y garantías si su contenido no se materializa y expresa en su realidad cotidiana.

Los editores