Mtro. Luis Raúl González Pérez[1]

            La acciones de respuesta a la pandemia del coronavirus han supuesto una afectación generalizada a la normal convivencia de las personas, así como al desarrollo de las actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional, que desafortunadamente están generando que las víctimas del COVID-19 no se limiten a quienes han visto afectada su salud, sino también a quienes por causa de la emergencia sanitaria han perdido su trabajo, cerrados sus negocios, perdido sus fuentes de ingreso, así como a aquellas personas que han visto restringido el ejercicio de algún otro derecho humano, como el relativo a la educación. De ahí que el espectro de ámbitos respecto de los cuales las autoridades deben determinar pautas de acción y planes de respuesta claros, pertinentes y exigibles es muy amplio, siendo necesario que tales cuestiones se formulen y elaboren no sólo desde perspectivas administrativas o burocráticas, sino atendiendo a las necesidades, intereses y condiciones reales de todas las personas, en particular, de aquellas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad.

            La situación de exclusión y discriminación que enfrentan cotidianamente los miembros de nuestros pueblos originarios, las personas con discapacidad, aquellas que están en condición de calle, mujeres que sufren maltrato, así como las desplazadas y migrantes, entre otras, ven acrecentada su condición de vulnerabilidad ya que, además de contar con menores recursos y capacidades para prevenir ser contagiados y acceder oportunamente a la atención médica en caso de requerirlo, son quienes sufren de manera más inmediata y directa los efectos económicos de la pandemia. Es complejo que a quien no tiene un lugar donde vivir se le pida permanecer en casa. Es imposible que quien carece de recursos pueda cumplir con restricciones o indicaciones sanitarias cuando no puede atender necesidades tan inmediatas y básicas como la comida de cada día. Si bien algunas autoridades han tomado medidas al respecto, lo cierto es que las disposiciones de emergencia que hasta el momento se han emitido no contienen disposiciones específicas y completas sobre la forma y términos en los que el estado protegerá a los grupos más vulnerables.

            Las repercusiones económicas de acciones tales como la suspensión de actividades, necesarias indudablemente desde el ámbito de la salud, están incidiendo negativamente en el empleo, salarios y recursos a los que las personas pueden acceder. En un país donde la mayoría de la población carece de ahorros que garanticen su subsistencia, es previsible que no se puedan pagar rentas, cubrir pagos de préstamos u obtener los recursos necesarios para surtir y mantener operando los pequeños negocios. Algunos bancos, de manera unilateral, están adoptando medidas al respecto, al ampliar plazos y dar facilidades de pago. En paralelo, despachos de cobranza aprovechan que las personas están en sus domicilios para atosigarlos con constantes llamadas de amenaza para exigirles pagos, sin considerar las afectaciones económicas del momento o siquiera verificar que a quienes llaman realmente sean quienes contrajeron los adeudos que les reclaman. Respecto a estos puntos, tampoco existen disposiciones específicas y completas que den respuesta a las necesidades de las personas en esta emergencia.

            Al momento en el que se publique el presente artículo, se habrá hecho público el plan económico del gobierno mexicano para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19, el cual ojalá tenga como prioridad el bienestar de todas las personas y comprenda la atención a los grupos vulnerables. Más allá de declaraciones coyunturales de carácter político, es preciso que se elaboren y concreten pautas de conducta y programas de acción para hacer frente a la pandemia en todos los ámbitos, que sean unificadas y obligatorias en el país , estableciéndose de manera expresa, pública y transparente, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los esquemas y mecanismos de coordinación y actuación entre las autoridades federales y locales, así como entre los sectores públicos y privados, a efecto de dar certidumbre a la sociedad.

            No se trata sólo de decisiones o acciones genéricas, se requieren medidas concretas, viables y pertinentes que, partiendo de una valoración realista y objetiva de las condiciones actuales, repercusiones y alcances de pandemia, así como el tiempo que será necesario para que la misma se supere y se normalicen las actividades en el país, incidan positivamente en la vida de las personas, sin exclusión o distingo alguno.

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