Mtro. Luis Raúl González Pérez^[2]

La conmemoración del 1 de mayo nos da la oportunidad de reflexionar acerca de la vigencia de los derechos laborales en nuestro país, en el contexto de las medidas que se han tomado para hacer frente a la pandemia de covid-19 y las repercusiones económicas derivadas de las mismas. La emergencia sanitaria que vivimos marcará un antes y un después en el ámbito laboral en México. Durante 2019, acciones como el importante aumento que se logró a los salarios mínimos, ponían en evidencia que la prioridad era buscar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la creación de empleos. Al día de hoy, la realidad ha cambiado. Las medidas sanitarias de aislamiento y restricción de actividades han puesto en riesgo la subsistencia misma de miles de fuentes de trabajo que implicaría una pérdida masiva de empleos, lo cual traería consecuencias muy graves para la economía nacional, así como para el nivel, condiciones de vida y oportunidades de desarrollo de un gran número de mexicanas y mexicanos.

La necesidad de prevenir mayores contagios ha ocasionado que buena parte de la vida económica del país esté detenida. Sin ingresos, los patrones difícilmente podrán cumplir con sus obligaciones, las cuales comprenden desde el pago de impuestos hasta el pago de salarios y prestaciones. Las políticas públicas en materia laboral deben reconocer y atender esa nueva realidad. Sin apoyos por parte del Estado, será muy difícil que no se cierren empresas y se pierdan empleos. De hecho, las afectaciones en ese rubro ya han comenzado. En un ejercicio de transparencia en medio de la opacidad imperante respecto de la información gubernamental relativa a la pandemia de covid-19, la propia Secretaría del Trabajo (STPS) reconoció a principios de abril que, en tres semanas de contingencia sanitaria, en México se habrían perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Algunas autoridades del Banco de México han hecho previsiones de que la tasa de desocupación puede alcanzar entre el 7.9 por ciento y el 10.7 por ciento, lo cual implicaría que más de un millón de personas se quedaran sin trabajo en el país.

No es viable que la contingencia sanitaria y las medidas de restricción se levanten en los próximos días, de hecho, México está entrando en la etapa más crítica de la pandemia, y claramente está lejos de contar con las condiciones necesarias para lograr un reinicio seguro de las actividades que no implique poner en riesgo la salud e integridad física de las y los trabajadores, así como de sus familias. Conforme la experiencia de otros países, el levantar las medidas de restricción requiere contar con información real y verificable acerca del número y características de personas afectadas por la enfermedad, requisitos indispensables para hacer las evaluaciones epidemiológicas conducentes que sustenten una oportuna y pertinente toma de decisiones en otros ámbitos. En México parecería que no contamos con esos datos.

Pese a que las cifras oficiales de la pandemia se dan a conocer diariamente, las mismas no podrían ser consideradas más que como un punto de referencia sobre el mínimo de casos que en realidad se están presentando. No sabemos si la cifra más correcta de personas afectadas es ocho, 30 o 50 veces mayor a la que se anuncia, por lo que difícilmente se podrán tomar medidas adecuadas para actuar con base en ella. Si es un hecho reconocido que una persona contagiada puede ser asintomática, sin esquemas de detección y protección adecuados, los centros de trabajo podrían convertirse en centros de contagio masivo.

Es prioritario que el Estado actúe para preservar las fuentes de trabajo y procurar la conservación de los empleos. Los derechos a la salud y al trabajo se deben conciliar y hacerse vigentes. Parte muy relevante de la actividad económica nacional la llevan a cabo comerciantes, pequeños industriales, profesionistas y prestadores de servicios que generan los recursos para su propia subsistencia, pero que, con la actividad que desarrollan, además dan empleo a otras personas y propician que ellas y sus familias puedan subsistir. Negarles acciones de apoyo para que hagan frente a la crisis no solo los daña como patrones, sino que multiplica su efecto perjudicial sobre los trabajadores. Sin fuentes de trabajo y empleos, la aspiración plasmada en diversos instrumentos internacionales de que existan el empleo productivo y el trabajo decente se vuelven mera retórica. Las víctimas de la pandemia de covid-19 no solo son las personas que enferman, aquellas que pierden la vida, así como sus familiares; también lo son y serán aquellas que vean afectadas sus condiciones de vida, como consecuencia de la crisis económica que se ha generado. La defensa de las fuentes de trabajo y de los empleos es una cuestión prioritaria, que vuelve a poner el acento en la necesidad de un acuerdo nacional del sector público, federal, estatal y municipal, privado y social.