14 enero, 2020
De Duncan Tucker
Americas Media Manager at Amnesty International

Danelly Estupiñán nunca olvidará la primera amenaza que recibió. Fue un mensaje de texto que llegó a las 5.35 de la tarde del 30 de noviembre de 2015, y decía: “Danelly, ha llegado tu final”. Horas después, mientras hablaba por teléfono con una de sus amistades, apareció en la línea una voz distorsionada que repitió: “Sabemos dónde estás”.

            Desde entonces, a Estupiñán la han sometido a un seguimiento constante, la han fotografiado y han asaltado su casa, en una aparente represalia por su trabajo de derechos humanos, en el que defiende a las comunidades negras de Buenaventura, el puerto más grande del Pacífico colombiano.

            “Yo ya no salgo. Me mantengo de la oficina a la casa. No tengo vida social, no tengo nada. Sólo voy y hago cosas específicas, porque donde vaya, están”, dijo en junio, poco antes de huir del país al enterarse de que existía una trama para matarla.

            Tras haber perdido a padres, esposos e hijos durante años de derramamiento de sangre, las mujeres afrodescendientes como Estupiñán están asumiendo valientemente papeles más activos en la defensa de sus comunidades ancestrales. No obstante, el plantar cara a empresas y organizaciones criminales que buscan imponer proyectos de desarrollo, extracciones mineras y operaciones de narcotráfico en sus territorios las ha puesto en el punto de mira.

            Colombia es el país más mortal del mundo para quienes defienden los derechos humanos: Frontline Defenders registró al menos 126 homicidios allí en 2018. Además, hay 7,8 millones de personas internamente desplazadas en Colombia, más que en cualquier otro país, según un informe de 2018 de la ONU. Muchas de las víctimas son líderes de comunidades indígenas y campesinas, pero las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia.

            Desde que ocupó su cargo en agosto de 2018, el presidente Iván Duque ha adoptado un plan para proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, reforzando las unidades de policía especializadas y mejorando la coordinación entre órganos estatales, así como ofreciendo recompensas por información sobre sospechosos buscados por homicidio. Según el presidente Duque, el homicidio de líderes sociales se redujo un 35 por ciento durante su primer año en el cargo, pero las personas que están en peligro afirman que la protección sigue siendo insuficiente.

            Estupiñán, lideresa del grupo afrocolombiano Proceso de Comunidades Negras (PCN), es una de las activistas más destacadas de Buenaventura, un lugar escabroso y sofocante donde la jungla colinda con el océano. En los últimos 20 años, la población afrocolombiana de Buenaventura se ha enfrentado a una oleada de homicidios, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas a manos de paramilitares conocidos por descuartizar a sus víctimas en las denominadas “casas de pique”.

            Muchas personas de la comunidad negra creen que la violencia es una manifestación de la discriminación y el racismo estructural, con el propósito de expulsarlas de las zonas costeras en las que llevan generaciones viviendo en casas palafíticas, para que el gobierno y los promotores privados puedan seguir adelante con sus planes de ampliar el puerto y construir infraestructura turística.

Para leer el artículo completo:
https://amnistia.org.mx/contenido/las-mujeres-afrocolombianas-que-arriesgan-su-vida-por-defender-sus-comunidades/
(28/01/2020)