Ángel Díaz Barriga[1]
No es fácil analizar los dos documentos que recientemente ha presentado el Secretario de Educación Pública, me refiero al Modelo Educativo 2016 y a la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Su lectura permite identificar que finalmente se presenta –aunque de manera muy tardía– una visión para el futuro de la educación del país. Se puede afirmar en primer término que estamos ante dos documentos que tienen una rigurosa formulación, ideas significativas para impulsar un cambio en la educación y que al mismo tiempo por su extensión, diversidad de temas que contienen y su visión de la educación para el siglo XXI difícilmente se pueden comentar en una primera aproximación y mucho más difícil resultará convertirlos en realidad en el país.
Destacan algunos aspectos positivos que emanan de estos documentos. Una visión centrada en la escuela, en el alumno y en el aprendizaje de temas significativos para la vida. Utilizan una vieja expresión “aprender a aprender”, al reconocer que en el siglo XXI, la escuela no puede ser responsable de enseñar todo aquello que es factible aprender. Dicho en otros términos, se coloca en una posición muy distinta al aprendizaje repetitivo, memorístico y escolar. La escuela abierta a la vida, al aprendizaje activo. Más aún, claramente señalan que los docentes deben establecer ambientes de aprendizaje, en vez de trabajar ante el pizarrón, que deben dejar de trabajar contenidos para establecer problemas significativos que los alumnos analicen en forma colaborativa. Las ilustraciones del texto presentan aulas interactivas, con mobiliario intercambiable durante su presentación, ciertamente más parecidas a las escuelas de Finlandia que las mexicanas. Las metas son ambiciosas pretende una ciudadanía con dominio del castellano (verbal y escrito) y del inglés, lo que supone que el 50% de las clases sean en español y el otro 50% en inglés, como lo hacen las escuelas bilingües, con docentes que trabajen matemáticas, español, historia y de preferencia docentes nativos que trabajen matemáticas, español e historia; con dominio de las TIC y uso de las TIC para el aprendizaje, lo que demanda una ruta amplia de experimentación didáctica, (por ejemplo, el Plan CEIBAL en Uruguay lleva más de 20 años, mientras en los últimos sexenios en México la política ha carecido de una orientación sólida: hemos pasado de enciclomedia a habilidades digitales y actualmente al uso de tabletas); sin olvidar el reto de lograr que no sólo las escuelas tengan internet, sino que en toda la sociedad se pueda acceder a la información en línea, única manera de no excluir a los más pobres. Se establecen siete marcos de formación, más campos formativos, asignaturas, áreas de desarrollo personal (lo socio-emocional), la formación ciudadana con valores, ética, entre otros. No queda claro en cuántas horas semana/mes están pensando dedicar para el desarrollo de todas estas habilidades: de comunicación, de razonamiento lógico, de comprensión de temas socio-históricos y de las ciencias naturales. Propone un modelo interno de evaluación formativa para el trabajo con los estudiantes en la escuela, pero no asume que dicho modelo se contradice con la forma como actualmente realiza la evaluación del desempeño docente.
El modelo y el proyecto curricular en términos generales contiene ideas de avanzada acordes con una educación para el siglo XXI, sus propuestas y metas son ambiciosas, lo cual tiene el riesgo de que “el que mucho abarca poco aprieta”. Carecen de una definición de etapas pues lograr una transformación como la que propone, de un día a otro, no será tarea fácil.
Por otra parte, es preocupante el poco espacio que se concede a las escuelas normales. Mientras en el currículo de educación básica hablan de autonomía curricular –tema impulsado por el BID en los años noventa del siglo pasado– la necesaria autonomía curricular para las escuelas normales no se aborda, sólo aparece una referencia secundaria de “impulsar la sinergia entre normales y universidades”, no queda claro si esta sinergia significa que las universidades asumirán la formación de profesores desde preescolar hasta el bachillerato. O sólo es el reflejo del escaso valor que esta administración ha concedido al fortalecimiento de la educación normal.
Más serios son los límites que desde un análisis político se puede realizar a la presentación y propuesta de discusión de ambos documentos. En primer término emerge una contradicción entre la cara autoritaria y democrática del Estado. El modelo se está trabajando desde 2014, lo prometieron para 2015 y lo presentan en 2016, para aplicar en 2017. No hay prisa, porque hay que promover la participación, foros que iniciarán a una semana de su publicación. Pero esta participación democrática que se negó en 2012 y 2013, cuando se aprobó en 21 días las modificaciones constitucionales al artículo 3º y se aprobó apresuradamente (el 1 de septiembre de 2013) la Ley de Servicio Profesional Docente –que tanta agresión y descalificación ha motivado hacia los docentes– y que se sigue negando en un marco de muy confusas declaraciones.
El modelo es un ejemplo de una política al revés. Primero la evaluación del desempeño docente y luego el modelo, esto es, primero se construye el piso 15 del edificio y luego nos dicen a los mexicanos ya tenemos el modelo de la planta baja al piso 21, nos piden decidir si será condominio, hotel u oficinas, pero el 15 no se toca. Esto es lo que estamos viviendo en estos días, un secretario que afirma que la evaluación del desempeño fue poco justa y poco pertinente; la presidente del INEE que señala que lo mejor era hacer observaciones en el aula, pero salía muy caro, que la ley debería modificarse pero que no es el momento; mientras que Guevara Niebla, un consejero del INEE, manifiesta su extrañeza porque el examen lo haya hecho el Ceneval, que no estuvo calibrado y que tuvieron muchas presiones, incluyendo la de aceptar el documento Perfiles, parámetros e indicadores; por su parte el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pide a la CNTE un proyecto de reforma. Por otra parte, la revisión de la ley es un tema al que claramente se ha negado tanto el Presidente de la República al afirma que al ejecutivo le corresponde aplicar la ley y en general los actores mencionados que consideran que se pueden mejorar los instrumentos, pero no la concepción de evaluación que se desprende de las leyes aprobadas.
No se puede dejar de señalar que el Estado mexicano contradice uno de los principios fundamentales de la reforma: asumir la rectoría sobre la educación, envía una señal equivocada al subir en el presídium, del acto público de presentación del modelo, al presidente del SNTE, darle el micrófono cuando se trata de un tema académico y no laboral. Los maestros tienen una estructura que les permite analizar el modelo como son los consejos técnicos escolares y las academias en secundaria y bachillerato.
Sin lugar a dudas ambos documentos Modelo y Propuesta curricular requieren de un análisis más cuidadoso, pero ante la gran cantidad de tareas que actualmente demanda el trabajo escolar: atención a alumnos, (preparación de clase, llenado de formatos y de boletas), participación en el consejo técnico escolar, atención a padres de familia, y otra la cantidad de actividades que se realizan cotidianamente y en el transcurso del año escolar, el análisis de estos documentos será una acción secundaria.
Fuente (28/07/2016):
http://educacion.nexos.com.mx/?p=289
[1] Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.