La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido, tiene y, desafortunadamente, seguirá teniendo fuertes impactos en la salud, el crecimiento económico y el desarrollo social en un contexto regional caracterizado por una profunda desigualdad y vulnerabilidad que vislumbra el incremento de la pobreza y pobreza extrema en varios países de las Américas.

Las medidas de aislamiento social, así como la paralización parcial de las economías y el cierre de fronteras para evitar la expansión del coronavirus, sin duda alguna, harán retroceder el proceso de mejoramiento alcanzado -hasta antes de su aparición- en la calidad de vida de la población, es decir, se afectará el desarrollo social y sus principales componentes: salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y seguridad social, entre otros, considerados como derechos sociales. Veamos el por qué.

A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha destacado que, previo a la pandemia que se vive, el desarrollo de la economía mundial se caracterizaba por su debilidad, toda vez que en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019 la tasa de crecimiento mundial fue del 2.8%, porcentaje muy menor al 3.4% del período 1997-2006. Inclusive, “…en 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%”.^[1] En este sentido, con posterioridad a la crisis financiera internacional de 2008 la mayor desde la Gran Depresión de 1929—^[2], la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto regional (PIB regional) disminuyó del 6% al 0.2% y durante el período 2014-2019 fue de[1]  0.4% que resultó ser el de menor crecimiento desde la década de 1950^[3], sin desconocer que dicho organismo prevé en la región de las Américas una caída del 5.3% del PIB para 2020.^[4]        

A la debilidad en el desarrollo económico debe sumarse la fragilidad de la salud y la deficiente prestación de servicios en la región caracterizada por la prevalencia de ciertas enfermedades cardiovasculares y diabetes; carencias en el acceso al agua y brechas en el cumplimiento de los derechos sociales.

Derivado de lo anterior, se debe agregar el hecho de que los efectos del Covid-19 en el corto plazo se han dejado sentir: incremento del desempleo y, por tanto, falta de prestaciones sociales; menos salarios, ingresos y consumo de bienes y servicios, con la correspondiente expansión de la pobreza y pobreza extrema, así como mayores costos en los sistemas de salud -débiles y fragmentados^[5]– y desigualdades en su acceso, en tanto que en el mediano y largo plazos se vislumbra ya el cierre de empresas, reducción de la inversión privada y bajo crecimiento económico.^[6]

Respecto a la pobreza, la propia CEPAL ha pronosticado el aumento del desempleo de 3.4 puntos porcentuales, lo que tendrá como consecuencia que en 2020 la pobreza en América Latina aumentará al menos 4.4 puntos porcentuales, es decir, 28.7 millones de personas más con respecto a 2019, por lo que preocupantemente se alcanzaría a un total de 214.7 millones de personas que representa el 34.7% de la población de la región. En consecuencia, entre estas personas, “la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas”.^[7]

En tres escenarios de la evolución de la pobreza y pobreza extrema que plantea la Cepal (bajo, medio y alto) en 17 países de la región, en el escenario medio la pobreza aumentaría 4.4 puntos porcentuales; en el escenario bajo, 3.4 puntos porcentuales, y en el alto 5.5 puntos porcentuales.^[8] En este sentido, se destaca que los efectos -exclusivamente de la pandemia- en los tres escenarios la pobreza y la pobreza extrema aumentaría en todos los países de la región; en el escenario alto, los incrementos de la pobreza en general se darían en Argentina, México, Ecuador y Brasil, en tanto que la pobreza extrema en el mismo escenario se daría en México, Nicaragua y Ecuador.^[9]

A nivel nacional, en 2109 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que entre 2008 y 2018 el porcentaje de población en situación de pobreza disminuyó 2.5 puntos porcentuales, al pasar de 44.4 por ciento a 41.9 por ciento, lo que representó una reducción media anual de 0.24 puntos porcentuales. En este sentido, “…la población en situación de pobreza extrema descendió de 11.0 por ciento a 7.4 por ciento, es decir, de 12.3 a 9.3 millones de personas”.

 El Coneval ha estimado que la emergencia sanitaria puede generar mayores niveles de pobreza por ingresos^[10] y de pobreza laboral[2] ^[11]. “La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del 2020”,^[12] sin pasar por alto que la ausencia de políticas públicas enfocadas a la atención de la población con ingreso medio puede ocasionar un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso. Inclusive, el Coneval ha destacado lo siguiente: “La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad”.

Por tanto, ante un panorama de incertidumbre que genera temor y desconfianza, las diversas acciones que emprenda el Estado deben tener como eje fundamental y transversalel respeto y observancia de los derechos humanos, reorientando el presupuesto público para la atención de la emergencia sanitaria, económica y social, sin desconocer la propuesta de un ingreso ciudadano universal o ingreso universal emergente para la población en situación de pobreza y pobreza extrema^[13], cuyo monto se podría calcular a partir de la  línea de bienestar urbana o a la línea de bienestar mínimo urbana estimada por el Coneval,^[14] precisando que todas y todos debemos ser aliados incondicionales para el diseño y seguimiento de todas aquellas acciones que busquen mejorar el desarrollo social.

Aunado a estos esfuerzos, las propuestas y declaraciones hechas por organismos multilaterales han sido inequívocamente de gran ayuda. Las actividades de concientización y difusión de información en materia de derechos humanos siguen siendo fundamentales para superar la pandemia sin violentar derechos humanos. En este contexto, la conmemoración de días internacionales nos ayuda a recordar los esfuerzos históricos y aquellos que aún hacen falta por cumplir para alcanzar el pleno goce de derechos.

El mes de mayo nos presenta algunas fechas conmemorativas vinculadas con los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas conmemora el 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa; el 15 de mayo, Día Internacional de las Familias; el 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz y; el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

En su Resolución 26C/4.3 de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta conmemoración fue impulsada por trabajadores de medios de comunicación internacional a fin de visualizar las dificultades que la prensa enfrenta alrededor del mundo y que amenazan su imparcialidad, la igualdad de género en el ejercicio de su profesión y la seguridad y justicia para sus agremiados. Por ello, es que este año la ONU impulsa el lema “Por un periodismo valiente e imparcial”, siendo la libertad de prensa como forma de libertad de expresión del individuo y la sociedad, un derecho humano fundamental. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, plantea este año una reflexión especial en el contexto de la actual pandemia de Covid-19. La pérdida de empleos masivos alrededor del mundo por los aislamientos establecidos, la pauperización[4]  de las familias y el incremento de la violencia doméstica contra mujeres, niños y niñas, son algunos de los efectos provocados por la pandemia en el seno familiar y que amenazan su estabilidad. Lo anterior, obliga a los Estados nacionales a velar por la protección de las familias, en sus muy diversas formas, a partir de apoyos económicos, programas de asistencia social y procuración de justicia para contener los efectos adversos del Covid-19. Superar la desigualdad de género, los estereotipos, la discriminación y todas aquellas situaciones que amenazan la estabilidad familiar, son temas que deben ser atendidos en el corto y mediano plazo si deseamos alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la familia.

La ONU, consciente de que solo alcanzando sociedades pacíficas es como se logrará la viabilidad de un futuro prometedor, con mejores condiciones de vida y pleno ejercicio de los derechos humanos de la población alrededor del mundo, estableció el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz. En su resolución A/RES/72/130, la Asamblea General de la ONU señaló la importancia de eliminar la discriminación y la intolerancia en el mundo para alcanzar la paz, con el auxilio de la sociedad civil, la comunidad académica, voluntarios y la participación de agrupaciones religiosas, grupos vulnerables. Es importante recordar que un auténtico estadio de paz, no se logra únicamente en ausencia del conflicto, sino en la sana convivencia de sociedades tolerantes, respetuosas de las diferencias  de diversa índole y en la que los diversos actores sociales encuentran eco para ser escuchados y reconocidos como parte de esa sociedad.

Un elemento coadyuvante en este proceso para alcanzar sociedades pacíficas es el del reconocimiento de la diversidad cultural existente en una misma sociedad o población. Por ello, internacionalmente se conmemora el 21 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Es un hecho que una sociedad sin fomento de su cultura es una sociedad con pocas posibilidades de alcanzar consensos y entendimiento entre sus miembros. Este año, este legítimo y necesario derecho humano, el de acceso a la cultura, se ha visto particularmente afectado con la emergencia del Covid-19. Las restricciones de movilidad han afectado seriamente la realización de eventos culturales de toda índole, al ser cancelados o en el mejor de los casos, pospuestos indefinidamente. Esto trae como consecuencia dificultades para sobrevivir para toda la población alrededor del mundo que vive de la promoción de la cultura como sustento de vida. Es sumamente importante para toda sociedad moderna, que se recupere, apoye y fortalezcan los espacios de cultura, pues son estos fuente de conocimiento, comprensión, conciencia y reconocimiento de la diversidad existente en la sociedad.

Los Editores

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