1 de mayo de 2020
Comunicado 097/20
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a respetar y garantizar los derechos de familiares de las personas fallecidas en el marco de la pandemia de la COVID-19, permitir los ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias y, con ello, contribuir a la preservación de su memoria y homenaje. Asimismo, la CIDH urge a los Estados a adoptar medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas y la trazabilidad de los cuerpos, así como garantizar la investigación de las muertes potencialmente ilícitas, asegurando el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus familiares.
Según la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cifras actualizadas al día de 23 de abril, como resultado de la pandemia de la COVID-19 a la fecha han fallecido más de 47.812 personas en el continente americano. Varias de estas muertes han ocurrido en aislamiento hospitalario, o bien, en sus residencias, sin conocimiento o posibilidades de acceso de sus familiares, lo que ha dificultado la entrega oportuna de los cuerpos o, en algunos extremos, estos han sido directamente cremados o sepultados, cuando no son reclamados. Se ha conocido a su vez sobre extensas demoras en la entrega y sepultura de los restos mortales debido, entre otros factores, a la gran cantidad de personas fallecidas, dificultades administrativas para el otorgamiento de actas de defunción, la fragilidad de los servicios funerarios que obstaculizan la transportación, así como las dificultades para ser recibidos por los cementerios debido a su saturación. Este atraso, y en algunos casos, el colapso de los servicios funerarios, ha ocasionado que las familias saquen a sus seres queridos de sus domicilios a las calles debido a la descomposición y el temor a ser contagiadas.
Adicionalmente, la CIDH ha recibido información sobre diversas restricciones para la celebración de funerales. Asimismo, según información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, la aprobación de normas que flexibilizan los protocolos de registro y entierro o sepultura individualizada, así como la falta de recursos para el funcionamiento y protección de los agentes de los servicios forenses estarían perjudicando la adopción de las debidas diligencias en la investigación de muertes potencialmente ilícitas. En particular, la Comisión ha sido informada que no se estarían observando las obligaciones internacionales respecto al registro, notificación de los familiares e investigación de las personas fallecidas en instituciones de privación de libertad. Estas situaciones incluyen al personal de salud, y a personal de las fuerzas de seguridad que han contraído el virus en virtud de su labor.
Para leer el comunicado completo:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp
(26/05/2020)