Guatemala, 24 de marzo de 2017.- La Corte Interamericana supervisó hoy el cumplimiento de las sentencias de un grupo de 14 casos en contra de Guatemala en una audiencia privada en Ciudad de Guatemala. En las sentencias, dictadas entre 1999 y 2012, el Tribunal ordenó como medida de reparación que el Estado investigue, juzgue y, de ser el caso, sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos constatadas. La mayoría de los hechos que deben ser investigados se relacionan con el conflicto armado interno de Guatemala.
La Corte Interamericana agradeció la participación de más de cincuenta víctimas en la audiencia, y destacó su constancia en la búsqueda de justicia, así como la lucha por superar la impunidad que realizan junto con defensoras y defensores de derechos humanos para acabar con la impunidad en Guatemala. Los siete Jueces y Jueza que componen el Pleno del Tribunal se manifestaron ampliamente y reiteraron la obligación que tiene el Estado de acatar lo ordenado en sus sentencias, así como destacaron que el acceso a la justicia es un componente esencial para la democracia.
Los hechos que deben ser investigados se refieren a: la desaparición y muerte del señor Blake; la desaparición, tortura y ejecución del señor Bámaca Velásquez; las masacres de cientos de personas, violaciones sexuales y otras violaciones de derechos cometidas en perjuicio de miembros de las comunidades de Plan de Sánchez, Dos Erres y Río Negro; la detención, trato inhumano y tortura de once personas, al igual que la muerte de cinco de ellas, en el Caso Panel Blanca; la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen; las desapariciones forzadas de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco conocido como el “Diario Militar’’; la detención arbitraria y tortura de Maritza Urrutia; la ejecución extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle, periodista y político guatemalteco, y otras personas durante actividades de campaña electoral; la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija; la desaparición forzada de Florencio Chitay Nech, así como la detención, tortura y muerte de los niños y jóvenes del Caso “Niños de la Calle”, y la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack Chang .
El Estado manifestó su voluntad de dar cumplimiento a su obligación de investigar. La Corte valoró como positiva la colaboración de Guatemala para que fuera posible realizar esta audiencia de supervisión en su territorio. Ello constituye una expresión de dicha voluntad de cumplir y un cambio respecto de la posición de desacato que tenía en el 2014.
Sin embargo, durante la audiencia se insistió en la necesidad de adoptar reformas, cambios o fortalecimientos a nivel legal, institucional o de políticas públicas para superar los obstáculos estructurales que inciden negativamente en el avance de los procesos penales. Se resaltaron como obstáculos, entre otros, las limitaciones en el acceso a la información relevante en manos del Ministerio de Defensa y el uso del recurso de amparo de forma dilatoria. Aun cuando se reconoció avances en algunos procesos, tomando en cuenta la labor del Ministerio Público y operadores de justicia, se insistió en que la superación de los obstáculos que mantienen la impunidad no pueden ser afrontados de forma aislada por algunos funcionarios que participan en las labores de investigación, juzgamiento penal y ejecución de condenas por las más altas autoridades del Estado.
Fuente:
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_11_17.pdf
(29/03/2017)