El asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y de su hijo, y las lesiones causadas a su esposa y a su hija en el mismo hecho, son, además de una profunda tragedia para sus familiares y amigos, una ofensa mayúscula para la sociedad.

            A pesar de la violencia desbocada y de la patente de corso que la impunidad ha otorgado a los criminales, ningún ombudsman había sido asesinado o atacado gravemente en nuestro país en 27 años de vigencia de la institución. Parecía que las personas que representan a las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos estaban automáticamente protegidas por lo que representan: la dignidad humana en su más acabada expresión. Acabamos de ver, con espanto, que no es así. Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas.

            Desde luego, es elemental la exigencia de que se detenga a los asesinos y se haga justicia, pero la gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal. Asimismo, es indispensable y apremiante que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger eficazmente tanto los integrantes de las instituciones públicas como a los miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos.

Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
Villa Coyoacán, Ciudad de México, 21 de noviembre de 2017