Por Luis de la Barreda Solórzano
22 de junio de 2023

El sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Eliminada la independencia de los jueces, magistrados y ministros, los gobernantes —presidente de la República, gobernadores, jefa o jefe de gobierno, alcaldes y autoridades de toda índole— y los legisladores pueden servirse con la cuchara grande de la arbitrariedad, con actos y normas jurídicas inconstitucionales, abusivos, violatorios de los derechos humanos.

El lastimoso gobernador de Veracruz, ansioso de caerle bien al titular del Poder Ejecutivo, vino a la capital del país a incitar a los facinerosos que bloquean la entrada de la sede de la Suprema Corte de Justicia a portar ataúdes con la efigie de la presidenta de nuestro máximo tribunal y a vomitar violentas consignas contra los ministros no sometidos al poder presidencial.

Aunque la agresión hubiese quedado en eso, sería suficientemente grave, atentatoria contra la independencia judicial —se trata de una conducta con propósito intimidatorio— y exhibiría al mandatario veracruzano como un hombre capaz de bajezas propias de un barbaján, mismas que hacen recordar las palabras de don Quijote para referirse a cierta clase de personas: gente baja y canalla.

Pero el gobernador ha ido más lejos, ha franqueado una línea que en un régimen democrático es infranqueable: ha encarcelado, con la abyecta complicidad del fiscal de su estado y un juzgador de consigna, y con acusaciones tan vagas como “delitos contra la fe pública” y “tráfico de influencias”, a Angélica Sánchez Hernández, juez de Cosamaloapan.

Ya había fracasado en su afán de mantenerla presa. El día 5 de este mes fue detenida en Veracruz sin orden de aprehensión. Para simular que la detención fue en flagrante delito, los policías que la detuvieron no sólo colocaron en su vehículo drogas y un arma, sino que la obligaron a disparar. Fue liberada porque no había prueba alguna en su contra.

El gobernador no quedó conforme. El 16 de este mismo mes se detuvo por segunda ocasión a la juez Sánchez Hernández, esta vez en la Ciudad de México, a pesar de que, según ha explicado su defensor público, contaba con una suspensión para impedir que se le detuviera por delitos para los que no se prevé prisión preventiva oficiosa, y se le trasladó al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

La saña del gobernador se debe a que la juez liberó a un acusado, Itiel Palacios, dentro del proceso que se le sigue por el homicidio del diputado priista Juan Carlos Molina, después de que un juzgado de amparo ordenó que se revisara la orden de aprehensión por deficiencias en la carpeta de investigación. El acusado radica en Guanajuato y se encontraba en León al momento del asesinato, ocurrido en Veracruz.

El Presidente de la República manifestó su respaldo al gobernador y anunció: “Nosotros vamos a hacer lo mismo”. A eso hemos llegado: la máxima autoridad del país apoyando el atropello contra una juzgadora y anunciando que va a emular al autor del mismo.

El juez de control impuso a la juez detenida como medida cautelar prisión preventiva “justificada” —denominación cruelmente irónica— por un año, con el señalamiento de que estaba prófuga, lo que es burdamente falso. La juez Sánchez Hernández se dirigía, justamente cuando se le detuvo, a la Suprema Corte a solicitar audiencia con la presidenta Norma Piña.

Como certeramente ha escrito Sergio Sarmiento: “La 4T ha perdido el pudor” (Reforma, 19 de junio). La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de la juez encarcelada a fin de evitar daños irreparables a sus derechos, su vida y su integridad. Amnistía Internacional exige que se respeten sus derechos.

 La juez Angélica Sánchez Hernández debe ser liberada ya. Estamos ante una arbitrariedad propia de las peores dictaduras.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/sojuzgar-al-poder-judicial/1593688
(26/6/22)