Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por su interés en los derechos humanos de los migrantes y, en especial, por la aportación que con dedicación y compromiso hace cada uno en beneficio de esta causa.

Mi reconocimiento al Rector de nuestra máxima casa de estudios, Dr. José Narro Robles, por su iniciativa de crear el Programa Universitario de Derechos Humanos.

Muchas gracias al Dr. Luis de la Barreda por encabezar tan atinadamente este Programa.

Recientemente estuvieron en cartelera dos películas relacionadas con la migración: la cinta César Chávez: an american hero, dirigida por Diego Luna, y La jaula de oro, de Diego Quemada-Diez.

Inicio con este apunte porque en las historias que relatan ambas películas hay una distancia de medio siglo. En esos 50 años no hemos sido capaces de entender la migración indocumentada ni de resolver con tino una odisea que sigue enfrentando incomprensión, sufrimiento y luto.

Las políticas migratorias continúan siendo básicamente las mismas: contención, persecución y expulsión. Ello significa una tragedia permanente que tiene diversas expresiones, entre otras, muerte de alrededor de 400 mexicanos cada año en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, así como un padecimiento extremo de decenas de miles de centroamericanos en nuestro territorio.

Los años del presente siglo han sido testigos de un recurrente fracaso de los intentos por alcanzar una reforma migratoria en Estados Unidos. En México los avances legislativos logrados todavía no se traducen en un cambio significativo en favor del respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes.

En las últimas décadas hemos visto el recrudecimiento de abusos y delitos en México en contra de los migrantes, hoy víctimas de extorsión, secuestro, mutilación y homicidio.

Las bandas del crimen se disputan el tráfico, la extorsión y la trata de personas en perjuicio de los migrantes. Es sabido y reconocido que diversos tramos de las rutas migratorias son administrados por la delincuencia organizada. Territorio olvidado, territorio del crimen.

Un indignante ejemplo de este drama es el secuestro de migrantes, que desde hace ocho años es un riesgo real para los migrantes mexicanos y centroamericanos.

De esta vertiente de la tragedia migratoria y de otras igualmente dolorosas e inaceptables trata el estudio Migración y Derechos Humanos.

El texto aspira a ser informativo, didáctico, crítico y propositivo, lo que necesariamente incluye la denuncia y, sobre todo, una serie de propuestas para el aparato gubernamental y legislativo, responsables ambos en sus respectivos campos de competencia de la gestión de la migración desde, hacia y a través de México, así como de la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Si algo caracteriza a la política migratoria internacional es su unilateralismo. En el plano global, lejos de plantearse la creación de una institución similar a la OMC en materia migratoria, la movilidad humana internacional se ha vuelto terreno de discusiones internas carentes de una visión regional.

Esta falta de un enfoque multilateral entre los Estados en torno a la migración ha provocado que la protección de los derechos humanos de los migrantes sea prácticamente inexistente, a pesar de la vigencia de diversos instrumentos internacionales.

En 2014 se cumplen 20 años de que Estados Unidos tomó la ruta de extremar la vigilancia en la frontera, lo que se acentuó a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001.

Justo en este renglón, en donde se requiere capacidad de autocrítica y de cambio, es en el que la política migratoria estadounidense ha mostrado una férrea testarudez.

Tanto los hechos como los análisis especializados, muchos de ellos elaborados por instituciones y académicos de ese país, revelan que la contención ha sido ineficaz y ha producido efectos negativos en toda la cadena de la migración.

En su obstinación por blindar la frontera, Estados Unidos rompió la circularidad de la migración, ahondó el sufrimiento de los migrantes, hizo más necesarios a los traficantes y encareció sus tarifas, propiciando así el interés de la delincuencia organizada por la migración.

Hoy los migrantes están expuestos a mayores y más diversos riesgos que hace dos décadas y enfrentan no sólo rutas más inhóspitas e incluso mortales, sino a una delincuencia ávida de recursos a costa de los más vulnerables entre los vulnerables.

Estos efectos han sido visibles desde hace años. Sin embargo, no ha habido un cambio en las políticas migratorias estadounidenses. La discusión en la Unión Americana en torno a una reforma migratoria ha envejecido sin que se obtengan los dos beneficios más relevantes: un camino a la regularización de los migrantes indocumentados que residen allá desde hace años y la apertura de vías legales temporales para los trabajadores migrantes.

En lugar de eso, hemos atestiguado deportaciones de magnitudes sin precedente y la dolorosa separación de cientos de miles de familias.

Todo lo mencionado respecto de la tragedia que envuelve a la migración tiene las características y dimensiones de una crisis humanitaria, expresión que apenas hace unos días ha sido reconocida por las autoridades de Estados Unidos, pero sólo respecto de los menores de edad centroamericanos que permanecen en condiciones inadecuadas en centros de detención.

El reconocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de una crisis humanitaria es una buena señal, pero ésta se diluye ante dos clara objeciones: es tardía y es parcial.

Aunque tarde es mejor que nunca, lo que parece más grave es constatar que para Estados Unidos el resto de la tragedia migratoria no implica una crisis humanitaria.

¿Cuánto tiempo más debe pasar o qué debe ocurrir para que la Unión Americana reconozca la dimensión y la gravedad de lo que está pasando con los migrantes, cuya fuerza de trabajo rechaza y necesita, condena y aprovecha, persigue y utiliza?

Esta conducta contradictoria revela simulación. El sufrimiento migrante tiene en ella uno de sus más importantes orígenes.

El Estado mexicano, por su parte, tiene también una gran responsabilidad en este drama, pues a fuerza de ceder el mando a la inercia y a la retórica durante muchos años, hoy enfrenta un complejo desafío.

No sólo se trata de una asignatura pendiente, sino de una deuda política, ética y humanitaria, una responsabilidad de Estado que debe atenderse con la mayor prontitud y decisión.

Éste es el tema central de Migración y Derechos Humanos.

En el primer capítulo se exponen hechos y circunstancias que demuestran que los flujos migratorios, a diferencia de los comerciales y de inversión, carecen de un tratamiento global.

El segundo capítulo hace un recorrido histórico por las diferentes fases que ha atravesado la migración entre México y Estados Unidos, lo que incluye tanto las modificaciones legales realizadas en la Unión Americana, como los cambios experimentados en los flujos migratorios y las adversidades que han padecido.

En el tercer capítulo se analizan los antecedentes de las leyes migratorias vigentes a lo largo del siglo pasado en México para luego revisar la Ley de Migración aprobada en 2011. Se da cuenta de las principales disposiciones de esta ley, la cual representa un cambio de paradigma en el tratamiento legal que el Estado mexicano le había dado a la migración.

El cuarto capítulo describe la situación migratoria que se vive en el país, y subraya la participación que las organizaciones de la sociedad civil han tenido en la formulación y puesta en marcha de las políticas migratorias.

Se señalan casos concretos en los que, aun a riesgo de su vida, los defensores civiles han decidido denunciar y han contribuido de manera decisiva a lograr cambios en la actuación gubernamental e institucional orientados hacia una mayor vigencia de los derechos humanos de los migrantes.

Con base en estos cuatro capítulos, se presenta una serie de propuestas para modificar en el corto y largo plazo el escenario de la migración en la región centro-norte del Continente:

El gobierno mexicano debe insistir ante el de Estados Unidos para incluir a la migración en la agenda bilateral, no desde la óptica de la seguridad nacional, sino como parte indivisible de la integración económica y social. No compete a México tomar las decisiones propias del gobierno estadounidense, pero sí hacerle notar por todos los medios políticos y diplomáticos que la contención de la migración, además de estéril, resulta dañina para ambas naciones. Si la migración se encauza y ordena mediante la apertura de opciones legales, en lugar de tratar de contenerla con muros y cercas electrificadas, ambos países podrán seguir beneficiándose de ella sin el altísimo costo humano que hoy pagan los migrantes.

Implementar políticas públicas eficaces en materia migratoria es una tarea pendiente del Estado mexicano, el cual no puede permanecer indiferente ante una situación que ha devenido en una crisis humanitaria que afecta a decenas de miles de migrantes, tanto mexicanos como de otras nacionalidades.

La Ley de Migración representa un esfuerzo del Estado mexicano para construir un nuevo entramado legal e institucional a fin de incorporar al sistema jurídico nacional los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. Sin embargo, falta mucho por hacer para convertir en derecho positivo estos compromisos.

La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 brinda una nueva oportunidad para reconsiderar la política migratoria al incorporar al artículo 1º constitucional todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Esta adición otorga una protección mayor a los grupos más vulnerables como las mujeres y los niños, principales víctimas de las redes de tráfico y de trata de personas, pues las disposiciones de instrumentos internacionales son ahora obligatorias para todas las autoridades públicas, esto es, funcionarios migratorios, policías federales, estatales y municipales, ministerios públicos y jueces, entre otros.

Debido a la urgente necesidad de acciones eficientes de previsión, investigación y sanción pronta y expedita a quienes cometen delitos contra migrantes indocumentados, es cada vez más necesaria la creación de una fiscalía del migrante, para que concentre la investigación de los delitos cometidos contra este grupo vulnerable, con personal especializado en la materia.

Se requiere hacer de la criminalidad en contra de los migrantes un punto relevante en la agenda del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de frenar a los grupos de la delincuencia organizada que han hecho un botín de los migrantes.

La Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas debe establecer como prioridad un programa integral de víctimas dirigido a los migrantes, impulsado por las autoridades e incluyente de las organizaciones de la sociedad civil. Es fundamental garantizar el acceso de los migrantes a la justicia y a su atención como víctimas del delito.

Es indispensable crear un esquema al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que las autoridades locales establezcan los mecanismos que garanticen a los migrantes en las entidades federativas el acceso a los servicios de salud, justicia y trámites de registro civil previstos en la ley.

Es preciso establecer vías de vinculación con los consulados de los países de origen de los migrantes que transitan por territorio nacional, a fin de que, en caso de ser asegurados, cuenten con la representación y asesoría que requieren para salvaguardar sus derechos.

Se necesita fortalecer los lazos con las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante ampliar el acceso de sus integrantes a las estaciones migratorias. Al impedirles el paso, únicamente se aumenta la vulnerabilidad de los migrantes. La perspectiva de los defensores civiles hace posible la transparencia y muestra en los hechos que la autoridad no tiene nada que ocultar.

La solución de fondo, desde luego, es impulsar una política regional de cooperación para el desarrollo a fin de reducir la necesidad de emigrar proporcionando oportunidades reales de desarrollo personal y familiar en las zonas de mayor salida de migrantes. En todo caso, emigrar debe ser sólo una opción más, pero no un fatal destino, como lo es hoy para cientos de miles de personas.

En síntesis, el estudio Migración y derechos humanos es un esfuerzo para contribuir a desterrar la indiferencia. En el pasado resultaba mejor no ver, no saber, no entender, pero sobre todo no hacer. Esta actitud sólo ha dejado muertes, humillaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes, lo que resulta inaceptable y no puede continuar. En cualquier democracia contemporánea, deben garantizarse los derechos humanos de todas las personas.

Señoras y señores: Antes de concluir, permítanme compartir con ustedes una reflexión general de este trabajo.

La contención, como respuesta preponderante a la migración internacional, es una vía equivocada. No es una hipótesis acerca de lo que puede suceder, sino una afirmación basada en lo que ha sucedido y sigue ocurriendo.

La obsesión por contener nos impide comprender, cambiar, proceder con claridad. Estados Unidos contiene y simula; México rechaza la simulación del país del norte y apenas si modifica su conducta de rechazo hacia los vecinos del sur. Nos atrapa una doble realidad: víctimas en Estados Unidos y victimarios en nuestro propio territorio.

El reconocimiento de Estados Unidos de que la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos es una crisis humanitaria representa una oportunidad y un riesgo.

Es una oportunidad porque podemos capitalizar la llamada de atención sobre lo que les sucede a los menores de edad para impulsar medidas y acciones verdaderamente transformadoras, capaces de terminar con el sufrimiento de las niñas y los niños migrantes.

Pero el reconocimiento representa también un riesgo porque podemos llegar a creer que sólo los migrantes menores de edad padecen una crisis humanitaria.

Pero crisis humanitaria es también, por sí misma, la muerte diaria de mexicanos en la frontera con Estados Unidos.

Crisis humanitaria es el secuestro de migrantes, enquistado en las rutas migratorias de México.

Crisis humanitaria son las deportaciones masivas en EUA, la ruptura de la vida que provocan y la trágica separación de padres e hijos.

Crisis humanitaria es la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes y los abusos y delitos de los que son víctimas todos los días.

Crisis humanitaria es la indefensión de miles de mujeres, acosadas siempre por la sombra de la agresión y los abusos sexuales.

Crisis humanitaria son las mutilaciones, los homicidios y el desamparo general de los migrantes.

Con todo ello hay que terminar. Esgrimir la complejidad de lo que ocurre como imposibilidad para actuar es esperar a que la inercia solucione lo que debemos solucionar nosotros.

El actual gobierno de la República tiene la oportunidad de demostrar que en los nuevos tiempos hay cabida para los derechos humanos de los migrantes, que hay un compromiso por salvaguardar su integridad física y psicológica y que México es capaz de ver en el otro a un nuestro, y que en esta tierra el Estado es capaz de proteger a todos aquellos que se encuentran en su territorio, con independencia de su condición migratoria.

La falta de documentos no debe estar por encima de la justicia, el sentido humanitario y los derechos humanos de los migrantes.

Muchas gracias. Ω