Más allá de las promesas del presidente electo, tenemos, no por sus palabras sino por sus hechos, signos claros de lo que será un aspecto crucial de la cuarta transformación que ha anunciado

            Entre una dictadura y una democracia perfecta (si es que algo así ha existido alguna vez en alguna parte) hay muchos escalones. Por ejemplo, nuestro país nunca ha padecido una dictadura desde que está vigente la actual Constitución ––poco más de un siglo––, pero ha estado lejos de alcanzar una democracia ejemplar.

            Sin embargo, en los últimos lustros se han producido avances democráticos de la mayor relevancia. Solamente mencionaré dos, los que importan para lo que expondré en esta nota: a) contamos ahora con una autoridad electoral confiable, que organiza y cuenta los votos con imparcialidad y profesionalismo, y las elecciones son supervisadas por todos los partidos políticos y por millones de ciudadanos elegidos por el azar, lo que las dota de transparencia y pulcritud, y b) hoy los medios de comunicación ejercen la libertad de expresión al punto de que el Presidente de la República y el Ejército, antes tan intocables como la Virgen de Guadalupe, frecuentemente son objeto de críticas acerbas y burlas mordaces.

            Andrés Manuel López Obrador alegó fraude en su contra las dos veces que perdió la elección presidencial sin que se haya demostrado en ningún caso que él hubiera sido el auténtico ganador de la contienda. Se trató, en ambas ocasiones, del berrinche de un mal perdedor. A la tercera ocasión obtuvo el voto mayoritario y nadie ––ni la autoridad electoral ni los candidatos perdedores–– intentó escamotearle la victoria. Antes de la elección muchos de sus seguidores alertaron que se preparaba un gran fraude electoral soslayando que las garantías de que están rodeados los sufragios en nuestro país lo hacían imposible.

            El sistema electoral que ahora tenemos los mexicanos es muy costoso. Los contribuyentes tenemos que pagar un alto precio económico por tal sistema. Pero sus reglas, mecanismos, procedimientos y candados garantizan elecciones libres de toda sospecha razonable. Sin elecciones limpias sencillamente falta un elemento fundamental de la democracia.

            Ese gran logro ha sido tirado al cesto de la basura por el presidente electo. La consulta respecto del nuevo aeropuerto fue una simulación descomunal: las urnas se colocaron únicamente en menos de la cuarta parte de los municipios del país y carecían de mamparas para que el voto fuese secreto; el número de votos fue del uno por ciento de los ciudadanos empadronados; algunos votaron, comprobadamente, hasta cinco veces, quizá muchas más; la tinta con que se marcó a los votantes se borraba fácilmente; el ejercicio fue controlado totalmente por el partido de López Obrador, sin que ningún otro partido participara en el proceso. Un aeropuerto de clase mundial, la más grande obra de infraestructura de América Latina, generadora de modernidad, progreso y cientos de miles de empleos, cancelada en virtud de una pantomima. Una burla a la ciudadanía, un insulto a la inteligencia.

            El presidente electo, que tanto clamó contra inexistentes fraudes, montó la más burda de las falsificaciones. Cuando los reporteros le preguntaron sobre las irregularidades del proceso, respondió en tono de burla que quienes las señalan son los mañosos y los corruptos. Esto es, advertir trampas y engaños es para López Obrador manifestación de maña y corrupción. En su maniqueísmo sólo el aplauso o el silencio sumiso le parecen respetables.

            En lugar de reconocer las evidentes trapacerías de que estuvo plagada la consulta ––la única actitud éticamente plausible––, el próximo presidente volvió a arremeter contra los críticos. Sus descalificaciones incluyen a periodistas que durante la campaña electoral fueron sumamente condescendientes con él. Quienes no le vitorean incondicionalmente no forman parte del pueblo sabio.

            El autoritarismo que se engendra en un sistema democrático suele iniciarse presentando las decisiones arbitrarias del gobernante como decisiones populares y satanizando toda postura crítica, no respondiéndola con argumentos sino atribuyéndola a los intereses ilegítimos que se oponen a los intereses populares.

Si ser fifí es sentir estupor e indignación por la cancelación de la mayor obra de infraestructura de América Latina, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, de clase mundial, que llevaba un avance de más del 30%, en la que se habían invertido muchos miles de millones de pesos, que daba trabajo a decenas de miles de personas y generaría cientos de miles de empleos más, y cuya idoneidad había sido confirmada por los expertos más calificados del mundo…

            Si ser fifí es no hacerse el loco ante una supuesta consulta popular organizada y controlada por un solo partido, en la que cada quien podía votar cuantas veces quisiera, a pesar de lo cual el número de votos a favor de la cancelación fue tan sólo del 0.7 del padrón electoral, porcentaje ínfimo que ha pretendido presentarse como la decisión incontrovertible del pueblo sabio…

            Si ser fifí es protestar por la derogación de la Reforma Educativa, que significa eliminar la posibilidad de cumplir con el derecho de niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, y aseverar que es éticamente inaceptable que se vuelva a entregar la gestión de la educación básica a las mafias sindicales…

            Si ser fifí es oponerse a una amnistía que supondría una abdicación deshonrosa del Estado al dejar en libertad a quienes han actuado con crueldad inaudita secuestrando, torturando y degollando a sus víctimas, entre las que hay incluso mujeres embarazadas y bebés…

            Si ser fifí es estar en desacuerdo con que, a contracorriente de lo que sucede en los países más productivos del mundo, se aumente la jornada laboral de los burócratas reduciendo drásticamente sus oportunidades de ocio y convivencia con familiares, pareja y amigos, y además se les disminuya el salario…

            Si ser fifí es inconformarse con la dispersión de las secretarías de Estado, la que ocasionará serios trastornos en la vida de los afectados, quienes tendrían que conseguir en su nuevo lugar de residencia vivienda y escuela para sus hijos, y en muchos casos se verían obligados a separarse físicamente de sus seres queridos…

            Si ser fifí es considerar absurdo que se recorte el 70% de la estructura del personal de confianza porque es precisamente este personal el que soporta la actividad de la administración pública, pues la mayoría de los trabajadores sindicalizados están en los niveles medios y bajos…

            Si ser fifí es no aceptar que personajes de la índole de Elba Ester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado se hayan vuelto ciudadanos ejemplares en el preciso momento en que fueron bautizados en el Jordán de la indulgencia del próximo presidente…

            Si ser fifí es sentirse agraviado por la invitación a la ceremonia de toma de posesión de la presidencia a Nicolás Maduro, responsable de la violación sistemática de los derechos humanos, el encarcelamiento y el asesinato de opositores, la masacre de cientos de manifestantes, la carestía y la carencia de productos básicos y la abolición de la democracia en su país…

            Si ser fifí es no admitir que hay que quedarse callado aceptando como legítima cualquier decisión del futuro gobernante porque está investido de la legitimidad que le otorgan 30 millones de votos, como si estos sufragios fueran un cheque en blanco incluso para saltarse la ley y los procedimientos democráticos (¿no fue elegido también por mayoría absoluta Adolfo Hitler?)…

            Si ser fifí es no aplaudir las decisiones caprichosas, insensatas y arbitrarias del presidente electo, no sumarse al numeroso coro que vitorea todo lo que haga o deje de hacer, sea lo que fuere, sino ejercer el derecho elemental e irrenunciable de la crítica, defender lo razonable, rechazar el autoritarismo, el fanatismo y el sectarismo, ser leal a la cordura, a los valores democráticos y a los principios éticos…

            Si en eso consiste ser fifí ––el Diccionario de la Real Academia Española da una definición muy distinta: persona presumida y que se ocupa de seguir las modas––, entonces ser calificado como tal por quienes han decidido la incondicionalidad absoluta ante el gobierno que viene es un elogio, no un baldón. En el capítulo quinto de la primera parte de la mayor obra de la literatura en nuestra lengua, don Quijote advierte: “Yo sé quién soy”.

Cuando la inepcia, la ignorancia y el sectarismo se conjugan, el coctel resultante es un producto maloliente y venenoso, especialmente inadmisible si afecta a una de las conquistas más relevantes de nuestro proceso civilizatorio.

            El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado anunció que presentará una iniciativa en virtud de la cual desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que sería sustituida por una Defensoría del Pueblo. Recordemos, para empezar, que el PT es una agrupación que ostenta su admiración incondicional por la dictadura de Corea del Norte, en la que el régimen trata a los gobernados no como ciudadanos, sino como súbditos y en la que se desconocen todas las libertades propias de una democracia.

            Los motivos que los impulsores de la iniciativa han expuesto moverían a risa de no ser porque, de convertirse en derecho vigente, sus repercusiones afectarían gravemente al Estado de derecho y a la lucha —tan inacabable como el océano de Ulises y la tela de Penélope— contra los abusos de poder. Más que disparatado, el propósito es avieso. Sin embargo, ¡ay!, ninguno de los reporteros presentes en el anuncio lo cuestionó y, hasta donde sé, los editorialistas no han dicho nada al respecto y los ombudsman del país, asimismo, han guardado silencio.

            La bancada petista arguye una razón odontológica: la CNDH, afirma, carece de los dientes que requiere una institución de tal envergadura y, por tanto, es un organismo “prácticamente inútil”. La Defensoría del Pueblo que propugnan los senadores partidarios de la dictadura norcoreana, en cambio, tendría la dentadura apropiada, pues se le daría carácter vinculante a sus recomendaciones, es decir, los destinatarios se verían obligados a aceptarlas y su cumplimiento podría serles impuesto con el auxilio de la fuerza pública.

            Eso es desconocer la índole del ombudsman. En los países donde existe, sus sugerencias y recomendaciones no tienen esa naturaleza vinculatoria, con la cual se convertiría en juez —las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio—. La eficacia del ombudsman depende de la calidad moral y profesional del titular y el personal de la institución; la idoneidad de las pruebas y la fuerza argumentativa en que se sustenten sus resoluciones; la cultura de derechos humanos que prevalezca en la sociedad y el apoyo que su actuación tenga de los medios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo.

            Si las propuestas y las recomendaciones del ombudsman tienen las virtudes señaladas y el costo político para el funcionario que las desatienda es alto, la eficacia del defensor público de los derechos humanos irá in crescendo. En la primera etapa —los primeros ocho años— de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la gran mayoría de sus sugerencias y recomendaciones fueron totalmente cumplidas.

            Propone la bancada petista que la designación del defensor del pueblo se ajuste a “un procedimiento de consulta pública”. ¡Líbrenos, Temis, diosa de la justicia! Si esa consulta fuere como la que acabamos de presenciar respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, serán exclusivamente los adeptos al Presidente de la República los que tendrán en sus manos decisión tan importante. Propone, asimismo, que sea el Poder Legislativo el que haga la designación. La propuesta es inaudita, pues uno supondría que los legisladores saben que ya es el Legislativo (el Senado de la República) el que designa al titular de la CNDH.

            Acudí entusiasmado a Venezuela hace unos lustros a exponer la experiencia de los organismos públicos defensores de derechos humanos en nuestro país, particularmente el de la Ciudad de México, que tuve el honor de fundar y presidir. Los venezolanos tenían una gran ilusión por la próxima instauración del ombudsman. Pero el chavismo engendró una burda caricatura a la que le falta todo para ser considerada un auténtico ombudsman, básicamente la indispensable autonomía. El defensor del pueblo venezolano ha actuado acatando servilmente los designios de los dictadorzuelos. ¿Un engendro similar tienen en mente y el corazón los legisladores del PT?

Al anunciar su propósito de promover una amnistía “para pacificar al país”, Andrés Manuel López Obrador aseguró, una y otra vez, que sólo lo haría si se contaba con la anuencia de las víctimas o sus deudos. En los foros que organizó su equipo para tratar el tema, los agraviados se manifestaron contundentemente, con indignación por los crímenes y la impunidad anunciada, contra esa medida.

            Los colaboradores del presidente electo daban versiones divergentes respecto de quiénes serían los beneficiarios. Sólo los campesinos que cultivaron mariguana y amapola. Sólo los jóvenes que se excedieron en la cantidad permitida para consumo. Sólo quienes no hubieran cometido delitos graves. López Obrador no aclaraba lo que tenía en mente.

            En los foros, el clamor contra la impunidad de crímenes repugnantes fue generalizado. No se puede amnistiar a quienes han llevado al país a unos índices de criminalidad inimaginables hace apenas dos lustros. Si la impunidad es un baldón para el Estado de derecho cuando se debe a la ineficacia de los organismos encargados de perseguir los delitos, es absolutamente inadmisible cuando es decidida por el gobierno.

            En esta columna apunté que la amnistía a criminales que han actuado con saña inaudita secuestrando, torturando, degollando o quemando vivas a sus víctimas sería una deshonrosa abdicación del Estado, pero no sólo eso, sino que tal mecanismo resultaría inidóneo para la deseable pacificación del país.

            Los grupos de la delincuencia organizada son múltiples. ¿Con cuál se negociaría el fin de la violencia a cambio del “olvido” —eso significa amnistía— de sus crímenes? ¿Los criminales cambiarían sus actividades delictivas por un empleo en el que obtuvieran un salario mediano? ¿Se volverían buenos ciudadanos, respetuosos de la vida, la integridad, la libertad y los bienes ajenos?

            En el plan nacional de paz y seguridad el presidente electo plantea un proceso de desarme y desmovilización de grupos criminales con el ofrecimiento de reducción de penas e incluso una amnistía. No le importó, entonces, la opinión de víctimas y deudos. Tampoco consideró que sobre un asunto de tal gravedad tenía que consultarse al pueblo sabio. Él ya lo tenía decidido.

            El plan condiciona los beneficios a los delincuentes a que éstos colaboren con la justicia, manifiesten arrepentimiento y reparen el daño. Debieran saber los autores del documento que la reducción de las penas —muy generosa, hasta las dos terceras partes de la pena aplicable o impuesta— ya está prevista en el artículo 35 de la Ley federal contra la delincuencia organizada para quien colabore eficazmente con el Ministerio Público en la investigación de los delitos de esa índole.

            Por otra parte, el fiscal general de la República no tendrá autonomía respecto del presidente. Éste decidirá qué delitos se persiguen y cuáles no. Una de las demandas con mayor respaldo de académicos y activistas de las organizaciones de la sociedad civil ha sido ignorada por la mayoría en el Senado. El fiscal carnal que les parecía inadmisible bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto les parece plausible cuando el presidente sea López Obrador.

            La votación mayoritaria que obtuvieron el próximo presidente y los actuales legisladores no legitima todas sus disposiciones. Las que afectan desfavorablemente a la justicia erosionan el Estado de derecho y ofenden a las víctimas sobrevivientes de delitos graves y a sus deudos. La mayoría tiene el poder, no la razón.

            Hay quienes, por la mísera recompensa de un cargo en el gobierno que viene o por el temor de ser vistos como enemigos —conservadores, fifís— por el líder supremo, aplauden y seguirán aplaudiendo todo lo que éste decida. Algunos, en cambio, seguiremos diciendo y escribiendo lo que nos parezca correcto atendiendo a nuestra conciencia y nuestros valores, aun cuando sepamos que lo que digamos o escribamos no servirá, al menos en lo inmediato, para ahuyentar los nubarrones que cubren la vida pública del país.

            Es una opción ética: actuar conforme a los principios, como si uno pudiese cambiar la realidad, a sabiendas de que ésta no depende de los deseos sino de una serie de condiciones que no siempre son propicias a lo deseable.

Es una vergüenza que Nicolás Maduro haya sido invitado a México a la ceremonia de investidura presidencial. La invitación opera a contracorriente de la postura de los países democráticos de Europa y América.

            La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, a cuyo gobierno aplicó un embargo de armas, además de imponer sanciones a varios de sus funcionarios.

            La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a los Estados miembros y observadores a tomar las medidas que estimen convenientes para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en ese país.

            La OEA ha declarado que:

a) Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional.

            A pesar de la posterior revisión de algunos elementos de dichas decisiones, no está garantizada la separación e independencia de los poderes constitucionales, por lo cual urge al gobierno venezolano a restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.

b) La elección presidencial de 20 de mayo de este año —en virtud de la cual Maduro ha sido reelegido— carece de legitimidad porque no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos y se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

            La declaración de ilegitimidad de la reelección de Maduro tuvo 19 votos a favor, 11 abstenciones y solamente 4 votos en contra. Esas cifras muestran que el régimen ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que contaba hace no mucho. Apenas tres países —Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas— se sumaron al voto venezolano para oponerse a la resolución.

            Lo más importante es el llamado a los países miembros y observadores de la OEA a adoptar medidas para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, las cuales podrían aumentar la presión internacional para que el gobierno entienda que es necesario buscar una solución razonable, por ejemplo, la convocatoria a un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias, la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, la aceptación de ayuda humanitaria —que Maduro ha rechazado— y la adopción de medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis de salud pública.

            El régimen venezolano se ha colocado en una situación de aislamiento internacional y de plena incapacidad de resolver los graves problemas que afectan a sus gobernados, a los que su ineptitud y su autoritarismo han privado de medicinas, insumos médicos, alimentos y libertades democráticas. Dos millones y medio de venezolanos han salido de su país. Más de 300 opositores están en las cárceles.

            El concejal Fernando Albán, que estaba detenido en la sede de la oficina de inteligencia política, murió tras caer de una ventana desde el décimo piso. Nadie cree la versión oficial de que se trató de un suicidio.

            La brutal represión contra las manifestaciones de protesta ha ocasionado más de 100 muertos, miles de heridos, y miles de detenidos y torturados, muchos de los cuales fueron sometidos a la justicia militar.

            Con la invitación a Maduro, el Estado mexicano se sitúa en una posición contraria a las resoluciones de la OEA, de la que forma parte: no contribuye a aumentar el aislamiento del régimen venezolano y soslaya su ilegitimidad.

            No es válido alegar cortesía diplomática para justificar el convite a un dictadorzuelo que ha ocasionado tantas desgracias a sus gobernados, ha perpetrado tantos crímenes, ha eliminado la democracia y pisotea cotidianamente los derechos humanos.

            Nuestra mejor tradición diplomática es la de solidaridad con los perseguidos por regímenes tiránicos y distanciamiento de los dictadores de todo signo. La invitación a Nicolás Maduro es un acto contrario a esa noble tradición y un agravio a los venezolanos que han sufrido sus atropellos y a todos los que estamos convencidos de que la presencia oficial en nuestro país de un tirano de esa calaña es éticamente inaceptable. Ω