16 de diciembre de 2021
Por Luis de la Barreda Solórzano
Aunque en México la
inmensa mayoría de los delitos no son denunciados debido a la desconfianza en
el Ministerio Público —se denuncia menos de uno de cada diez delitos—, de los
que se denuncian apenas se esclarece uno de cada cien (sí, lectoras y lectores,
leyeron bien: uno de cada cien).
Los delitos no
suelen denunciarse porque el denunciante se enfrenta a un largo y difícil
procedimiento con muy pocas posibilidades de éxito. De los delitos denunciados
en 2020, 6.6% de los casos concluyeron con alguna forma anticipada de juicio y
sólo 4.6% llegaron ante un juez. En el resto no hubo resultados.
Eso significa que
la posibilidad de que un delincuente sea castigado es mínima, casi inexistente.
Noventa y nueve de cada cien delitos denunciados quedan impunes. Los
potenciales delincuentes lo saben, y ese conocimiento es un incentivo
importante, a veces determinante, para que lleven a cabo el delito.
Mientras en los
países con baja incidencia delictiva, buenas policías y eficaces sistemas de
persecución del delito se castigan nueve de cada diez homicidios dolosos, en
nuestro país únicamente uno de cada diez (sí, lectoras y lectores: uno de cada
diez) es objeto de una condena.
Esa es la media
nacional. La situación varía mucho de entidad en entidad. La impunidad del
homicidio doloso en Morelos es de 99.6%; en Oaxaca, de 99.4%; en Guerrero, de
98.8%; en Chiapas, de 98.4%, y en Tabasco, de 97.2 por ciento. Es decir, en los
dos primeros estados mencionados se sanciona menos de uno de cada cien
homicidios dolosos y en los otros menos de tres de cada cien: allí, matar casi
siempre tiene permiso. En el otro extremo se encuentran Yucatán, con 24.2%;
Nuevo León, con 35.9%; Aguascalientes, con 42.2%, y Querétaro, con 48.8 por
ciento. Sólo en estas cuatro entidades se castiga la mayoría de los homicidios
dolosos; en Yucatán, casi ocho de cada diez.
Esos datos, que
muestran el desastre de la procuración de justicia en casi toda la República,
son aportados en un espléndido estudio de Impunidad Cero, realizado por el
equipo de investigaciones dirigido por Irene Tello. El estudio pone de
manifiesto que las fiscalías del país están rebasadas, con presupuesto
insuficiente, poco personal y agobiantes cargas de trabajo, todo lo cual se
traduce en una bajísima efectividad en la resolución de los casos, lo que
genera y perpetúa la impunidad.
No son esos los
únicos factores de ineficacia. También la propicia la falta de supervisión
efectiva de la tarea de los agentes del Ministerio Público, la cual podría
llevar el propio denunciante mediante un sistema que le permitiera observar en
línea cómo marcha la carpeta de investigación, con la opción real de reportar
las fallas o la dilación en el trámite a un superior jerárquico del agente a
cargo de la carpeta. Ese superior jerárquico, además, tendría que checar
continuamente, motu proprio, si el procedimiento avanza satisfactoriamente.
Si la impunidad
revelada por el estudio es una grave afrenta a las víctimas y erosiona el
Estado de derecho, hay algo aún peor: la fraudulenta fabricación de culpables
—uno de los peores crímenes que la infamia puede soportar— a la que son tan
proclives nuestros órganos de procuración de justicia, fabricación apta para
arruinar la vida de los inculpados, que lo son exclusivamente porque se les
eligió de chivos expiatorios.
La potestad estatal
de perseguir delitos es una de las más relevantes, delicadas y devastadoras,
por lo que su desempeño requiere de alta calidad profesional, equilibrio
emocional y honestidad, así como de personal y presupuesto suficientes,
digitalización del procedimiento y efectiva supervisión de las actividades de
los agentes del Ministerio Público.
Es preciso, por una
parte, abatir la escandalosa impunidad de los delitos y, por otra, desterrar la
vileza de inculpar sin pruebas o con pruebas adulteradas.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/el-ministerio-fallido/1488243
(26/12/21)
