Migración y los nuevos contextos jurídicos, sociales y culturales

Por Zenaida Bautista Hernández[1]

Introducción

La migración es un fenómeno global que trasciende fronteras físicas, afectando contextos jurídicos; sociales; culturales; económicos y políticos de los migrantes así como de las sociedades que los acogen. La tesis que sustenta éste análisis es que los contextos no solo condicionan la percepción migratoria, sino que también reflejan las tensiones entre la seguridad nacional sobre la protección de los derechos universales, perpetuando prejuicios y dificultando la integración y el pleno desarrollo de los migrantes. Para desarrollar esta idea se hablará de las políticas migratorias restrictivas relacionadas con la seguridad nacional, y el papel de los organismos internacionales en la protección de los derechos de los migrantes en los países receptores y emisores.

Políticas migratorias restrictivas y la seguridad nacional

El derecho internacional reconoce el derecho a migrar como parte de los derechos humanos fundamentales, pues se sientan las bases de éste derecho en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[2] así como en los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por México que se verán más adelante, y demás normatividad como la Ley de Migración.

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Hacia un enfoque integral para la protección de los derechos humanos en México

Por Erick Moan Mota Miranda[1]

Introducción

México enfrenta desafíos significativos en materia de migración, derechos humanos y diversidad cultural, afectando a grupos vulnerables como personas migrantes, niñas y niños desplazados, personas con discapacidad, entre otros. Estos retos no solo reflejan las complejidades sociales y económicas del país, sino también las limitaciones del marco jurídico y las políticas públicas actuales para abordarlos de manera efectiva.

La migración, en particular, ha transformado las dinámicas sociales y jurídicas en México. En los últimos años, el país ha pasado de ser principalmente un país de tránsito a convertirse en un destino para miles de personas migrantes. En 2023, se registró el mayor número de entradas regulares al país en la historia, con cerca de 44 millones de personas, lo que representa un aumento del 132% desde el año 2020 (Instituto Nacional de Migración, 2023). Además, entre enero y febrero de 2023, se registraron 7.4 millones de eventos de entrada a México, de los cuales 6.1 millones fueron de personas extranjeras, un incremento del 37.5% respecto al mismo periodo de 2022 (Secretaría de Gobernación, 2023).

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Migración y derechos humanos: México frente a las nuevas restricciones de EE.UU.

Cruz Castillo Diana Paola[1]

  1. Introducción

Todos buscamos una vida mejor, pero cuando un país no ofrece esa posibilidad, muchos migran en busca de mejores oportunidades. En México, numerosos nacionales intentan llegar a EE.UU., aunque el camino es cada vez más difícil y propenso a violaciones de derechos humanos. Con la toma de posesión de Donald Trump el 25 de enero de 2025, surgen nuevos desafíos para los migrantes mexicanos, lo que exige fortalecer los mecanismos de protección. Es crucial garantizar vías seguras y legales para quienes buscan migrar, así como brindar apoyo jurídico y humanitario a los repatriados, quienes enfrentan una vulnerabilidad extrema considerando su contexto social y cultural.

  1. Nuevas políticas migratorias

A pocos días de asumir la presidencia, Donald Trump ha endurecido su postura contra los migrantes, declarando la migración ilegal como emergencia nacional. Como medidas, anunció el envío de tropas a la frontera y el restablecimiento de la política “Permanecer en México” dentro de su estrategia de represión migratoria[2]. El nuevo mandato de Trump marca un punto de inflexión en la política migratoria de EE.UU., al cerrar la aplicación CBP One, que permitía solicitar asilo. Esta medida afectó a 30 mil citas programadas y dejó sin opción a 240 mil migrantes que intentaron acceder al sistema[3].

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Prohibición del uso de teléfonos celulares en escuelas de Querétaro

Por Ximena Pérez García[1] y
Rubén Francisco Pérez Sánchez[2]

  1. Lineamientos y su alcance jurídico

El 19 de febrero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro un acuerdo mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para Propiciar Entornos Digitales Seguros para la Prevención, Protección y Atención de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Instituciones de Educación Básica y Media Superior en el Estado de Querétaro.[3]

El acuerdo se fundamentó en diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro que regulan los derechos de las niñas, niños y adolescentes al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, educación y participación en la toma de decisiones.[4]

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El juicio que sacudió al mundo: el caso de Giséle Pelicot

Por Gabriela Frías Villegas[1]

En diciembre de 2024, se dictó la sentencia de un juicio que conmocionó al mundo. Un tribunal francés condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por drogar y violar a su exesposa, Giséle Pelicot, de 72 años, así como por reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante una década.

Caroline Darian, hija de la pareja, relata los antecedentes del caso en su libro Y dejé de llamarte papá, donde describe la aparente normalidad de una familia feliz: sus padres, ya mayores, compartían la vida con sus tres hijos adultos y sus nietos. Sin embargo, esa imagen se derrumbó cuando Dominique Pelicot fue sorprendido grabando bajo la falda de varias mujeres en un supermercado. Al revisar su teléfono y computadora, la policía descubrió cientos de videos en los que su esposa aparecía inconsciente, mientras desconocidos abusaban de ella.

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Crisis climática y justicia intergeneracional: el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano

Por Romina Silva Olvera[1]

Una crisis climática es una crisis de derechos humanos

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto vigente, se especifica: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Lo anterior compromete que el derecho a un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo de las demás garantías individuales de todos los seres humanos. El Estado mexicano está obligado, en todos los ámbitos de su competencia, a aplicar los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos para garantizar las acciones en torno a la adaptación y mitigación del cambio climático.

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La argumentación jurídica en la defensa de derechos humanos, el control constitucional y convencional

Por Yadira Marcela Durán Díaz[1]

Derivado de un largo proceso de desarrollo normativo, social y moral, los Derechos Humanos han sido reconocidos como el conjunto de atribuciones inherentes a todo individuo sustentados en la dignidad humana y en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de la legislación mexicana se han dado pasos significativos en la garantía de los Derechos Humanos, proceso marcado notablemente por la reforma efectuada en el año 2011, que los consolidó en diversos artículos de nuestra Constitución y amplió su aplicación en materia civil y penal.

Esta reforma, tiene como rasgo característico la obligatoriedad de que todos los actos de autoridad y disposiciones normativas se alinearan con el respeto y la protección de los Derechos Humanos; lo cual generó la inherente necesidad de armonía entre dicho objetivo con el ejercicio del derecho en todas sus vertientes. En este orden de ideas, el objeto del presente ensayo es mostrar a la argumentación jurídica como una herramienta fundamental para el Derecho, ya que, permite una correcta interpretación y aplicación del derecho asegurando la protección de los Derechos Humanos; destacando su papel esencial en el control constitucional y convencional.

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¿Premio o reconocimiento? a empresas, en materia de derechos humanos[1]

Por Enrique Guadarrama López[2]

A propósito de la conmemoración anual del Día Internacional de los Derechos Humanos, es común el otorgamiento de premios y reconocimientos a personas, asociaciones o colectivos, por su lucha o trayectoria, a favor de los derechos humanos. Es fundamental que la sociedad conozca a quienes empeñan su vida personal o profesional a esa causa.

Sobre ese punto, me surgió una inquietud y una duda ¿debe premiarse a una autoridad o servidor público por sus acciones en materia de derechos humanos? Igualmente, ¿una empresa lo merece cuando cumple con los estándares internacionales respectivos?

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Necropolítica y migración en la frontera vertical mexicana. Un ejercicio de conocimiento situado, de Amarela Varela Huerta (comp.)

Por Alberto Écija Schrijvers[1] y
Rosa del Pilar Rodriguez Garay[2]

El libro Necropolítica y migración en la frontera vertical mexicana. Un ejercicio de conocimiento situado, de Amarela Varela Huerta, ofrece un análisis crítico sobre las dinámicas de control, violencia y muerte que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México. A partir del concepto de necropolítica, propuesto por Achille Mbembe, Varela Huerta examina cómo el Estado y otros actores sociales regulan la vida y la muerte de los migrantes, convirtiendo la frontera mexicana en un espacio de precarización y riesgo extremo. A través de un enfoque de conocimiento situado, visibiliza las voces y resistencias de los migrantes, invitando a reflexionar sobre las implicaciones éticas y políticas de la migración contemporánea.

Amarela Varela Huerta, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reconocida investigadora y activista en temas de migración, fronteras y derechos humanos, recopila y articula cinco estudios empíricos realizados por diferentes autoras y autores, los cuales exploran diversas experiencias migratorias en el territorio mexicano. Estos estudios abordan temas como la violencia ejercida por el crimen organizado y las fuerzas estatales, las redes de apoyo comunitario, las estrategias de resistencia de los migrantes y el impacto de las políticas de seguridad en la movilidad humana. A partir de esta recopilación, la autora construye una reflexión crítica sobre las formas contemporáneas de necropolítica y las posibilidades de transformación social frente a la violencia estructural que enfrentan las personas en tránsito.

El primer capítulo, titulado Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos?, escrito por Ariadna Estévez, Doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Universidad de Sussex, ofrece un análisis teórico sobre dos conceptos clave en el estudio del poder contemporáneo. Estévez explora cómo, en la era de la gubernamentalidad neoliberal, la biopolítica se manifiesta como el poder sobre la vida a través de tecnologías de dominación orientadas a la gestión, regulación y control de las poblaciones como las estaciones migratorias, los retenes a lo largo del país o la existencia de drones entre otros dispositivos de control. En contraste, la necropolítica se refiere al poder de decidir sobre la muerte, ejerciendo tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos. El capítulo no solo explica detalladamente ambos conceptos, sino que también se plantea una pregunta fundamental: ¿son estos enfoques mutuamente excluyentes o, por el contrario, constitutivos entre sí? A partir de esta interrogante, Estévez argumenta que, lejos de ser opuestos, la biopolítica y la necropolítica operan de manera complementaria en el marco del neoliberalismo, donde la gestión de la vida y la administración de la muerte coexisten para sostener estructuras de poder globales.

El segundo capítulo del libro Hombres a la intemperie: Un análisis de la relación entre el calor y la cultura callejera en Mexicali realizado por Ernesto Hernández Sanchez nos acerca el término de la intemperie como un concepto unido a la necropolítica mediante el análisis de las personas deportadas y en condición de calle de esta ciudad fronteriza. De esta manera se reconoce en el trabajo al sujeto estudiado como un colectivo homogéneo y que es tratado de esta manera; la pasividad y la dejadez con la que son tratados tanto por parte de las instituciones públicas, como por parte de la sociedad civil, les lleva a una situación de vulnerabilidad y despojo que el autor llama intemperie.

Esta desatención por parte de las instituciones sumado a las temperaturas extremas que pueden llegar a los 50º C los están llevando irremediablemente a la muerte. Se crea una situación de despojo y dejadez que se conoce como “muerte en vida”; de manera similar Zygmunt Bauman (2005) argumenta que las políticas económicas crean residuos económicos abandonados una vez han sido explotados. Estas personas (inmigrantes, deportados, etc.) no solo son olvidados por el Estado sino que además son violentados por la propia sociedad civil que parcialmente los margina y los considera como parias (una carga para la sociedad y, por ende, un motivo de rechazo y miedo). Estas personas son víctimas de una política punitiva que como indica Wacquant (2010) son culpados por la cuestión de la inseguridad.

Un ejemplo claro de la criminalización que viven estas personas está reflejado en el proyecto “algo por el centro” donde uno de los integrantes del proyecto considera a estas personas como  “personas adictas y sin trabajo, no hacen nada productivo y muchos pueden ser delincuentes. No digo que todos lo sean, pero es probable que sea lo más fácil para ellos”. De esta manera, esta iniciativa lo que busca es expulsar del centro urbano a estas personas que son culpadas de contaminar el espacio social de los ciudadanos. En definitiva, la necropolítica de la intemperie es el método: despojar al grupo de todo valor y abandonarlo. Así “la intemperie se representa como un espacio donde la necropolítica actúa: despojados y confinados al exterior, al clima extremo de la ciudad y sin la protección de un techo físico y social, estos individuos mueren”.

El tercer capítulo del libro Violencia Contra los Migrantes y Acceso a la Justicia en el caso San Fernando realizado por Luisa Gabriela Morales-Vega se aborda no solo la masacre ocurrida en San Fernando, en Tamaulipas donde el 22 de agosto de 2010, 72 migrantes fueron asesinados por la delincuencia organizada; sino también otras que ocurrieron entre 2010 y 2011 como las desapariciones de Allende, en Coahuila, o las de Casas Grandes, en Chihuahua. Estos acontecimientos (o matanzas), sugiere el autor, no tienen un objetivo únicamente económico sino que “la violencia se convierte en un fin per se”. Estos años fueron testigos de un auge de la mercantilización de la migración como lo refleja esta masacre pues las personas antes de su muerte fueron “invitadas” a trabajar para la delincuencia organizada pero su negación les condenó irremediablemente a su muerte. En este proceso no se puede dejar de mencionar la acción u omisión de sus funciones públicas de las autoridades que permitieron que estas catástrofes se produjeran. Este clima de violencia refleja la irresponsabilidad, incapacidad e impunidad del gobierno mexicano. En este contexto, estos migrantes se encuentran en un “limbo” dice el autor ya que quedan atrapados entre la acción violenta de los grupos privados, es decir, de las organizaciones delictivas, y de las autoridades públicas.

En el cuarto capítulo titulado Mercancías desechables: Políticas de muerte y migración internacional en México, Javier Treviño Rangel realiza un cuestionamiento sobre el análisis que diferentes autores realizan sobre la violencia que viven los migrantes que basan sus argumentos en la securitización. Para el autor carecen de reflexión crítica. Sí, no niega la existencia de la securitización que sufren los migrantes pero no es la causa de todos sus males. La mercantilización y la desechabilidad forman parte central de su escrito. La corrupción es una realidad latente que sufren los migrantes. Precisamente, la existencia de funcionarios o incluso instituciones cooptadas por la delincuencia organizada, facilitan a organizaciones criminales los secuestros y en definitiva las violencia que ejercen hacia el migrante. Por esta razón, el autor considera que la violencia per se en México es un bien que genera poder y oportunidades y no se produce porque los migrantes sean “una amenaza a la seguridad nacional”.

Treviño nos explica el modo de operar de estas organizaciones delictivas hacia los migrantes. Nos indica que exigen cantidades que pueden ir desde los 5000 dólares para liberar al secuestrado y muchas veces el pago no garantiza su liberación. Muchos son asesinados o son víctimas del tráfico de personas. En definitiva, esto nos  muestra que “con suficiente dinero, los migrantes indocumentados tienen una considerable oportunidad de atravesar todo México y llegar a Estados Unidos sin ser deportados”. El dinero se presenta como la solución para evitar la violencia. Además frente a la invisibilidad que se denuncia de algunas organizaciones, se considera más bien que estas personas son altamente visibles para aquellas personas que desean ejercerles algún tipo de violencia o abuso ya sea económico, sexual, psicológico, etc.

El quinto capítulo Evadir lo necro: el desplazamiento forzado de mujeres trans centroamericanas hacia México, escrito por Miguel Lucero Rojas, explora las formas de resistencia que despliegan las mujeres trans salvadoreñas y hondureñas frente a la violencia sistemática que enfrentan durante su desplazamiento forzado hacia México. Lucero Rojas contextualiza el concepto de desplazamiento forzado en relación con el refugio, destacando cómo estas mujeres, a pesar de habitar contextos necropolíticos donde sus vidas son precarizadas y expuestas a la muerte, construyen prácticas de resistencia que desafían el sistema de muerte impuesto. A partir de las experiencias de estas mujeres trans, el capítulo visibiliza una perspectiva que no sólo denuncia las violencias estructurales que enfrentan, sino que también abre posibilidades colectivas para eludir la necropolítica y crear soportes de vida que sostienen su existencia y dignidad en el tránsito migratorio.

El análisis de Lucero Rojas también destaca la potencia política que emerge de las acciones, discursos y movimientos de las mujeres trans centroamericanas durante su desplazamiento forzado. Estas experiencias no solo representan formas de resistencia frente a la violencia sistemática, sino que también posibilitan un cambio en la lógica de muerte impuesta por el sistema necropolítico. La capacidad de estas mujeres para desafiar el orden establecido se manifiesta en su habilidad para generar grietas en la gubernamentalidad necropolítica, un sistema que se sostiene mediante el control emocional de los sujetos. Procesos emocionales como el miedo, la inseguridad, la esperanza, la desesperación y el amor se convierten en recursos fundamentales para la continuidad del tránsito migratorio, funcionando como elementos que permiten confrontar y subvertir el poder de muerte al que están expuestas.

En este contexto, las emociones adquieren un papel central al ser entendidas como afectaciones sociales que conectan experiencias individuales con memorias colectivas. Siguiendo a Sara Ahmed (2015), Lucero Rojas plantea que las emociones, al acumularse a lo largo del tiempo, representan un valor afectivo que trasciende lo personal y se sitúa en el marco de las luchas colectivas. Reconocer estas emociones permite entender cómo las mujeres trans construyen resistencias políticas ante un orden neoliberal que legitima la violencia, la impunidad y el despojo.

Finalmente, el capítulo se inscribe en una crítica a la colonialidad del poder, concepto de Aníbal Quijano, al evidenciar cómo la violencia estructural que enfrentan las mujeres trans migrantes se enmarca en una historia colonial de desigualdades, donde ciertas vidas son desechadas para garantizar la continuidad del capitalismo. Esta violencia histórica, perpetuada mediante desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones y explotación, sigue marcando la memoria colectiva en América Latina, haciendo de la resistencia trans una lucha clave para eludir el sistema de muerte y reclamar el derecho a la vida digna.

A modo de conclusión Este libro nos ofrece, por un lado, el panorama desolador de violencia extrema, impunidad, corrupción institucional, omisión de sus obligaciones de algunas autoridades públicas y una inseguridad latente que viven la población migrante en el territorio mexicano que se considera como una frontera vertical ya que una vez atravesada la frontera física ésta no se desprende de la vivencia y la experiencia que vive el migrante en su trayectoria hacia su destino final. Sin embargo, por otro lado, este trabajo también nos muestra la capacidad de resiliencia y de resistencia que tiene la población migrante y, junto con el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones sociales, se ha avanzado –aunque de manera muy lenta y limitada– en la defensa de los Derechos Humanos de estas personas y en el reconocimiento de que deben ser tratados con justicia, dignidad y respetando sus derechos y libertades.


[1] Graduado en Relaciones Internacionales, Desarrollo y Cooperación por la Università di Torino, aspirante a maestro en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Mis temas de investigación son las Violencia Política, la migración internacional, la Delincuencia Organizada y los Derechos Humanos.

[2] Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca (Colombia), Especialista en Metodologías de Investigación en ciencias sociales y Magister en formación en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).