Las declaraciones patrimoniales como parte del derecho fundamental a la buena administración

Oscar Zavala Gamboa*

Mayo es el mes en que todas las personas servidoras públicas tienen la obligación constitucional y legal de presentar sus declaraciones de modificación de situación patrimonial, de intereses y captura de datos fiscales, por eso se conoce como “El mes de la declaración”.

En ese sentido, por disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y de las leyes locales en las entidades federativas, durante ese mes, las personas servidoras públicas tienen esta obligación, en los términos establecidos por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

I Alcances

Es importante precisar el alcance de la noción de “persona servidora pública”, siendo el texto constitucional quien ha proporcionado en su artículo 108 un concepto amplio al considerar a “(…) en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”, sin distinguir el tipo de contratación, el monto salarial, el nivel de responsabilidad u otra circunstancia que permita discriminar entre quienes están obligados a cumplir o no.

Este ejercicio, junto con la obligación de declarar al inicio y la conclusión de un encargo, más que representar un acto de molestia, se constituye como una buena práctica de rendición de cuentas y como un elemento fundamental del derecho a la buena administración, al convertirse en un mecanismo para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza en las personas servidoras públicas.

II Efectos

La rendición de cuentas respecto del patrimonio, intereses y cumplimiento fiscal de las personas servidoras públicas, prima facie se materializa como un acto de buena fe y de confianza hacia el declarante, tan es así que el referido artículo 108 de la CPEUM, al establecer esta obligación, refiere con claridad que el elemento configurativo es la “protesta de decir verdad”, es decir, queda bajo responsabilidad de la persona servidora pública la información que sea proporcionada en los sistemas diseñados para tal efecto.

En un segundo momento existe un mecanismo de rendición de cuentas comprobatorio, cuando el artículo 30 de la LGRA dispone que los Órganos Internos de Control deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de la constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas; esto con la intención de combatir posibles actos de corrupción y evitar enriquecimientos inexplicables a costa del ejercicio de la función pública, o en su caso certificar la inexistencia de anomalías.

Es este mecanismo comprobatorio que, al evolucionar, requiere de una nueva reflexión de los alcances de los Órganos Internos de Control como garantes del derecho fundamental a la buena administración, donde de manera natural se generarán ejercicios importantes para su convivencia con otros derechos fundamentales, como la ponderación.

Un ejemplo de esto es la reflexión que se realiza en el Amparo en revisión 158/2022, donde el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito concluye que la obligación de declarar no atenta contra los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la privacidad contenidos en la norma fundamental, ya que deriva del artículo 108 Constitucional; y de un test de proporcionalidad ordinario, se advierte que la finalidad es constitucionalmente válida, el medio utilizado es idóneo y la intervención a la privacidad del declarante no es desproporcional.

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 306/2022, concluyo que si bien los artículos 6, apartado A, fracciones I, III y VIII, así como 16, párrafo segundo, de la CPEUM establecen un ámbito de protección de sus datos personales, el propio texto constitucional establece diferentes finalidades y objetivos para el tratamiento de datos personales de las personas servidoras públicas, especialmente en lo que respecta a su información patrimonial, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, 108, párrafo quinto, 109 y 113 constitucionales y de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En ese sentido, las declaraciones patrimoniales y de intereses cumplen una función preventiva indispensable para el funcionamiento transparente y responsable de las personas servidoras públicas, máxime que éstas son conscientes de esa obligación al acceder al servicio público, lo que modifica la expectativa razonable de privacidad que tienen sobre su información patrimonial; por lo que no es ilegal, ni violatorio de derechos humanos que un Órgano Interno de Control, transfiera la información contenida en las declaraciones patrimoniales cuando se advierte un incremento patrimonial de manera considerable sin que acreditara su legítima procedencia, y las autoridades penales actúen en consecuencia.

III A manera de conclusión

En un primer momento, la presentación de las declaraciones de modificación de situación patrimonial, de intereses y captura de datos fiscales, resultan un ejercicio fundamental de rendición de cuentas de las personas servidoras públicas y una importante práctica de prevención y combate a la corrupción, pero es tal su evolución y transcendencia que se convierten en mecanismos para el fortalecimiento del derecho humano a la buena administración, cuyo desarrollo doctrinal y normativo, poco a poco irá permeando en diferentes espacios y con mayor intensidad.

Es indudable que en la construcción del derecho humano a la buena administración hay mucho camino por recorrer, pero la tendencia de los criterios jurisprudenciales que se muestran en las declaraciones patrimoniales, permite advertir elementos que contribuyen a su consolidación.

*Secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM

La Constitución mexicana y el derecho internacional de los derechos humanos^[1] (fragmento)

Jorge Carpizo^[2]

II. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos

8. Sin embargo, la defensa más acabada, y hasta ahora más efectiva, de los derechos humanos se encuentra en los sistemas regionales, especialmente el europeo y el americano, al existir órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de alguno de esos órganos.

El sistema americano se fortaleció y entró en una nueva etapa con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que inició su vigencia el 18 de julio de 1978, y a la que comúnmente se denomina Pacto de San José, por haberse suscrito en la capital de Costa Rica.

Dicho Pacto de San José se caracteriza por:

a) Una enumeración amplia de los derechos humanos protegidos.
b) El otorgamiento de nuevas facultades a la CIDH.
c) En consecuencia, la ratificación del valor jurídico de dicha Declaración.
d) La creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con dos distintas competencias: una consultiva y otra contenciosa para vigilar el cumplimiento y hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho Pacto. Hoy en día esa protección se extiende a otros instrumentos regionales, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.^[3]

El Pacto de San José se inspiró en forma especial en el sistema regional europeo con la creación de una Corte de plena jurisdicción, aunque, desde luego, existen entre ellas marcadas diferencias.

México es parte de ese Pacto desde marzo de 1981. Sin embargo, se tardó en reconocer la competencia contenciosa de la Corte IDH; lo realizó hasta diciembre de 1998. Las dudas de algunos sectores eran muchas, en virtud de una anticuada noción de soberanía,^[4] ya que a partir del mencionado reconocimiento, en 1998, el Estado mexicano está obligado a acatar las sentencias de la Corte IDH, órgano que tiene facultades para declarar qué acciones de autoridades mexicanas son contrarias a disposiciones de la Convención Americana o a algunos otros tratados del sistema interamericano, sin importar su naturaleza: actos administrativos, leyes, sentencias e incluso normas constitucionales.

En esta forma, tratándose del Pacto de San José y de la protección de los derechos humanos que reconoce, incluso la SCJN no es la intérprete última de ese Pacto, sino la Corte IDH, cuya jurisprudencia obliga a todas las autoridades.

México, al reconocer la competencia jurisdiccional o contenciosa de la Corte IDH, declaró que lo hacía en ejercicio de su soberanía, no en su menoscabo, y que tal decisión se fundamentaba en la tradición constitucional de nuestro país de preservar y proteger los derechos y las libertades del hombre, no exclusivamente mediante proclamas y declaraciones, sino, y en forma fundamental, también a través de garantías.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese entonces manifestó: “La aceptación de la competencia [contenciosa] de la Corte Interamericana constituye un hito en el tránsito de mi país hacia una sociedad cada vez más democrática, abierta y respetuosa de los derechos inalienables de todos sus integrantes” y, en diversa ocasión, expresó:

Me congratulo de que a los mecanismos de derechos humanos en los que México participa ya en forma constructiva, respetuosa y transparente, se sume hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manifiesto nuestra voluntad para cooperar con ella dentro del marco legal establecido y reitero nuestra disposición para avanzar conjuntamente en la promoción y defensa de los derechos inalienables de todo ser humano.^[5]

Fuente:
Carpizo, Jorge, “La Constitución mexicana y el derecho internacional de los derechos humanos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII, 2012, pp. 801-858, Ciudad de México 2012. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542012000100022&lng=es&nrm=iso
(última consulta: 31/3/24).

[1] Artículo publicado originalmente en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Cd. de México, vol. XII, 2021, pp. 801-858, Ciudad de México, ISSN 1870-4654.

[2] Investigador emérito de la UNAM, de la cual fue Rector, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se desempeñó como director; investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores; presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Agradezco a mis colegas los doctores Jorge Ulises Carmona Tinoco y Eduardo Ferrer Mac-Gregor P. sus atinadas observaciones y el tiempo que le dedicaron a leer el manuscrito. Cualquier error que el ensayo pueda contener es responsabilidad exclusiva del autor. Asimismo agradezco el apoyo del becario Jesús Eulises González y de la sra. Isabel Cacho, quien transcribió los manuscritos.

[3] Así lo ha establecido la propia Corte IDH en el Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 1o. de septiembre de 2010, Serie C, núm. 217, párr. 199: su competencia comprende “la aplicación de la Convención Americana y de otros tratados que le otorguen competencia”, y, desde luego, la interpretación de esos tratados.

Las resoluciones de la Corte se pueden consultar en García Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se han editado siete tomos, el primero fue en 2001, reeditado en 2006, y el séptimo en 2010. En la coordinación de la edición de los dos últimos tomos, ha participado María Carmelina Londoño Lázaro. Los tomos contienen índices temáticos que son de especial utilidad.

[4] En 1981, el Poder Ejecutivo Federal, para no aceptar la plena jurisdicción de la Corte IDH, asentó lo siguiente: “Por otra parte, no procedería que el gobierno mexicano hiciese, al menos por ahora, la declaración prevista en el artículo 62 de la Convención, reconociendo como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se prevé en el Capítulo VIII, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención… La aceptación de la jurisdicción obligatoria y automática de la Corte Interamericana estaría fuera de lugar por ahora, toda vez que la legislación nacional prevé los recursos necesarios para corregir cualquier falla en la estructura de preservación de las garantías individuales y sociales en el país”. Véase Archivo Histórico Diplomático Mexicano: Convenciones sobre Derechos Humanos, México, SRE, 1981, pp. 22 y 23, párrafo que constituye un testimonio fiel de la concepción jurídica nacionalista que imperaba en aquel entonces.

[5] La diferencia de conceptos y el tono empleados en 1998 contrasta grandemente con los de 1981, a lo que me refiero en la nota anterior. En menos de veinte años México no pudo evadir la corriente abrasadora y protectora del derecho internacional de los derechos humanos; véase García Ramírez, Sergio, “Admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (coords.), Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, SRE y Corte IDH, 2009, p. 30.

Tratado sobre la tolerancia, por Voltaire (fragmento)

Capítulo V. De cómo la tolerancia puede ser admitida

Me atrevo a suponer que un ministro culto y magnánimo, un prelado humanitario y sabio, un príncipe que sabe que su interés consiste en el gran número de sus súbditos y su gloria en la felicidad de éstos, se digna pasar los ojos por este escrito informe y defectuoso; suple su imperfección con sus propias luces; se dice a sí mismo: ¿Qué arriesgaría con ver la tierra cultivada y ornada por un mayor número de manos laboriosas, aumentados los tributos, el Estado más floreciente?

Alemania sería un desierto cubierto por los huesos de los católicos, de los evangelistas, de los reformados, de los anabaptistas, que se habrían degollado unos a otros, si la paz de Westfalia no hubiese procurado, por fin, la libertad de conciencia.

Tenemos judíos en Burdeos, en Metz, en Alsacia; tenemos luteranos, molinistas, jansenistas: ¿no podemos soportar y aceptar la presencia de calvinistas poco más o menos en las mismas condiciones en que los católicos son tolerados en Londres? Cuantas más sectas hay, menos peligrosa es cada una de ellas; la multiplicidad las debilita, todas son reprimidas por leyes justas que prohíben las asambleas tumultuosas, las injurias, las sediciones, y que siempre están en vigor por la fuerza coactiva.

Sabemos que varios cabezas de familia, que han creado grandes fortunas en los países extranjeros, están dispuestos a regresar a su patria; sólo piden la protección de la ley natural, la validez de sus matrimonios, la certeza de la legitimidad de sus hijos, el derecho a heredar de sus padres, la franquicia de sus personas; no piden templos públicos, ni el derecho a ejercer cargos municipales, ni a obtener dignidades: los católicos no los tienen en Londres ni en algunos otros países. Ya no se trata de conceder privilegios inmensos, plazas de seguridad a una facción, sino de dejar vivir a un pueblo pacifico, de suavizar edictos tal vez en otros tiempos necesarios, pero que ya no lo son. No nos corresponde a nosotros indicar al ministerio lo que puede hacer; basta con implorarle en favor de los infortunados.

¡Cuántos medios de hacerlos útiles, de impedir que jamás lleguen a ser peligrosos! La prudencia del ministerio y del consejo, apoyada por la fuerza, encontrará muy fácilmente esos medios, que otras naciones emplean con tanta fortuna.

Existen todavía fanáticos entre el populacho calvinista; pero es sabido que hay aún más entre el populacho convulsionario^[1]. La hez de los insensatos de Saint-Médard está considerada como algo sin importancia en la nación, la de los profetas calvinistas ha sido destruida. El gran medio de disminuir el número de maniáticos, si quedan, es someter esta enfermedad del espíritu al régimen de la razón que lenta, pero infaliblemente, ilumina a los hombres. Esta razón es dulce, es humana, inspira indulgencia, ahoga la discordia, fortalece la virtud, hace amable la obediencia o las leyes, mucho más de lo que la fuerza las impone. ¿Y consideraremos como cosa baladí el ridículo que se atribuye hoy día al entusiasmo por la mayoría de las gentes honorables? Dicho ridículo constituye una poderosa barrera contra las extravagancias de todos los sectarios. Los tiempos pasados son como si nunca hubieran existido. Hay que partir siempre del punto en que se está y de aquel a que han llegado las naciones.

Hubo un tiempo en que se creyó obligatorio promulgar decretos contra los que enseñaban una doctrina contraria a las categorías de Aristóteles, al horror al vacío, a las quididades^[2] y al universal^[3] de la parte de la cosa. Tenemos en Europa más de cien volúmenes de jurisprudencia sobre la brujería, y sobre la manera de distinguir los falsos brujos de los verdaderos. La excomunión de los saltamontes y de los insectos nocivos para las cosechas ha sido empleada profusamente y todavía subsiste en algunos rituales. La costumbre ha caducado; se deja en paz a Aristóteles, a los brujos y a los saltamontes. Los ejemplos de esas graves locuras, en otros tiempos tan importantes, son incontables: se producen otras de vez en cuando; pero cuando han producido su efecto, cuando se está harto de ellas, mueren por sí mismas. Si a alguien se le ocurriese hoy día ser carpocrático, o eutiquiano, o monotelita, o monofisita, o nestoriano, o maniqueo, etc., ¿qué sucedería? Se reirían de él, como de un hombre vestido a la antigua, con gola y jubón.

La nación empezaba a entreabrir los ojos cuando los jesuítas Le Tellier y Doucin fabricaron la bula Unigénitas que enviaron a Roma: creyeron estar todavía en aquellos tiempos de ignorancia en que los pueblos aceptaban sin examen las aserciones más absurdas. Se atrevieron a proscribir esta proposición que es de una verdad universal en todos los casos y en todos los tiempos: «El temor a una excomunión injusta no debe impedir el cumplimiento del deber.» Era proscribir la razón, las libertades de la Iglesia galicana y el fundamento de la moral; era decir a los hombres: Dios os ordena que no hagáis nunca vuestro deber, si ello os hace temer la injusticia. Jamás se ha atacado al sentido común más descaradamente. Los consultores de Roma no se dieron cuenta de ello. Se persuadió a la corte de Roma de que aquella bula era necesaria y que la nación la deseaba; fue firmada, sellada y enviada: conocemos las consecuencias; seguramente, si se hubieran previsto, se habría suavizado la bula. Las disputas han sido vivas; la prudencia y la bondad del rey las han apaciguado finalmente.

Lo mismo sucede con una gran parte de los puntos que nos dividen de los protestantes; hay algunos que carecen de importancia; hay otros más graves, pero sobre los cuales la furia de la disputa se ha amortiguado tanto que los propios protestantes no predican hoy día la controversia en ninguna de sus iglesias.

Por lo tanto, estos tiempos de desgana, de saciedad, o más bien de razón, son los que podemos aprovechar como época y garantía de tranquilidad pública. La controversia es una enfermedad epidémica que se halla en sus finales, y esa peste, de la que estamos curados, no pide más que un régimen suave. Finalmente, el interés del Estado consiste en que los hijos expatriados vuelvan con modestia a la casa de su padre: el humanitarismo lo pide, la razón lo aconseja y la política no lo puede temer.

Capitulo VI. De si la intolerancia es de derecho natural y de derecho humano

El derecho natural es d que la naturaleza indica a todos los hombres. Habéis criado a vuestro hijo, os debe respeto como padre y gratitud como bienhechor. Tenéis derecho a los productos de la tierra que habéis cultivado con vuestras manos. Habéis hecho y habéis recibido una promesa, debe ser cumplida.

El derecho humano no puede estar basado en ningún caso más que sobre este derecho natural; y el gran principio, el principio universal de uno y otro es, en toda la tierra: «No hagas lo que no quisieras que te hagan.» No se comprende, por lo tanto, según tal principio, que un hombre pueda decir a otro: «Cree lo que yo creo y lo que no puedes creer, o perecerás.» Esto es lo que se dice en Portugal, en España, en Goa. En otros países se contentan con decir efectivamente: «Cree o te aborrezco; cree o te haré todo el daño que pueda; monstruo, no tienes mi religión, por lo tanto no tienes religión: debes inspirar horror a tus vecinos, a tu ciudad, a tu provincia.»

Si conducirse así fuese de derecho humano, sería preciso que el japonés detestase al chino, el cual execraría al siamés; éste perseguiría a los gangaridas que se abatirían sobre los habitantes del Indo; un mogol arrancaría el corazón al primer malabar que encontrase; el malabar podría degollar al persa que podrá asesinar al turco; y todos juntos se arrojarán sobre los cristianos que durante tanto tiempo se han devorado unos a otros.

El derecho de la intolerancia es, por lo unto, absurdo y bárbaro: es el derecho de los tigres, y es mucho más horrible, porque los tigres sólo matan para comer, y nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos.

Fuente:
Voltaire, François. Tratado sobre la tolerancia. Con ocasión de la muerte de Jean Calas (1762). Madrid, Tecnos, 2015, pp. 23-27.

[1] Convulsionarios, supersticiosos franceses del siglo XVIII que sufrían o fingían sufrir convulsiones al congregarse ante la tumba del diácono François de Páris en el cementerio de Saint-Médard, de París, para obtener curaciones milagrosas.

[2] Quididad, en terminología escolástica, esencia y razón de una cosa.

[3] Universal, en terminología escolástica, palabra con la que se designaban las ideas o términos generales que servían para clasificar a los seres y a las ideas.

Organización de las Naciones Unidas

Los haitianos no pueden esperar a que termine el reino del terror de las bandas

2 de abril de 2024

La ya alarmante situación en Haití se ha deteriorado en la última semana, con las bandas criminales lanzando ataques contra comisarías de policía, prisiones, infraestructuras críticas y otras instalaciones públicas y privadas.

Restaurar el orden público y garantizar el acceso a la ayuda deben ser las prioridades en Haití, donde las pandillas siguen aterrorizando a la población, declaró el martes en Ginebra el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.