Por Ismael Eslava Pérez*

Las niñas y las adolescentes poseen una enorme capacidad transformadora que genera impactos positivos en su desarrollo personal, y en el de sus familias y comunidades, los cuales indudablemente contribuyen al progreso de la sociedad mexicana en su conjunto. Los valores, conocimientos, habilidades y experiencias que adquieran durante la niñez las habilitarán para, progresivamente, tomar decisiones autónomas encaminadas a emprender y consolidar todos sus proyectos de autorrealización en condiciones de igualdad respecto a los demás sectores de la población.

Para posibilitar que niñas y adolescentes desplieguen su máximo potencial, es indispensable que el Estado y los sectores social y privado, respeten, promuevan, protejan y garanticen el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos, teniendo siempre como base de su actuación, el interés superior de la niñez y adolescencia e incorporando un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas, de acuerdo a su edad, la zona geográfica en que residen, los roles de género que imperan en su comunidad, así como su condición de salud o socioeconómica de sus familias.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales en la materia, marcan un hito en la evolución de los derechos de las personas menores de edad al reconocerlas como titulares de derechos. De ese reconocimiento se derivan obligaciones de protección especial a cargo de las autoridades, de las personas responsables de su cuidado y de la sociedad en general. No obstante, el cumplimiento de esas normas enfrenta múltiples retos de importante complejidad.

En México, de acuerdo con información correspondiente a 2018, el 49.6% de la población menor a 18 años se encontraba en situación de pobreza, es decir, 19.5 millones de personas, en tanto que el 9.3%, que equivale a 3.7 millones de personas, se encontraba en pobreza extrema; también en 2018, en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el 14.3% de niñas, niños y adolescentes  no contaba con servicios de salud y el 61.1% no tenía acceso a la seguridad social, lo que podría aumentar la vulnerabilidad de la población menor de 18 años; la falta de acceso a la alimentación pasó de 25.7% a 23.9% entre 2008 y 2018, lo que representó en ese último año que más de 9 millones de personas menores de edad vivían en hogares que mostraban un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, y respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en 2018 el 23.4% de la población menor de 18 años habitaba en viviendas que no contaban con acceso a agua potable, energía eléctrica, drenaje o se cocinaba con estufa de leña sin chimenea, además de que la carencia por calidad y espacios en la vivienda en menores de edad pasó de 23.0% a 15.5% en el mismo periodo. ^[1]

En 2014 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual,^[2] y 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 participaban en alguna actividad económica,^[3] en tanto que durante 2015 49% de quienes tenían entre 5 y 17 años y trabajaban eran niñas y adolescentes;^[4] 7.8% de adolescentes ha tenido un hijo;^[5] 10.1% de las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un hijo, y 13.1% debido a que se unió en pareja.^[6]

Sobre este último punto, a raíz de la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las entidades federativas iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su legislación civil, el requisito de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. Actualmente se ha homologado este requisito en todas las entidades federativas del país.

Por lo general, las niñas y adolescentes viven en contextos en los que aún prevalecen la desigualdad y los estereotipos de género que limitan su desarrollo integral. La Observación General número 20 del Comité de los Derechos del Niño^[7] señala que, en muchos países, las niñas y adolescentes registran niveles más bajos en los índices de salud y satisfacción vital que los niños, brecha que aumenta gradualmente con la edad. De igual forma, indica que ciertas normas culturales pueden colocarlas, de forma negativa, en una condición de inferioridad y vulnerabilidad, circunstancia que incrementa las posibilidades de confinamiento en el hogar; falta de acceso a la educación secundaria y media superior; escasas oportunidades de esparcimiento, deporte, recreación y generación de ingresos; limitaciones en el acceso al arte y la vida cultural o que se les imponga la realización de labores del hogar y se les responsabilice del cuidado de los hijos e hijas.^[8]

Las desigualdades de género, afirma el Comité, se hacen más evidentes durante la adolescencia, de forma que los estereotipos, la inequidad y la discriminación contra niñas y adolescentes redunda en violaciones a sus derechos tales como el matrimonio forzado, el embarazo a temprana edad, la mutilación genital femenina, la violencia física, mental y sexual por razón de género; la servidumbre o la explotación y trata de personas, las cuales, en numerosos casos, han finalizado en privación de la vida.

La violencia en las redes sociales amerita la intervención urgente de las autoridades, pues el marco jurídico y las acciones de prevención encaminadas a su protección son aún insuficientes para frenar conductas que van desde el acoso escolar hasta la explotación sexual, e incluso la pornografía.

El 21 de julio de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, emitió el primer dictamen realizado por un organismo internacional a México por un caso de feminicidio (el de Pilar Arguello Trujillo, joven de 20 años de edad quien fue privada de la vida en el Estado de Veracruz, en el año 2012), en cuya resolución afirmó que la impunidad de los delitos contra niñas, adolescentes y mujeres contribuye a perpetuar una cultura de aceptación de las formas más extremas de violencia y fomenta que continúe su comisión y recomendó al Estado mexicano cumplir con su obligación de garantizar el funcionamiento de procedimientos eficientes, imparciales e independientes para investigar, enjuiciar y sancionar los actos de violencia contra ellas; reforzar la implementación de programas con miras a promover y garantizar, de manera efectiva, la formación y capacitación de servidores y servidoras públicas que participan en las investigaciones de casos de violencia, y asegurar el acceso a la justicia para todas.^[9]

La lucha contra la violencia hacia niñas y adolescentes implica el involucramiento de familias, instancias de gobierno y del estado, instituciones educativas, asociaciones religiosas, comunidades indígenas y sociedad en general, en nuestros respectivos ámbitos de competencia, con un simple pero ambicioso objetivo de realizar su derecho a que la violencia y el miedo no limiten su libertad ni condicionen las decisiones que tomen sobre su proyecto de vida.

Es necesario el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales que garanticen las condiciones para una vida digna, igualdad de oportunidades y una justicia distributiva que mejore sustancialmente sus condiciones de vida. Lo anterior, cobra especial relevancia en un contexto de emergencia sanitaria y cuando se trata de niñas y adolescentes indígenas.

Victoria Tauli Corpuz, a partir de abril de 2020 Ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reveló en su informe anual 2015, que las niñas indígenas enfrentan numerosos obstáculos para el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, presentan mayor índice de deserción escolar que los niños; las y los integrantes de sus comunidades tienen la expectativa de que realicen trabajo en el hogar y asuman el cuidado familiar; son forzadas a contraer matrimonio,  están más expuestas a sufrir violencia sexual y a ser discriminadas,^[10] situaciones que las coloca en un estado de vulnerabilidad múltiple.

Otro tema de atención prioritaria en nuestro país es el creciente número de embarazos de niñas y adolescentes a temprana edad; México ocupa el primer lugar de los países de la OCDE de madres menores de edad.^[11] De acuerdo con datos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), México ocupa el primer lugar -entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- en tema de embarazo en adolescentes, con una tasa de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad; 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, y aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.^[12] Se trata de un problema derivado de factores como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y estigmatización, entre otros, que vulneran su desarrollo y plan de vida.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha enfatizado la necesidad de diseñar planes de estudios y campañas de difusión dirigidos a quienes se encuentran fuera de la escuela, que incluyan educación sobre salud sexual y derechos reproductivos apropiada a la edad y madurez de niñas, niños y adolescentes, la cual deberá ser amplia, incluyente, basada en evidencias científicas y en normas de derechos humanos, contar con la colaboración de las y los adolescentes para su diseño, y disponible en formatos adecuados a las circunstancias de los distintos grupos de la población.^[13]

Debe tenerse presente que los compromisos adquiridos por México en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, contemplan en el Objetivo 5, entre otros, eliminar todas las formas de violencia contra todas las niñas y mujeres; eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio y embarazo forzado o a temprana edad; asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.^[14]

En este año (2020), el Día Internacional de la Niña se celebra bajo el lema “Mi voz, nuestro futuro en común”, que representa un firme recordatorio para la sociedad en el sentido de aprovechar la oportunidad para “…reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas adolescentes; un mundo en el que se sientan motivadas y gocen de reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se invierta en ellas“, sin olvidar que las niñas en situaciones de crisis son una fuente de poder, energía y creatividad, pero que, al mismo tiempo, se encuentran entre los grupos más vulnerables de la población.^[15] Ante eventualidades de la naturaleza como los sismos acontecidos en tiempos recientes, en la Ciudad de México, cientos de adolescentes y mujeres jóvenes se lanzaron a las calles para participar en las labores de rescate; proporcionaron atención médica; realizaron labores de acopio y distribución de insumos; verificaron y difundieron información en medios electrónicos; coordinaron el funcionamiento de albergues temporales; organizaron actividades lúdicas y recreativas para niñas y niños privados de sus hogares, entre otras actividades. Ellas, son un ejemplo para todas y todos, pero especialmente para las niñas y adolescentes a quienes debemos asegurar su acceso a la igualdad de oportunidades y de participación en la vida pública del país, para contribuir al beneficio colectivo.

La desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y para su erradicación es necesario sensibilizar e involucrar a niños y jóvenes en las acciones tendentes al cumplimiento de los derechos de las niñas y las adolescentes, a través de la educación en y para los derechos humanos; la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica; optar por técnicas de crianza positivas libres de violencia y con perspectiva de género, y la promoción de las masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarios respecto a la situación del género femenino. El trabajo transversal entre las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, permitirá generar un México más justo, incluyente e igualitario, donde las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan sentirse libres y seguras de luchar por conseguir sus objetivos.

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