Si Alejandro Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR.

            Si, como reiteradamente ha asegurado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa —la celebérrima verdad histórica— es, en realidad, una mentira histórica, ¿por qué su indignación por el reciente fallo que ha dejado en libertad a 24 inculpados más?

            Todos los consignados por esos delitos lo fueron precisamente porque, de acuerdo con aquella versión, participaron, de un modo u otro, en los hechos en los que resultaron desaparecidos, seguramente asesinados, los 43 estudiantes. Si el relato de la PGR fue una invención, las consignaciones habrían respondido a la infame práctica de nuestras procuradurías de justicia de fabricar culpables. Si en este caso se hubiese recurrido a tan condenable vileza, sería plausible la liberación de los falsamente imputados.

            Pero si Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR. Los alumnos fueron detenidos por policías municipales y entregados, algunos ya sin vida, pues se asfixiaron en el trayecto, a la banda criminal de Guerreros Unidos. Hasta ahora, transcurridos cinco años de aquel suceso, no se ha elaborado otra explicación creíble. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha negado veracidad a la versión de la PGR, pero no ha ofrecido otra.

            La negación del GIEI de que se prendió fuego en el basurero de Cocula para quemar los cadáveres, o varios de ellos, no solamente es contraria al dictamen de expertos nacionales e internacionales en materia de incendios, sino que soslaya que está comprobado que restos calcinados que allí se encontraron fueron identificados como pertenecientes a dos de las víctimas por el prestigiado laboratorio de Innsbruck. El equipo de forenses argentinos señaló el hallazgo de restos humanos quemados y dictaminó que la mayoría de esos restos presenta uno o varios tipos de fracturas asociados a alteración térmica.

            Además, el destino de los cuerpos ya sin vida no es el asunto relevante jurídicamente. Lo importante es quiénes y por qué detuvieron a los estudiantes, quiénes y por qué los asesinaron, quiénes y por qué dieron las órdenes. Hayan quedado los restos en el muladar de Cocula o en cualquier otro sitio, eso no cambia en lo mínimo la sustancia de los hechos desde la perspectiva legal.

            En su extensísima y detallada recomendación sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita que otros muchos restos también encontrados en dicho vertedero se envíen al laboratorio de Innsbruck para que se determine si corresponden a las víctimas. Extraña, inexplicadamente, la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante que el fiscal general elogió la recomendación, no ha satisfecho esa solicitud. Asombrosamente, ni la Comisión de la Verdad ni el GIEI le han exigido que lo haga.

            Se anuncia que se llamará a comparecer al entonces procurador Jesús Murillo Karam y al entonces jefe de la policía investigadora, Tomás Zerón, por las anomalías en las indagatorias. Con eso quedaría cerrado un círculo perverso: los culpables están abandonando la prisión y quienes los atraparon quedarían sometidos a procedimiento. Murillo Karam ha aclarado que en cuanto alguno de los detenidos acusó que había sido torturado, él ordenó que se iniciara la investigación correspondiente a esa queja.

            Por otra parte, es claro que no pueden considerarse pruebas válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura, pero eso no invalida todos los demás elementos probatorios. Hay evidencias sólidas que fortalecen la versión oficial, como los registros de los teléfonos celulares que se hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos y los mensajes de Blackberry que confirman que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del grupo rival Los Rojos.

            ¿Se quiere llegar a conocer toda la verdad a través de las probanzas o se pretende construir una verdad estratégica acomodada a una visión prejuiciada de los hechos y/o a intereses políticos? La verdad se modifica con el hallazgo de nuevas pruebas; el acomodo de “la verdad” se adapta a los intereses estratégicos.