Alejandra Marlene Gómez Barrera*
En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), resulta pertinente hablar de forma puntual de las niñas y las adolescentes, como un grupo que es particularmente vulnerado dentro de un grupo ya vulnerado de por sí, esto debido a que en esta población (heterogénea) se intersecta la categoría de edad que complejiza las situaciones de violencia en las que se ven inmersas las mujeres más jóvenes: niñas y adolescentes.
Es importante tener en consideración que las circunstancias que rodean la vida de niñas y adolescentes pueden ser muy variadas: pertenencia étnica, situación de movilidad, pertenencia a la comunidad LGBTTQ+, situación familiar y socioeconómica, discapacidad, situación de salud, etcétera; sin embargo, en estas líneas no se hará referencia a dichas situación, en virtud de que ello requeriría mucho más espacio del concedido en esta ocasión.
Para hablar de la violencia que viven las niñas y las adolescentes, es necesario separar estos dos grupos, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como niñas a las mujeres de 0 a 11 años de edad y como adolescentes a quienes tienen entre 12 y 17 años de edad. Si bien el criterio cronológico no es suficiente para comprender la diferencia entre estos dos grupos ni las circunstancias específicas que rodean la vida de las mujeres que se encuentran en uno u otro grupo. No obstante este criterio resulta útil para tener claridad jurídica respecto de los mecanismos de protección.
Asimismo, esto nos permite hablar de autonomía progresiva, concepto que sirve para hablar de las diferencias cualitativas que existen en la vida de una persona dependiendo de las experiencias vividas en diferentes momentos de su vida. Por ejemplo, entender que una mujer de 2 meses de edad tiene características y necesidades de cuidado diferentes a las que puede tener la misma persona a los 15 años de edad.
Algunas de las situaciones en la vida de las niñas son la dependencia física, económica, social, respecto de sus cuidadores principales. Esta situación tiene su origen principalmente en sus capacidades motoras y de comunicación, las cuales se desarrollan paulatinamente a lo largo de su vida, por lo que su sobrevivencia y crecimiento dependen de otra persona. Las interacciones más comunes de las niñas suelen ser con sus familiares o personal de cuidado (en el caso de que acuda a una guardería).
Esto deriva en que la forma de violencia más común contra niñas y niños en los 3 primeros años de vida, sea la violencia familiar en todas sus modalidades: física, psicológica, patrimonial, económica e incluso sexual. Desafortunadamente las formas de crianza en México incluyen algunas acciones violentas que se consideran parte del “derecho a educar” que tienen las personas cuidadoras, por ejemplo, dejarles llorar para que se fortalezcan sus pulmones, causa ansiedad y angustia que debido a su edad no es capaz de gestionar; no cambiar su pañal para que aprenda a avisar, etcétera. Se estima que 3 de cada 4 personas menores de 12 años de edad víctimas de violencia intrafamiliar son niñas.
Al ingresar al sistema educativo sus interacciones aumentan ya que comienza a convivir con otras niñas y niños, así como con otros adultos. Esto también amplía las posibilidades de sufrir violencia, pues a la familia se suma la escuela como espacio violento en donde tanto pares como adultos pueden ser generadores de violencia: acoso escolar, hostigamiento, agresiones físicas, robos, privaciones de objetos por parte de autoridades y violencia sexual.
Con la adolescencia se consigue una mayor autonomía, pues a las interacciones familiares y educativas, se suman las comunitarias. Esto también incrementa las situaciones en las que pueden ser víctimas. En esta etapa además de la violencia ya referida, se presenta la violencia comunitaria que incluye el acoso callejero que en la vida de las mujeres mexicanas inicia a los 12 años de edad , este incluye comentarios lascivos, aproximaciones no deseadas, seguimiento en la vía pública y tocamientos.
En la prevención de la violencia contra niñas y adolescentes debe considerarse la información con que se cuenta es escasa, por ejemplo, una de las principales fuentes de información de violencia contra las niñas son las estadísticas de atención médica, esto implica que sólo se conocen aquellos casos en los que se ha puesto en riesgo la integridad física, dejando en la sombra aquellas formas de violencia que no dejan marcas o que no lastiman su cuerpo.
Otra fuente de datos es el testimonio de las propias mujeres una vez que tienen 15 años o más, esto quizá se deba a que antes de esas edad no cuentan con la autonomía social suficiente para tener comunicaciones con personas que no sean de su familia o sin que éstas intervengan.
En conclusión, es importante
reconocer que la violencia contra niñas y adolescentes tiene sus propias
características, considerando que niñas y adolescentes se encuentran en
circunstancias particulares que se ha construido como una situación de
vulnerabilidad a causa de la convergencia de su sexo y su edad, lo que requiere
una atención especializada a fin de primero visibilizar practicas socialmente
aceptadas como formas de violencia.
En el ámbito jurídico estas consideraciones han
generado un marco de protección internacional que inicia con la Convención
sobre los Derechos del niño y la niña y la Observación General número 18 del
Comite de los Derechos del Niño y la Niñas relativa a Practicas nocivas,
adoptadas de manera conjunta por el Comité para Eliminar la Discriminación
contra la Mujer (observación número 31). Consideraciones que se incorporan al
sistema jurídico nacional en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
* Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM.