Por Laura Elisa Pérez Gómez[1]
En un planeta de más de ocho mil millones de habitantes, cimbrando por conflictos, bajo el flagelo del cambio climático y en recuperación por la pandemia de Covid-19, resulta imperativa la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo con respeto y garantía plena a los derechos humanos de todas las personas, que no quede solo en los discursos políticos sino que se concrete con apego a los estándares más avanzados en la materia y se evalúe con base en evidencias objetivas.
Las cifras para 2022 sobre pobreza, desigualdad y carencias sobre derechos en el mundo son lacerantes[2]: el 9% de la población mundial es decir, 712 millones de personas, vivían en pobreza extrema; casi 1 de cada 10 personas enfrentó hambre, mientras que 2,400 millones experimentaron inseguridad alimentaria de moderada a grave; más de la mitad de la población mundial (53.1% en 2020) no contaba con ningún beneficio de protección social; solo 1 de cada 3 personas disponía de cobertura de servicios de salud esenciales (2021); la tasa de finalización de la educación secundaria superior se frenó alcanzando solo al 59.4% de estudiantes (2023); 2,200 millones de personas carecían de acceso a agua potable y 3,500 millones carecían de acceso a servicios de saneamiento, gestionados de forma segura; el mercado laboral mantuvo un altísimo nivel de precarización con más de 4,600 millones de personas en la informalidad (2023); la brecha en el crecimiento del ingreso per cápita entre los países más pobres y los más ricos se ha ampliado y la discriminación por edad, género, religión, raza o creencias afecta a una de cada seis personas en todo el mundo; el desplazamiento forzado global está en su punto más alto, superando los 110 millones de personas en 2023; finalmente, persiste un importante déficit de inversión anual de 4 billones de dólares para que los países en desarrollo alcancen los ODS.
Para asumir de forma integral todos estos retos se requiere contar con acuerdos globales e instrumentos comprehensibles que proporcionen una guía explícita para la acción pública. La evaluación integral de los derechos humanos es posible mediante procesos multidimensionales que, basados en la metodología internacional oficial, permitan desmenuzar las obligaciones que adquieren los países al ratificar los tratados internacionales en la materia. Como se observa en el cuadro adjunto, el cumplimiento de cada derecho se evalúa considerando indicadores que valoran desde la existencia de bases estructurales normativas, los procesos de atención que se establecen y por supuesto los resultados sobre el acceso efectivo de todas las personas a dicho derecho, mediante un modelo que revisa la recepción del derecho en el país, las capacidades institucionales establecidas, los presupuestos que efectivamente se destinan y, de manera muy relevante, la implementación de los principios transversales relativos a igualdad y no discriminación, participación social de todos los grupos interesados, transparencia y acceso a la información, así como acceso a la justicia (un derecho no es tal si no puede ser exigido). Esta robusta caracterización permite además valorar y rediseñar políticas públicas con base en evidencia.
En este marco, los indicadores de derechos humanos se definen como conjuntos de medidas, tanto cualitativas como cuantitativas, diseñadas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones que los Estados deben cumplir para cada derecho, de acuerdo con los tratados y la doctrina internacional correspondiente. Estos indicadores NO se analizan de manera individual y aislada y NO deben manipularse para construir índices, dado que pretenden desplegar y evidenciar todos los requerimientos para la atención efectiva de los derechos, interpretados de manera integral.
Cuadro 1. Evaluación del cumplimiento de derechos humanos mediante indicadores
El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
constituye un referente nacional e internacional en la aplicación de esta
metodología con una amplia producción de investigaciones a lo largo de más de
diez años (https://www.pudh.unam.mx/indicadores/index.html), logrando
sobre todo la asunción de compromisos transexenales de transparencia y
rendición de cuentas por parte del Estado mexicano en una plataforma que te
invitamos a descubrir: https://snedh.segob.gob.mx/.