EVALUAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MÉXICO: UN
Maria Julia ARRIAGA ESTRADA1*
RESUMEN: El presente artículo se encuentra inspirado en la Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores, de autoría propia, realizado por financiamiento del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico (PUDH-UNAM). Este artículo presenta una síntesis de los principales estándares en materia de derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores, así como los criterios de política pública para su garantía. El propòsito es identificar un conjunto de indicadores para su valoraciòn y reflexiòn en el contexto mexicano. Los resultados muestran que, aunque en Mèxico se han logrado avances significativos en la garantía de los DESCA de las personas adultas mayores, persisten importantes desafíos para asegurar su pleno ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminaciòn. Estos desafíos son especialmente evidentes entre los agentes y funcionarios públicos encargados de atender a esta poblaciòn. Entre los principales retos se encuentran la reducciòn de la pobreza extrema entre las personas adultas mayores, el acceso a la alimentaciòn, la generaciòn de oportunidades laborales inclusivas con salarios competitivos, y las mejoras en la vivienda y el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y recolecciòn de basura. Todo esto debe abordarse con un enfoque de gènero que promueva una distribuciòn equitativa de las labores domèsticas.
ABSTRACT: This article presents a synthesis of the main standards regarding the economic, social, cultural, and environmental rights (DESCA) of older adults, as well as the public policy criteria for their guarantee. The purpose is to identify a set of indicators for their assessment and reflection in the Mexican context. The results show that, although significant progress has been made in Mexico in guaranteeing the DESCA of older adults, important challenges remain to ensure their full exercise under conditions of equality and non-discrimination. These challenges are especially evident among the agents and public officials responsible for attending to this population. Among the main challenges are the reduction of extreme poverty among older adults, access to food, the generation of inclusive job opportunities with competitive salaries, and improvements in housing and access to basic services such as drinking water, drainage, and garbage collection. All of this
1Consultora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico. mariajuliapudh2@gmail.com ; https://orcid.org/0009-0004-3586-5394
must be addressed with a gender approach that promotes an equitable distribution of domestic tasks.
| Palabras | clave: | Personas | adultas | mayores, | discriminaciòn, | derechos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| econòmicos | sociales | y | culturales, | enfoque | de | derechos | humanos, |
| indicadores, corpus juris. |
Keywords: Older adults, Discrimination, Economic, social, and cultural rights,
Human rights approach, Indicators, corpus juris, soft law.
SUMARIO: Introducciòn. 1. Sustento normativo de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales de la poblaciòn en general y de las personas adultas mayores. 2. Enfoque y metodología implementada para la evaluaciòn del cumplimiento y seguimiento de los DESCA de las personas adultas mayores. 3. Estándares y criterios de política pública para la garantía de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales de las personas mayores. 4. Mediciòn de los DESCA de las personas adultas mayores en México y sus principales hallazgos. 5. Del conocimiento actual a los desafíos por resolver. 6. Referencias bibliográficas.
“Los derechos humanos no se violan solo por el terrorismo, represiòn o asesinato, sino por estructuras econòmicas injustas que crean enormes desigualdades”.—Papa Francisco
1. Introducción
Si bien todos los derechos y libertades deben garantizarse para todas las
personas, resulta fundamental considerar los desafíos asociados a la dinámica
demográfica, en particular el envejecimiento poblacional y la necesidad de eliminar
la discriminaciòn por edad en la vejez. Se entiende por envejecimiento: ´Proceso
gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios
biològicos, fisiològicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las
cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su
medio.µ Por otra parte, se entiende por Discriminaciòn por edad en la vejez:
´Cualquier distinciòn, exclusiòn o restricciòn basada en la edad que tenga como
objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad
de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, econòmica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.µ (CIDH 2015, Art.2 Definiciones).
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Poblaciòn (CONAPO) para 2025, en Mèxico la poblaciòn de 60 años y más alcanzará los 17.1 millones de personas, lo que equivale a que 13 de cada 100 habitantes serán adultos mayores. Se estima que para 2050 esta cifra aumentará a cerca de 35.5 millones, representando así el 24.1% de la poblaciòn total. A largo plazo, la situaciòn se tornará aún más apremiante, ya que hacia 2070 se prevè que la poblaciòn adulta mayor ascienda a aproximadamente 48.4 millones de personas, lo que implicará que 34 de cada 100 habitantes pertenecerán a este grupo etario. Poblaciones a mitad de año, 1950-2070. (CONAPO 2025).
Este artículo tiene como objetivo presentar de manera sintetizada una propuesta para la evaluaciòn de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores, que ha sido desarrollada en el marco del estudio titulado "Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores". Dicho estudio propone un modelo de mediciòn basado en un enfoque de derechos humanos.
Esta investigaciòn, finalizada en enero de 2025 y actualmente en proceso de revisiòn, busca establecer criterios para la formulaciòn de políticas públicas orientadas a la protecciòn y garantía de los derechos de la poblaciòn adulta mayor. Asimismo, propone una mediciòn preliminar del caso mexicano a partir de indicadores cuantitativos obtenidos exclusivamente de fuentes oficiales.
La estructura de este artículo se ha diseñado con el propòsito de responder a la siguiente pregunta de investigaciòn: ¿Por què y còmo medir el nivel de cumplimiento de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales de las personas adultas mayores en Mèxico?
Para abordar la pregunta de investigaciòn, primero se presenta un panorama general del marco normativo que garantiza los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), destacando sus particularidades en relaciòn con la poblaciòn adulta mayor. En cuanto al "còmo", la segunda secciòn describe el enfoque conceptual y la metodología empleada en la investigaciòn. La tercera secciòn ofrece un resumen de los estándares y criterios fundamentales que los Estados deberían adoptar como referencia para la formulaciòn, implementaciòn y evaluaciòn de políticas públicas desde un enfoque basado en derechos humanos. Al traducir estos estándares en indicadores, la cuarta secciòn sintetiza los principales hallazgos de la investigaciòn que sustentan este estudio. Finalmente, se examinan los aspectos evaluados, aquellos susceptibles de seguimiento y las áreas aún pendientes de exploraciòn, con el objetivo de fomentar nuevas investigaciones
2. Sustento normativo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población en general y de las personas adultas mayores
El fundamento normativo para asegurar la satisfacciòn de los derechos econòmicos, sociales y culturales de toda persona se encuentra en la Declaraciòn Universal de Derechos Humanos, particularmente en su artículo 22, que destaca esta necesidad (ONU 1948).
El Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales establece que los Estados se comprometen a adoptar medidas, especialmente econòmicas y tècnicas, utilizando al máximo los recursos disponibles y las medidas legislativas, para lograr la plena efectividad de estos derechos. Esto debe hacerse sin discriminaciòn alguna, asegurando igualdad de condiciones para todas las personas (ONU 1966).
A nivel regional, la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos reitera el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias, conforme a sus procedimientos constitucionales, para hacer efectivos los derechos econòmicos, sociales y culturales, así como sus libertades (CIDH 2025, Art. 26).
Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econòmicos, sociales y culturales, conocido comúnmente como ´Protocolo de San Salvadorµ, es el instrumento vinculante que reitera el compromiso de los Estados de adoptar medidas, especialmente econòmicas y tècnicas, utilizando al máximo los recursos disponibles, a fin de lograr progresivamente, de conformidad con su legislaciòn interna, la plena efectividad de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales. Cabe mencionar que el Artículo 17 de este Protocolo ordena la protecciòn de las personas adultas mayores (CIDH 1988).
Despuès de haber apuntado las normas y principios de los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (en adelelante: DESCA) que aplican a todas las personas, es preciso destacar el sustento normativo en el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relaciòn con los DESCA de las personas adultas mayores.
En el sistema universal de derechos humanos, hasta la fecha, no existe un instrumento vinculante que garantice específicamente los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sin embargo, en Amèrica Latina y el Caribe (en adelante: ´la Regiònµ), desde 2015 se promulgò la Convenciòn Interamericana sobre la Protecciòn de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual es vinculante para Mèxico desde abril de 2023. Esta Convenciòn establece normativamente las obligaciones respecto a los DESCA de las personas adultas mayores.
Cabe mencionar que el corpus juris, además de estar compuesto por instrumentos internacionales sustantivos, incluye diversos efectos jurídicos, tales como tratados, convenios, resoluciones y declaraciones. Estos forman parte del soft law, ya que carecen de fuerza legal obligatoria, pero tienen un impacto significativo en la formulaciòn y aplicaciòn de políticas públicas y leyes (Corte IDH 2022, 22). Entre estos instrumentos, destacan en el ámbito universal la Declaraciòn Política y el Plan de Acciòn Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, promulgados en 2002. En el ámbito regional, sobresalen las Declaraciones de Brasilia, del Compromiso de Puerto España, de Asunciòn y, más recientemente, de Santiago.
Igualmente, importantes son los documentos precedentes desarrollados por la Organizaciòn de las Naciones Unidas, tales como el Plan de Acciòn Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad de 1991 y la Proclamaciòn sobre el Envejecimiento de 1992. Por su parte, la CEPAL ha desempeñado un papel central en el desarrollo de la Estrategia Regional de Implementaciòn para América Latina y el Caribe del Plan de Acciòn Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, formulada en 2003, y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe desde 2012.
Adicionalmente, es necesario considerar la informaciòn desarrollada por el Comitè de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales. Este òrgano, facultado para supervisar la aplicaciòn del Pacto que sustenta dichos derechos, interpreta la aplicaciòn de los componentes y elementos esenciales de estos derechos, particularmente concentrados en su Observaciòn General número 6 dedicada a la poblaciòn adulta mayor.
Además, es fundamental revisar el desarrollo y las aportaciones en la materia que surgen de otros mecanismos tanto del sistema universal como del interamericano. Esto incluye las recomendaciones de los informes anuales de la Experta Independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad de las Naciones Unidas, así como el informe emitido en 2023 por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores del Sistema Interamericano.
Una contribuciòn significativa proviene del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), una divisiòn de la Comisiòn Econòmica para Amèrica Latina y el Caribe (CEPAL), cuyo trabajo se centra en el análisis de la dinámica demográfica y su vínculo con el desarrollo econòmico y social, con especial ènfasis en el estudio del envejecimiento poblacional.
Lo anterior constituye la base para la identificaciòn de estándares y directrices en materia de derechos humanos, que sirven como fuente de informaciòn para la sistematizaciòn de lo que se ha denominado ´criterios de política públicaµ o simplemente ´criteriosµ que se presentan en la investigaciòn citada. Al hablar de criterios, se hace referencia a las conceptualizaciones que clarifican los componentes de los derechos humanos, desarrollados a partir de las justificaciones del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, el cual incluye la normativa, la jurisprudencia y la doctrina de los sistemas universal e interamericano (Arriaga 2024, 3). Entendiendo por estándar ´al conjunto de pautas, principios y reglas orientadoras que constituyen la base sobre la cual se fija el contenido de los compromisos asumidos por los Estados en materia de derechos sociales y que fijan un corpus que permite no solo desarrollar con precisiòn el alcance de las obligaciones concernientes al derecho social en cuestiòn, sino que tambièn aporta elementos comunes en los procesos de verificaciòn de cumplimiento, fiscalizaciòn y evaluaciòn de las políticas y acciones que se han adoptado para la satisfacciòn de tales derechos (Pautassi Laura, 2010)µ (Pèrez 2024, 5).
3. Enfoque y metodología implementada para la evaluación del cumplimiento y seguimiento de los DESCA de las personas adultas mayores.
La metodología de la investigaciòn a la que se refiere este artículo emplea el enfoque basado en derechos humanos como marco conceptual. Se trata de un marco conceptual integral necesario para la garantía de los derechos humanos, que ha sido recomendado por la Experta Independiente sobre los derechos humanos de las personas mayores en 2021 (ONU-EI 2021, 77) y recientemente, por la Dra. Montes de Oca, consultora de la CEPAL (2024, 9), para diseñar e implementar políticas públicas que sitúen a las personas mayores en el centro de las acciones del Estado.
Desde 2017, la maestra Pèrez ha destacado este enfoque como un eje fundamental en la formulaciòn de políticas públicas, aportando elementos clave en cuanto a sus objetivos, contenidos, procesos de gestiòn, estructura institucional y la incorporaciòn de la ciudadanía. Esta perspectiva tiene como propòsito consolidar una cultura basada en los derechos, en la que las y los servidores públicos actúen con conciencia y coherencia respecto a su responsabilidad gubernamental, mientras que la poblaciòn cuente con los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos de manera activa (Pèrez 2017).
En esta investigaciòn, se considerò pertinente complementar el enfoque previamente mencionado con una metodología basada en indicadores, utilizada de manera consistente en diversos instrumentos del Sistema Interamericano para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos. Esta metodología se estructura en tres categorías conceptuales: (i) recepciòn del derecho, (ii) contexto financiero y compromiso presupuestario, y (iii) capacidades estatales. Asimismo, incorpora tres principios transversales: (iv) igualdad y no discriminaciòn, (v) acceso a la justicia y
(vi) acceso a la informaciòn y participaciòn. De este modo, los estándares y criterios en los que se fundamenta garantizan una integraciòn coherente con el enfoque basado en derechos humanos.
Con el propòsito de organizar la informaciòn contenida en el sustento normativo mencionado en el apartado anterior, la clasificaciòn de los estándares y criterios se realiza a partir de los tres principios transversales ya señalados y las cuatro categorías que se describen a continuaciòn:
Armonizaciòn legislativa y normativa
Esta categoría implica el compromiso explícito del Estado en la formulaciòn y adaptaciòn de regulaciones que no solo reconozcan, sino que tambièn garanticen el cumplimiento equitativo de todos los derechos humanos, en conformidad con los tratados internacionales. La relevancia de este compromiso radica en la capacidad del marco legal para respaldar la exigibilidad de cada derecho reconocido.
Normas y principios rectores basados en derechos humanos
Esta categoría establece un conjunto de principios fundamentales orientados a la protecciòn efectiva de los derechos humanos, asegurando que las disposiciones normativas se traduzcan en acciones concretas y aplicables que salvaguarden la dignidad humana. Dichos principios incluyen la disponibilidad, el acceso, la adaptabilidad y la calidad de los servicios y derechos garantizados.
Institucionalidad y capacidades estatales
El respeto y garantía de los derechos humanos requieren la consolidaciòn de capacidades estatales concretas. En este sentido, el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas efectivas, sustentadas en una infraestructura institucional robusta, con autoridad explícita, recursos financieros y humanos adecuados, así como mecanismos eficientes de supervisiòn y cumplimiento.
Programas y medidas
Esta última categoría se refiere a la implementaciòn de programas y estrategias específicas por parte del Estado, orientadas a garantizar de manera integral el ejercicio efectivo de los derechos humanos para toda la poblaciòn.
4. Estándares y criterios de política pública para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas mayores
En esta secciòn se presenta un conjunto de estándares internacionales derivados del corpus juris de derechos humanos, los cuales establecen los componentes esenciales de diversos derechos aplicables a la poblaciòn adulta mayor, tales como el derecho a la alimentaciòn, la salud, el trabajo, los derechos sindicales, la seguridad social, la educaciòn, la cultura, el medio ambiente, la vivienda y el cuidado.
La organizaciòn de estos estándares se complementa con los criterios mencionados en secciones anteriores, conformando un conjunto de directrices amplias para la planificaciòn de políticas públicas nacionales. Dichas directrices sirven para construir un piso mínimo para garantizar los Derechos Econòmicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la poblaciòn adulta mayor, estableciendo así una base para su mediciòn en el contexto mexicano. Se recomienda la revisiòn del estudio completo de donde se desprende este artículo para un conocimiento integral de estos estándares y criterios (Arriaga 2025, Apartado III Secciones B, C y D).
Entre los estándares y criterios esenciales más relevantes en cuanto a los principios transversales para garantizar los DESCA de las personas adultas mayores, se destaca la importancia del principio de igualdad y no discriminaciòn como un factor esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos de este grupo. Es fundamental que el Estado cumpla con los compromisos establecidos en la Convenciòn Interamericana sobre la Protecciòn de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, particularmente en los artículos 4« y 5«. Se subraya, además, la necesidad de combatir el edadismo y la discriminaciòn por edad, prácticas que vulneran los derechos de las personas mayores y conducen a otras violaciones. Se entiende por edadismo: ´El edadismo surge cuando se utiliza la edad para clasificar y dividir a las personas de una forma que comporta un daño, desventaja o injusticia, y que erosiona la solidaridad intergeneracional. (...) El edadismo es un fenòmeno social polifacètico que la Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS) define como los estereotipos, los prejuicios y la discriminaciòn contra otras personas o autoinfligido por razones de edad...µ. (OPS 2021, 2). La Convenciòn señala que la marginaciòn y la exclusiòn afectan tanto las identidades sociales como personales, fomentando la discriminaciòn por edad. Por tanto, el Estado debe asegurar que la legislaciòn contemple una definiciòn amplia de discriminaciòn, que considere la discriminaciòn múltiple e interseccional, evitando cualquier justificaciòn que perpetúe prejuicios.
Es esencial garantizar la participaciòn activa de las personas adultas mayores en la familia, la comunidad y la sociedad, promoviendo su involucramiento en la planificaciòn, formulaciòn y evaluaciòn de políticas públicas, programas y presupuestos, así como en los procesos de consulta y rendiciòn de cuentas. Especial atenciòn debe prestarse a la inclusiòn de las mujeres adultas mayores en estos procesos, para evitar su exclusiòn en el ejercicio de sus derechos humanos. Asimismo, es necesario fomentar la participaciòn de las personas mayores en actividades intergeneracionales, permitièndoles compartir sus conocimientos, valores y habilidades. Se debe tambièn promover su integraciòn en mercados laborales inclusivos y en actividades educativas, culturales y recreativas, favoreciendo la adopciòn de sistemas de cuidado comunitarios en lugar de la institucionalizaciòn. Adicionalmente, se debe propiciar la inclusiòn digital y la participaciòn de las personas mayores en la gestiòn de crisis climáticas y desastres. Finalmente, se debe valorar las contribuciones de las personas mayores al desarrollo de las familias y las comunidades, reconociendo su experiencia en la protecciòn del medio ambiente y la recuperaciòn de desastres, asegurando su participaciòn en decisiones sobre la explotaciòn de recursos públicos.
En cuanto al principio de acceso a la informaciòn, los hallazgos resaltan la obligaciòn del Estado de garantizar el derecho de las personas mayores al consentimiento previo, libre e informado en intervenciones mèdicas y cuidados paliativos. Tambièn se enfatiza la importancia de la educaciòn sobre patologías, así como el acceso a informaciòn relacionada con la salud y nutriciòn, y la necesidad de proporcionar acceso a las tecnologías de la informaciòn y la comunicaciòn, abordando la difusiòn de informaciòn inexacta o pseudocientífica. Es crucial establecer un sistema de informaciòn que incluya indicadores específicos para monitorear la situaciòn de las personas mayores, además de prepararlas para enfrentar emergencias mediante planes de evacuaciòn adecuados..
El principio de acceso a la justicia exige que los Estados garanticen a las personas mayores un recurso efectivo frente a violaciones de sus derechos humanos, proporcionándoles protecciòn y acceso rápido a servicios sociales y jurídicos. Esto implica un trato preferencial en la tramitaciòn de casos, la promociòn de mecanismos alternativos de resoluciòn de conflictos y la capacitaciòn del personal judicial y de seguridad en relaciòn con los derechos de las personas mayores. Es fundamental contar con jueces competentes e imparciales que aseguren que las personas mayores sean escuchadas de manera justa y en plazos razonables, con ajustes procesales adecuados para evitar la discriminaciòn por edad. Asimismo, se debe penalizar el abuso, maltrato, explotaciòn y discriminaciòn contra este grupo, promoviendo mecanismos de denuncia y ofreciendo acceso a recursos legales y reparaciòn. Es igualmente crucial prevenir y sancionar el trato mèdico inadecuado y los abusos en instituciones de cuidado. En lo que respecta a las mujeres mayores, se deben tomar medidas para abordar las desigualdades de gènero que agravan su vulnerabilidad y aumentan los riesgos de violencia. Es necesario fortalecer la legislaciòn, administraciòn y formaciòn del personal para garantizar el acceso equitativo a la justicia, crear espacios seguros y promover la visibilidad de los derechos de las personas mayores.
Los estándares y criterios identificados en relaciòn con las normas y políticas públicas destacan la imperiosa necesidad de que el Estado implemente medidas en las cuatro áreas clave abordadas a continuaciòn:
En cuanto a la armonizaciòn legislativa y normativa, se identifica la necesidad de revisar y modificar leyes y prácticas discriminatorias que afectan a las personas mayores, como la exclusiòn de servicios esenciales, la negaciòn de nutriciòn o la segregaciòn en el acceso a salud, educaciòn, seguridad social y otros servicios. Es fundamental promover leyes que protejan a las personas mayores, especialmente a las mujeres, de la discriminaciòn por edad, así como erradicar prácticas consuetudinarias perjudiciales. Tambièn se deben regular las prácticas de explotaciòn comercial que afectan a este grupo, reconocer su trabajo no remunerado en el sistema de protecciòn social y fomentar su inclusiòn laboral, incluso despuès de la jubilaciòn, mediante marcos legales flexibles en cuanto a jornada laboral y edad de jubilaciòn. Es esencial proteger a las personas mayores en instituciones de salud y servicios de cuidado a largo plazo, garantizando que los responsables respondan legalmente por maltratos. Además, se requiere una reforma de los sistemas de pensiones que aborden cuestiones de gènero y compensen el trabajo de cuidado no remunerado. Tambièn se deben reconocer los derechos de las personas mayores migrantes y mejorar los marcos jurídicos nacionales y subnacionales para garantizar sus derechos, incorporando enfoques de derechos humanos, gènero e interculturalidad, y protegiendo a los mayores en situaciones de desastre.
Los hallazgos sobre la disponibilidad de servicios y bienes esenciales subrayan la necesidad de garantizar el acceso de las personas adultas mayores a una alimentaciòn adecuada, atenciòn mèdica especializada, medicamentos esenciales y servicios de salud integrales, incluidos cuidados paliativos. Es crucial proporcionar servicios accesibles, tanto física como econòmicamente, y fomentar el acceso equitativo a agua potable, saneamiento y energía renovable. Asimismo, se debe crear un entorno urbano y rural que favorezca su participaciòn activa en la sociedad, promoviendo su acceso a actividades educativas, culturales, recreativas y laborales. Tambièn es esencial garantizar el acceso a vivienda adecuada, recursos econòmicos y servicios de asistencia domiciliaria y cuidado a largo plazo, reconociendo y apoyando el trabajo de cuidado no remunerado, especialmente en mujeres mayores. Además, se requiere adaptar los espacios y servicios a sus necesidades cambiantes, asegurando que puedan vivir en entornos seguros y adecuados a sus capacidades.
En cuanto a la institucionalidad y capacidades estatales, los hallazgos enfatizan la necesidad de fortalecer los servicios mèdicos y sociales especializados, como la atenciòn preventiva y curativa, los cuidados paliativos y la atenciòn a enfermedades crònicas y degenerativas. Es fundamental implementar planes de salud enfocados en el envejecimiento, proporcionando diagnòsticos y tratamientos tempranos. Además, se requiere un sistema integral de cuidados que incluya atenciòn domiciliaria, cuidados a largo plazo y servicios de salud mental, con personal especializado y programas de capacitaciòn. El fortalecimiento de la seguridad social y la inclusiòn de las personas mayores en los sistemas de protecciòn social, pensiones y apoyos econòmicos son fundamentales, especialmente para quienes carecen de ingresos.
Es esencial desarrollar políticas públicas intersectoriales que aborden la salud, la prevenciòn y atenciòn de enfermedades en todas las etapas de la vida, así como los cuidados paliativos y la rehabilitaciòn, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Estas políticas deben fomentar un estilo de vida productivo, el acceso a empleo digno e inclusiòn laboral de las personas mayores, con un enfoque especial en la igualdad de oportunidades y la protecciòn social de las mujeres.
Finalmente, los programas deben abordar las necesidades alimentarias, nutricionales y de salud de las personas mayores, incluyendo prevenciòn, atenciòn, rehabilitaciòn, cuidados físicos y mentales, así como acceso a medicamentos y ayudas tècnicas. Es esencial promover la reintegraciòn laboral de las personas mayores, con formaciòn y prevenciòn de accidentes. Además, deben desarrollarse programas educativos sobre envejecimiento e inclusiòn digital, y fomentar su participaciòn en actividades recreativas y culturales. Se debe adaptar la vivienda para el envejecimiento, mejorar la protecciòn social y asegurar recursos para el cuidado, especialmente en casos de deterioro cognitivo y cuidados paliativos. Tambièn es necesario ofrecer apoyo a las familias cuidadoras y programas de autoayuda entre mayores, investigar la brecha digital y combatir las violencias dirigidas a esta poblaciòn.
Este apartado expone los hallazgos clave derivados de una revisiòn inicial relevante del Apartado IV de la Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores, simplificando la presentaciòn de los datos (Arriaga, 2025), aunque no exhaustiva, de indicadores que proporcionan informaciòn sòlida y confiable sobre los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales de la poblaciòn adulta mayor. Las fuentes consultadas refieren principalmente al Sistema Nacional de Evaluaciòn de Derechos Humanos (SNEDH), que incluye 60 indicadores cuantitativos y 9 cualitativos ³que forman parte del último informe que rinde cuentas al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador³, algunos de los cuales se han retomado en este análisis. Tambièn se han considerado indicadores basados en datos obtenidos por el INEGI a travès de la Encuesta Nacional sobre Discriminaciòn (ENADIS).
Es relevante destacar que la informaciòn presentada debe interpretarse de manera crítica, ya que las variaciones observadas o las aparentes "mejoras" pueden estar influenciadas por el alto índice de mortalidad registrado en la poblaciòn adulta mayor hacia 2022. De acuerdo con el INEGI, el 65.2% de las muertes atribuidas al COVID-19 correspondieron a este grupo etario, lo que equivale a 25,109 fallecimientos. En el mismo año, la poblaciòn de 65 años o más concentrò el mayor número de defunciones, acumulando 497,488 muertes, lo que representa el 58.7% de los 847,716 decesos totales registrados, siendo este el grupo de edad con las tasas específicas de defunciòn más altas por cada 100 mil habitantes (5,995 y 4,714, respectivamente) entre 2021 y 2022.
El Cuadro 1 presenta la mediciòn de 14 indicadores. Para facilitar su interpretaciòn, se han incluido dos columnas que reflejan la variaciòn de la informaciòn en tèrminos relativos y absolutos, acompañadas de símbolos y una codificaciòn de colores basada en un sistema de semaforizaciòn. El análisis del comportamiento de cada indicador se realizará con base en la clave correspondiente, ubicada en la primera columna.
Cuadro 1. Concentrado de indicadores sobre DESCA de la poblaciòn adulta mayor en México
Notas: a) La informaciòn corresponde a la poblaciòn de 65 años y más, salvo en el caso del penúltimo indicador (clave SSdP02a), que se refiere a las personas de 60 años y más. b Con el fin de facilitar la consulta, se incluye la clave utilizada para clasificar los indicadores dentro del Sistema Nacional de Evaluaciòn de Derechos Humanos. c La denominaciòn del indicador ha sido abreviada en el cuadro; no obstante, los porcentajes, tasas y cobertura corresponden a la poblaciòn de 65 años y más. d Para una correcta interpretaciòn de los datos, en la columna ´Unidadµ se especifica si la informaciòn se presenta en miles o millones de personas, o bien, en el número de horas semanales promedio. e La brecha en el tiempo semanal dedicado a los quehaceres domèsticos se calcula con base en la diferencia entre las horas promedio que los hombres y las mujeres destinan a estas actividades. En el apartado de poblaciòn, se indica el tiempo promedio semanal que las mujeres de 60 años y más dedican a las tareas domèsticas.
f En 2020 se recopilò por primera vez la informaciòn correspondiente al indicador ZiP02. Una vez que se disponga de datos para otro año, será posible estimar su variaciòn. Fuente: Elaboraciòn propia con informaciòn del Sistema Nacional de Evaluaciòn de Derechos Humanos. (SEGOB, s.f).
Garantizar el acceso a la alimentaciòn constituye una prioridad fundamental para el Estado mexicano, requiriendo una atenciòn inmediata. En este sentido, el indicador AaR02n evidencia avances significativos en el periodo 2016-2022, reflejados en la disminuciòn del porcentaje de personas adultas mayores en situaciòn de carencia alimentaria del 20% al 15%. No obstante, esta problemática persiste, ya que, en 2022, cerca de 2 millones de personas de 65 años o más seguían enfrentando esta condiciòn, lo que subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas para su erradicaciòn.
La reducciòn de la pobreza extrema en la poblaciòn adulta mayor representa un desafío crucial, dado que cualquier forma de privaciòn ³ como ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y la presencia de al menos tres carencias sociales (rezago educativo, acceso limitado a servicios de salud, falta de seguridad social, condiciones inadecuadas de vivienda y deficiencias en la alimentaciòn) ³ vulnera sus derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales. En este contexto, el indicador AaR05b muestra una disminuciòn significativa de casi cuatro puntos porcentuales; sin embargo, para 2022, alrededor de 602 000 personas mayores seguían en situaciòn de pobreza extrema, lo que resalta la urgencia de diseñar estrategias más eficaces para combatir esta condiciòn.
Desde una perspectiva educativa, el acceso insuficiente o la falta de conclusiòn de los niveles educativos obligatorios constituye un rezago significativo que limita el ejercicio pleno de diversos derechos humanos. El indicador EaR06n muestra una disminuciòn porcentual del rezago educativo; sin embargo, en tèrminos absolutos, la problemática ha aumentado. Mientras que en 2016 se registraban 5.4 millones de personas en esta situaciòn, en 2022 la cifra ascendiò a 5.8 millones.
En cuanto a la poblaciòn alfabetizada hablante de lengua indígena de 65 años y más, el indicador EdR04a evidencia un avance relevante en el transcurso de una dècada. La proporciòn de personas mayores que completaron la educaciòn primaria pasò del 5.8% en 2010 al 10.5% en 2020, lo que equivale a un incremento de aproximadamente 55,500 personas. Este progreso puede interpretarse como un logro en tèrminos de movilidad intergeneracional educativa o como una mejora en la preservaciòn y el aprendizaje de lenguas indígenas entre las nuevas generaciones. No obstante, para determinar con precisiòn las causas subyacentes, se requiere un análisis más profundo que excede los alcances de este estudio.
En materia laboral, resulta esencial examinar la tasa de desocupaciòn en este grupo etario. Según el indicador TaR02a, este porcentaje ha presentado variaciones constantes a lo largo del tiempo, mantenièndose en aproximadamente 33 000 personas. Este dato refleja el número de adultos mayores que, pese a no contar con empleo, se encontraban en búsqueda activa de trabajo.
Asimismo, el indicador TaR05a muestra un incremento de 8 puntos porcentuales en la proporciòn de personas adultas mayores que perciben ingresos inferiores a dos salarios mínimos entre 2017 y 2021. Como se muestra en el Cuadro 1, en 2021 más de dos millones de adultos mayores empleados se encontraban en esta situaciòn, lo que evidencia una condiciòn de precariedad laboral que debe ser considerada en el diseño de políticas públicas dirigidas a este sector.
Por otro lado, el indicador UaR01 muestra la evoluciòn de la tasa de sindicalizaciòn entre trabajadores subordinados y remunerados de 65 años o más, la cual ha experimentado un incremento progresivo, al pasar del 9.6 % en 2017 al
12.6 % en 2021. Este aumento representa aproximadamente 27 millones de personas adicionales sindicalizadas dentro de este grupo etario, alcanzando un total de 838 millones de personas en 2021.
El acceso a los servicios de seguridad social constituye un aspecto fundamental para el bienestar de la poblaciòn adulta mayor. Se considera una carencia en este ámbito cuando las personas no tienen acceso a las prestaciones establecidas en el artículo 2.þ de la Ley de Seguridad Social o en normativas equivalentes, incluyendo servicios de salud, protecciòn de los medios de subsistencia, asistencia mèdica, servicios sociales y derecho a una pensiòn.
Para la poblaciòn econòmicamente activa, esta carencia se manifiesta en la falta de acceso a dichas prestaciones. En el caso de personas trabajadoras no asalariadas o independientes, la problemática radica en la dificultad para afiliarse voluntariamente al règimen obligatorio del IMSS y en la ausencia de un sistema de ahorro para el retiro (SAR) o una Afore. De manera más general, esta carencia afecta a quienes no cuentan con una jubilaciòn o pensiòn y a aquellas personas que, aun siendo beneficiarias de programas de pensiòn, reciben un monto inferior al promedio del valor de la canasta alimentaria.
El indicador SScR01n evidencia una reducciòn significativa en la proporciòn de adultos mayores sin acceso a la seguridad social, al disminuir del 41.1 % en 2016 al 20.8 % en 2022, lo que representa aproximadamente 2.6 millones de personas en esta situaciòn en 2022. Este avance podría estar relacionado con la ampliaciòn de la cobertura del Programa de Pensiòn para Adultos Mayores, como lo indica el indicador SSaP05. En 2010, dicho programa beneficiaba al 31.7 % de las personas de 65 años o más, mientras que, para 2021, su cobertura se extendiò al 96.4 % de esta poblaciòn, alcanzando a 9.8 millones de beneficiarios en este último año.
El acceso a los servicios de salud tambièn ha mostrado una tendencia preocupante, con un aumento progresivo en la poblaciòn adulta mayor que carece de afiliaciòn a instituciones públicas o privadas de salud. Según el indicador ScR01n, en 2016, el 9.5% de este grupo poblacional enfrentaba esta situaciòn; sin embargo, para 2022, la cifra se incrementò en casi 20 puntos porcentuales, afectando a al menos 3.7 millones de personas en 2022.
En cuanto a las condiciones de vivienda, la falta de acceso a servicios básicos sigue siendo un problema significativo. Según el indicador VaP03a, en 2017, al menos 1.7 millones de adultos mayores carecían de servicios esenciales como agua potable, electricidad o drenaje adecuado. Para 2020, esta cifra aumentò a más de 2.1 millones de personas.
Dentro de estos servicios básicos, el acceso al agua potable es particularmente crucial. El indicador McR01 revela que, en 2020, el 96.8% de las personas de 65 años o más disponía de este recurso dentro de su vivienda o predio, lo que representa aproximadamente 10 millones de personas. No obstante, el 3.2% restante (328,563 personas) aún carecía de este servicio, evidenciando una necesidad urgente de atenciòn.
Desde una perspectiva de gènero, el análisis del tiempo dedicado a las tareas domèsticas por personas de 60 años o más constituye un aspecto fundamental. El indicador SSdP02a muestra que, aunque la brecha en el número promedio de horas destinadas por hombres y mujeres se ha reducido ligeramente durante una dècada (en solo una hora), en 2019 la diferencia seguía siendo considerable, con una disparidad de 20 horas semanales en perjuicio de las mujeres. En ambos años de estudio, las mujeres dedicaban en promedio 35.8 horas semanales a estas labores.
Finalmente, la participaciòn de los adultos mayores en la toma de decisiones públicas se refleja en el indicador ZiP02, el cual revela que, en 2020, el 67.5% de la poblaciòn encuestada percibía que el gobierno tomaba en cuenta sus opiniones para la formulaciòn de políticas.
Estos indicadores reflejan la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias gubernamentales para garantizar el bienestar de la poblaciòn adulta mayor, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Continuando con el análisis, la Gráfica 1 revela que, en 2022, del total nacional de personas de 60 años y más (16,942,893), un 45.5% (7.7 millones de personas) identificò el ámbito de la salud como el espacio donde se produjo en gran medida la negaciòn de sus derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales, debido a la falta de atenciòn mèdica y medicamentos en los últimos cinco años, siendo las mujeres el grupo más afectado (46.8%).
Un segundo ámbito donde se reportò la negaciòn de derechos corresponde a la seguridad social, específicamente en tèrminos de la recepciòn de apoyo de programas sociales (33.3%, es decir, 5.6 millones), siendo nuevamente las mujeres quienes reportaron esta negaciòn en mayor proporciòn (38.7%).
En cuanto al derecho al trabajo, se negò a un 25.6% la posibilidad de conseguir un empleo u obtener un ascenso, afectando a 4.3 millones de personas, siendo en este caso los hombres los más afectados (33.8%).
Gráfica 1. Poblaciòn de 60 años y más a la que le fue negado alguno de sus derechos injustificadamente en los últimos 5 años (2022)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminaciòn (ENADIS) 2022: Resultados generales (INEGI, 2022, 108).
En la misma Gráfica 1, se observa, aunque en menor proporciòn, la negaciòn de atenciòn o servicios que experimentaron el 24.5% de las personas adultas mayores (aproximadamente 4 millones) al acudir a alguna oficina gubernamental; siendo los hombres los más afectados (27.3%). De manera similar, el 16.9% de los hombres que solicitaron un crèdito, prèstamo o tarjeta, o aquellos a quienes se les negò la entrada o permanencia en algún establecimiento comercial, centro comercial o banco (9.1%), tambièn enfrentaron esta situaciòn. Asimismo, el 2.5% de los hombres experimentò la denegaciòn al intentar rentar un lugar para vivir.
Por otro lado, la Gráfica 2 evidencia que, en Mèxico, la discriminaciòn hacia las personas de 60 años o más, derivada de múltiples factores, constituye una problemática de gran relevancia que requiere una intervenciòn inmediata. Resulta imperativo abordar este fenòmeno con celeridad a fin de evitar la vulneraciòn sistemática de los DESCA, así como de otras libertades fundamentales de esta poblaciòn.
Gráfica 2. Porcentaje de la poblaciòn de 60 años y más que declarò haber sido discriminada en los últimos 12 meses, por motivo
Notas: Para el caso de 2017, la informaciòn se refiere al periodo de agosto de 2016 a octubre de 2017; mientras que para 2022, se refiere al periodo de julio de 2021 a septiembre de 2022.
La suma de los porcentajes supera el 100% debido a la existencia de casos en los que se reportaron múltiples motivos de discriminaciòn. Fuente: (INEGI 2022, 110).
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminaciòn (ENADIS) de 2017 y 2022, la prevalencia de discriminaciòn hacia las personas de 60 años y más ha disminuido ligeramente entre ambos periodos, pasando de 18.3% en 2017 a 17.9% en 2022. En tèrminos absolutos, esta situaciòn afectò a 303,277,785 personas en 2022. El principal motivo de discriminaciòn identificado fue la edad. En 2017, el 55.2% de las personas adultas mayores que reportaron haber sido discriminadas atribuyeron esta situaciòn a su edad, mientras que en 2022 este porcentaje disminuyò a 39.2%.
En 2022, otros factores de discriminaciòn, aunque menos frecuentes, incluyeron motivos como opiniones políticas (24.8%, equivalentes a 75.2 millones de personas), manera de hablar (20.7%, 62.8 millones), forma de vestir o arreglo personal (17.3%, 52.5 millones), condiciòn de discapacidad (13.3%, 40.3 millones) y estado de salud (12%, 36.4 millones). Tambièn se reportaron casos relacionados con el estado civil, situaciòn de pareja o familiar (6.9%, 20.9 millones), así como con la pertenencia a comunidades indígenas o afrodescendientes (5.1%, 15.5 millones).
Por otro lado, algunos motivos de discriminaciòn han mostrado una disminuciòn en los últimos años, como las creencias religiosas (de 28.1% a 20.4%), estatura o peso (de 17% a 15.1%), lugar de residencia (de 14.5% a 13.8%), gènero (de 14.6% a 13.8%), clase social (de 14% a 10.9%), tono de piel (de 12.5% a 9.6%) y orientaciòn sexual (de 4.1% a 1.2%).
Estas situaciones representan desafíos significativos que demandan una atenciòn más focalizada y efectiva.
Con base en los datos derivados de los 16 indicadores seleccionados, es posible afirmar que Mèxico ha registrado avances relevantes en la garantía de los Derechos Econòmicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las personas adultas mayores. No obstante, aún persisten desafíos sustanciales que dificultan el ejercicio pleno de estos derechos en este grupo poblacional.
En lo que respecta a los principios transversales, es indispensable continuar fortaleciendo la igualdad y la no discriminaciòn, ya que constituyen condiciones fundamentales para el disfrute, garantía y exigibilidad de los DESCA. Un hito significativo alcanzado hasta el año 2022 fue la disminuciòn del porcentaje de personas adultas mayores que reportaron haber sufrido discriminaciòn, situándose en 17.9%. Sin embargo, esta mejora evidencia la necesidad de seguir combatiendo todas las formas de discriminaciòn, especialmente aquellas basadas en la edad, que se sostienen en estereotipos profundamente arraigados en las dinámicas sociales, organizativas e institucionales.
En este marco, se vuelve prioritario capacitar adecuadamente a las y los funcionarios públicos responsables de la provisiòn de servicios mèdicos, medicamentos, programas sociales y servicios públicos, para garantizar una atenciòn digna y oportuna a las personas adultas mayores. Dicha capacitaciòn es crucial para evitar la negaciòn de servicios, acto que constituye una grave vulneraciòn de sus derechos.
En cuanto a la participaciòn en asuntos públicos, si bien más del 50% de las personas adultas mayores se perciben incluidas, un 32.5% reporta no sentirse representado. El inicio de una nueva administraciòn federal representa una oportunidad estratègica para promover la inclusiòn activa de este sector en la toma de decisiones, en el diseño y monitoreo de políticas públicas, así como en la fiscalizaciòn del uso de los recursos públicos.
Desde una perspectiva de política pública, se requiere el diseño e implementaciòn de estrategias integrales que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Estas estrategias deben incluir medidas para garantizar el acceso a una alimentaciòn suficiente y nutritiva, reducir los niveles de pobreza extrema y superar el rezago educativo que afecta aún a la mitad de esta poblaciòn. Particular atenciòn merece la garantía de continuidad educativa para personas adultas mayores indígenas. Igualmente, es fundamental promover la inclusiòn en mercados laborales formales que les permitan percibir ingresos dignos ³por encima de dos salarios mínimos³, y fortalecer su derecho a la sindicalizaciòn.
Adicionalmente, las políticas dirigidas a este grupo deben atender las brechas existentes en materia de seguridad social, asegurando la continuidad del Programa de Pensiòn para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y desarrollando mecanismos eficaces que garanticen su disfrute pleno, incluyendo medidas de reparaciòn y acceso a la justicia en caso de violaciones. En el ámbito de la salud, se debe priorizar la adscripciòn y afiliaciòn de las personas mayores a instituciones públicas. Respecto a la vivienda, es urgente ampliar la cobertura de servicios básicos en los hogares habitados por esta poblaciòn, como el suministro de agua potable, drenaje, recolecciòn de residuos, energía elèctrica e insumos seguros para la preparaciòn de alimentos.
Finalmente, es imprescindible incorporar un enfoque de gènero que promueva una distribuciòn equitativa de las tareas domèsticas, aliviando la carga desproporcionada que enfrentan las mujeres adultas mayores. Este enfoque constituye un eje clave para avanzar hacia una mayor equidad y justicia social en todos los aspectos de la vida cotidiana de esta poblaciòn.
La investigaciòn sobre derechos econòmicos sociales, culturales y ambientales de las personas adultas mayores se configura como un documento detallado que sistematiza estándares e integra criterios que emergen de un proceso constante de reflexiòn y análisis tanto a nivel internacional como regional del Apartado V de la Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores (Arriaga, 2025). Se incorpora la Tabla 2 para la exposiciòn gráfica del avance en dicha investigaciòn.. Dichos estándares y criterios tienen el potencial de funcionar como herramientas orientadoras para la elaboraciòn de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los DESCA en este grupo etario.
Para la sistematizaciòn de los estándares y criterios relacionados con los ejes transversales y con cada uno de los derechos que conforman los DESCA, se adoptò un enfoque centrado en los derechos humanos. Este enfoque permite consultar los datos de manera independiente mediante las fuentes referenciadas, sin omitir las características esenciales de interdependencia e indivisibilidad que definen a los derechos humanos.
El documento se estructura a partir de la identificaciòn de indicadores oficiales proporcionados por el Estado mexicano al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, òrgano de la Organizaciòn de los Estados Americanos encargado de monitorear el cumplimiento, garantía y promociòn de los DESCA en la regiòn. A este esfuerzo se suma la incorporaciòn de desgloses específicos que permiten ofrecer una imagen más precisa sobre el grado de disfrute de estos derechos en el caso particular de las personas adultas mayores. Este análisis se complementa con los hallazgos de una encuesta nacional orientada a prevenir la discriminaciòn.
A pesar de la existencia de un conjunto amplio de criterios contenidos en los marcos normativos y en el corpus juris que respalda los DESCA, así como sus interpretaciones por parte de los òrganos competentes, es relevante destacar que, debido a limitaciones temporales, se optò por seleccionar aquellos indicadores sustentados en informaciòn cuantitativa disponible. No obstante, se reconoce que la incorporaciòn futura de indicadores cualitativos enriquecería el análisis al ofrecer una comprensiòn más contextual y detallada. Tambièn se enfatiza la importancia de contar con informaciòn oficial actualizada, lo cual posibilitaría una evaluaciòn más precisa del nivel de cumplimiento de estos derechos durante la totalidad del sexenio anterior.
La Tabla 2 presenta un listado sistematizado de los estándares y criterios de política pública en materia de derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) aplicables a la poblaciòn adulta mayor. Asimismo, ofrece una representaciòn gráfica de los temas abordados a partir de los indicadores seleccionados y analizados en el apartado anterior. Estos se han clasificado según su estatus: en color verde, los temas analizados con base en informaciòn sòlida; en color amarillo, aquellos parcialmente revisados a partir de la informaciòn disponible; y sin color, los temas aún pendientes de revisiòn. En los casos pertinentes, se requiere la operacionalizaciòn de estos aspectos mediante un conjunto de indicadores que permitan evaluar su nivel de cumplimiento.
Tabla 2. Estándares y criterios de política pública sobre DESCA de las personas adultas mayores (PAM)
| PRINCIPIOS TRANSVERSALES | Est atus |
| Igualdad y no discriminaciòn | |
| -Calificar al edadismo y la discriminaciòn por edad como violaciones de derechos humanos de las personas adultas mayores (en adelante PAM), así como, la marginaciòn, la exclusiòn o los estereotipos. | |
| -Equiparar el nivel de escrutinio de la discriminaciòn por edad a otras formas de discriminaciòn que ya aplican. | |
| -Evitar toda discriminaciòn fundada en la edad, en materia de empleo y ocupaciòn. | |
| Participaciòn e inclusiòn | |
| -Considerar a la PAM en la planificaciòn, formulaciòn, aplicaciòn y evaluaciòn de la legislaciòn y las políticas públicas. | |
| -Participaciòn de las mujeres adultas mayores en la planificaciòn, formulaciòn, aplicaciòn y evaluaciòn de la legislaciòn y en los debates de las políticas públicas. | |
| -Las PAM comparten sus conocimientos, cultura, valores espirituales y habilidades, incluso como maestras y maestros, y transmisores de estos. | |
| -Se cuenta con movimientos, asociaciones u organizaciones de la sociedad civil formados por PAM. | |
| -Integraciòn de las PAM en actividades intergeneracionales, sin prejuicios y estereotipos. | |
| -Uso inapropiado de etiquetas para dirigirse a las PAM considerándolas: un grupo frágil, vulnerable, receptores pasivos de asistencia o personas incapaces de tomar decisiones. |
| -Inclusividad en mercados laborales, actividades, proyectos y recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. | |
| -Existencia de sistemas de cuidado comunitario. | |
| -Promociòn de la inclusiòn digital en actividades educativas sobre manejo de las Tecnologías de la Informaciòn y la Comunicaciòn (TIC). | |
| -Existencia de viviendas que faciliten la integraciòn social de las PAM. | |
| -Las PAM participan en los planes y estrategias de gestiòn y mitigaciòn de la crisis climática, desastres naturales o situaciones de emergencia. Y en los programas de formaciòn, capacitaciòn y recolecciòn de datos. | |
| -Promover, valorar y reconocer las contribuciones de las PAM para el desarrollo de las familias, comunidades y países. Particularmente en el medio ambiente, recuperaciòn de desastres o al expresar su opiniòn y aprobaciòn en situaciòn de emergencia. | |
| Acceso a la informaciòn | |
| -Se garantiza el derecho al consentimiento previo, libre e informado para toda intervenciòn mèdica y cuidados paliativos. | |
| -Se brinda educaciòn sobre patologías y la opiniòn informada, y aquella relacionada con la salud y la nutriciòn. | |
| -Existencia de un proceso para que las PAM puedan expresar su voluntad anticipada, modificarla o ampliarla, e incluir instrucciones sobre intervenciones en materia de salud y cuidados paliativos. | |
| -Acceso y manejo de las TIC e informaciòn mediática, para identificar informaciòn inexacta, tergiversada o pseudocientífica. | |
| -Existencia de un sistema de informaciòn e indicadores para evaluar y dar seguimiento a la situaciòn de los derechos de las PAM. | |
| -Capacitaciòn para enfrentar situaciones de emergencia e implementar planes de evacuaciòn adecuados. | |
| -Indicadores y datos de PAM sobre experiencias de violencia, maltrato, descuido y feminicidio. | |
| Acceso a la justicia | |
| -Existencia de recursos legales, judiciales y efectivos, así como mecanismos de denuncia y reparaciòn ante violaciones de derechos humanos de las PAM. | |
| -Protecciòn y acceso a servicios sociales y jurídicos de manera expedita, priorizando atenciòn y trato preferencial a las PAM. | |
| -Mecanismos alternativos para la soluciòn y ejecuciòn de controversias. | |
| -Capacitaciòn del personal que administra y opera la justicia, incluido el personal policial y penitenciario. | |
| -Se cuenta con jueces competentes, independientes e imparciales para garantizar que escuchen a las PAM en un plazo razonable. | |
| -Existencia de ajustes de procedimiento hacia las PAM en los procesos judiciales y administrativos, e incluso actuaciòn judicial. | |
| -Políticas y procedimientos que incluyan la penalizaciòn de las personas responsables de discriminaciòn, violencia, maltrato, explotaciòn y abuso contra las PAM, simplificando trámites y reduciendo el tiempo para emitir sentencias. |
| -Prevenir, sancionar o erradicar prácticas de tratamientos mèdicos inadecuados o desproporcionados. Incluyendo a instituciones o personas que realizan trabajo de cuidado. | |
| -Medidas para abordar cuestiones que generan desventajas acumuladas en la vida de las mujeres mayores. | |
| -Restaurar y promover derechos de las PAM, visibilizar casos de víctimas, ofrecer servicios de atenciòn y campañas de concientizaciòn pública, establecer protocolos de actuaciòn policial y normas específicas de protecciòn de la integridad y enfoque de gènero en el derecho procesal. | |
| -Medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias para garantizar la debida diligencia y el trato preferencial hacia las PAM. | |
| -Reconocer la diversidad de la vejez en cada país y fortalecer las instituciones y defensorías de los derechos humanos de las PAM para proporcionar asesoría legal accesible y la difusiòn de sus derechos. | |
| NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | Est atus |
| Armonizaciòn legislativa y normativa | |
| -Incorporaciòn en la legislaciòn el contenido de los Artículos 4« y 5« de la Convenciòn sobre PAM. | |
| -Revisar, modificar o abrogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas discriminatorias (incluyendo entre otras: la negaciòn de la nutriciòn, la segregaciòn o negaciòn del acceso a servicios de salud, seguridad social, formaciòn y educaciòn, al agua y saneamiento o problemas de integraciòn por el desarrollo o construcciòn urbana). | |
| -Existencia en la legislaciòn de una definiciòn amplia sobre la discriminaciòn múltiple, acumulativa e interseccional hacia las PAM. | |
| -Promover leyes y regulaciones que protejan a las PAM de sufrir múltiples formas de discriminaciòn, como las normativas sucesorias relacionadas con la propiedad y el apoderamiento de la tierra. | |
| -Incorporar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para limitar la venta que explota los recursos de las PAM. | |
| -Reconocer la labor de cuidado gratuito mediante su integraciòn al sistema de protecciòn social y acceso a prestaciones. | |
| -Estimular la educaciòn continua de las PAM a todos los niveles y promover prestaciones y servicios de educaciòn en los sistemas de protecciòn social. | |
| -Promover la inclusiòn laboral y el empleo formal de las PAM, incluso despuès de su jubilaciòn. | |
| -Regular el autoempleo o empleo domèstico de la PAM. Eliminar restricciones fiscales sobre actividades voluntarias no estructuradas que dificultan el trabajo parcial. Reducciòn gradual de la jornada laboral, empleos de tiempo parcial y horarios flexibles, jubilaciòn de manera flexible. Garantizar la cobertura social, la percepciòn de salarios justos, licencias, indemnizaciòn por despido, seguro de desempleo, protecciòn social, jubilaciòn y seguros de vejez. Garantizar la seguridad del ingreso a las PAM ocupada que sufra una incapacidad laboral. Proteger los ahorros de las PAM contra efectos de la inflaciòn y asegurar su poder adquisitivo. |
| -Adoptar marcos legales, protocolos, mecanismos de supervisiòn y control para proteger a las PAM que residen en instituciones de salud públicas y privadas o servicios de cuidado a largo plazo. Promover iniciativas de conciliaciòn entre la vida laboral y personal de la poblaciòn, que favorezcan el cuidado de las PAM. Establecer legislaciòn para que las personas responsables y el personal de servicios de cuidado respondan administrativa, civil y/o penalmente por actos cometidos en detrimento de las PAM. | |
| -Reformar los sistemas de pensiones para responder a las cuestiones de gènero, promulgar regímenes no contributivos y universales, compensar periodos de trabajo de cuidado no remunera y ajustar regularmente los niveles de prestaciòn. | |
| -Reconocer en la legislaciòn nacional las prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensiòn, jubilaciones, así como la protecciòn social plena de las PAM migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas, y su reintegraciòn, particularmente con el tema de vivienda. | |
| -Fortalecer los marcos jurídicos nacionales y subnacionales que protegen los derechos humanos de las PAM. Incorporar instrumentos pertinentes, adecuados, armonizados con el enfoque de derechos humanos, de gènero, interculturalidad e interseccionalidad, y alineados con los principios de la Convenciòn. | |
| -Retomar experiencias innovadoras en materia legislativa sobre protecciòn social y garantía de los derechos de las PAM. | |
| -Existencia de un marco jurídico nacional que proteja a las PAM en caso de desastres naturales. | |
| Normas para el ejercicio efectivo de los derechos humanos | |
| -Disponibilidad de instalaciones, bienes y servicios esenciales para garantizar los derechos de las PAM, incluyendo entre otras: alimentos suficientes, sistemas de salud ³preventiva, curativa, paliativa y especializada³, medicamentos esenciales reconocidos por la Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS), equipamientos, ayudas tècnicas y servicios integrales. | |
| -Acceso físico, econòmico de alimentos sanos, nutritivos y adecuados; programas de nutriciòn con informaciòn clara, sencilla y comprensible sobre nutriciòn comestible y bebidas y sus impactos sobre la salud. | |
| -Planificaciòn urbana con perspectiva del curso de vida. Garantizar entornos saludables y adecuados para que las PAM puedan realizar sus actividades. | |
| -Acceso equitativo y asequible al agua potable y saneamiento, eliminaciòn de desechos y energía moderna y renovable. | |
| -Acceso a sistemas de salud con cobertura universal, efectiva y cuidados paliativos, con informaciòn clara y oportuna, sin discriminaciòn y acorde a la identidad cultural, comprensible según el nivel educativo y las necesidades de comunicaciòn sobre las opciones de tratamiento, sus riesgos y beneficios (incluye medicamentos, audífonos, pròtesis dentales, |
| gafas y otras pròtesis), asistencia domiciliaria, residencial y otros apoyos comunitarios. | |
| -Disponibilidad y acceso a la vivienda y terrenos habilitados y asequibles, así como tierra, incluyendo el crèdito u otras formas de financiamiento, incluyendo a quienes viven la situaciòn de refugio o desplazamiento interno. En situaciòn de desastre, las PAM cuenten con acceso a bienes y servicios. | |
| -Acceso a oportunidades de trabajo o generaciòn de ingresos. | |
| -Acceso a recursos educativos y tecnologías de la informaciòn y comunicaciòn (incluyendo habilidades digitales y accesibilidad). Acceso a computadoras portátiles, tabletas, telèfonos inteligentes y planes de conexiòn. | |
| -Acceso físico a instituciones culturales y recreativas como museos, teatros, salas de conciertos y cines, promoviendo así su participaciòn activa en la sociedad. | |
| -Acceso a las vías de remisiòn e incluir a las personas de edad en todas las dimensiones sectoriales de trabajo, a fin de prevenir, mitigar y responder a la violencia sexual y de gènero. | |
| -Desarrollar programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles que atiendan las necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad de las PAM. | |
| -Adaptar los mètodos de enseñanza a las capacidades de las PAM. | |
| -Crear o acondicionar espacios públicos amigables y seguros para actividades recreativas, culturales, espirituales y deportivas de las PAM. Los bienes y servicios culturales se ofrecerán en formatos y condiciones accesibles, proporcionando informaciòn que fomente la participaciòn. | |
| -Procurar que las PAM vivan en sus propios hogares mediante la restauraciòn, el desarrollo y la mejora de sus viviendas, asegurando que sean dignas, arquitectònicamente adecuadas y adaptadas a sus necesidades de acceso, uso y movilidad cuando sea necesario. | |
| -Hacer accesibles las vías de denuncia para las PAM con deficiencia auditiva, visual o cognitiva y para quienes utilicen un idioma local o poco representado. | |
| -Acceso a beneficios y servicios de salud para PAM, tanto para enfermedades no transmisibles, como transmisibles, incluidas de transmisiòn sexual. | |
| -Generar empleos formales, decentes y de calidad para las PAM que deseen continuar trabajando, esto incluye mejorar la accesibilidad para PAM con alguna discapacidad. | |
| Institucionalidad y capacidades estatales | |
| -Contar con servicios mèdicos y odontològicos que prevengan la malnutriciòn y mejoren la masticaciòn. | |
| -Implementar planes de salud específicos para el proceso de envejecimiento, así como ofrecer diagnòsticos tempranos y tratamientos adecuados para mejorar la salud, prevenir enfermedades y mantener las capacidades funcionales de las personas mayores. |
| -Servicios sociosanitarios especializados y diferenciados para atender enfermedades que generan dependencia, incluyendo las crònicodegenerativas, demencias y Alzheimer (incluye, centros de salud y establecimientos de residencia corta o larga estancia, así como atenciòn especial a la salud mental, incluyendo trastornos y enfermedades mentales). | |
|---|---|
| -Servicios de guardería, centros de asistencia diurnos, dispensarios, hospitales diurnos, atenciòn mèdica y de enfermería, y ayuda domèstica. | |
| -Brindar asistencia a domicilio con elementos mèdicos, de enfermería y tècnicos, limitando el recurso de hospitalizaciòn. | |
| -Crear redes de protecciòn y atenciòn integral de salud preventiva, implementando modelos interdisciplinarios en geriatría y gerontología, y garantizar que las instalaciones y equipos de los sistemas de salud cumplan con las normas de seguridad. | |
| -Promover y fortalecer la investigaciòn y formaciòn acadèmica profesional y tècnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos en todos los niveles de atenciòn. | |
| -Realizar estudios sobre los aspectos biològicos, mentales y sociales para mantener la capacidad funcional y evitar la apariciòn de enfermedades crònicas y discapacidades. | |
| -Crear organizaciones intergubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones de enseñanza gerontològica, geriátrica y de psicología geriátrica. | |
| -Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y sociosanitarios integrados, y de otros actores, en relaciòn con la atenciòn a las personas mayores, según lo indica la Convenciòn. Tambièn se requiere capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos encargados de servicios sociales y de salud, así como a quienes prestan atenciòn y cuidado a las PAM, para que brinden un trato digno y prevengan la negligencia, violencia y maltrato hacia las personas mayores. | |
| -Fortalecer los sistemas de seguridad social y otras medidas de protecciòn social, como pensiones de jubilaciòn contributivas y no contributivas universales, especialmente ante situaciones de emergencia, priorizando a quienes carecen de otro tipo de ingreso econòmico. | |
| -Prestaciones y servicios en el ámbito de la seguridad social destinados a las PAM, incluyendo el cuidado dentro de los sistemas de protecciòn social, la muerte digna y adecuadamente atendida. | |
| -Promover y facilitar la inclusiòn del tema del envejecimiento en los planes de estudio. Crear actividades educativas dirigidas a las personas mayores, enfocadas en el manejo de la tecnología y las comunicaciones. | |
| -Mecanismos institucionales que establezcan las funciones y responsabilidades de los gobiernos centrales y locales, basados en normas, directrices y mejores prácticas existentes para la atenciòn de las PAM ante desastres naturales, y directrices nacionales donde se catalogue como grupo prioritario y de atenciòn especial a las PAM, en casos de desastres. |
| -Generar alianzas entre múltiples sectores para coordinar todas las fases de la gestiòn de emergencias, identificando con antelaciòn las mayores concentraciones de PAM y a quienes experimentan vulnerabilidades especiales. | |
|---|---|
| -Contar con atlas de riesgo y sistemas nacionales y locales de protecciòn civil que contemplen las necesidades, vulnerabilidades y contribuciones de las PAM para dar una respuesta humanitaria inclusiva frente a desastres, cambio climático y crisis, elaborando estrategias de prevenciòn y preparaciòn y, planes de socorro. | |
| -Desarrollar un sistema integral de cuidados inclusivo y resiliente, con perspectiva de gènero y el respeto a la dignidad integral física y mental de las PAM, así como sistemas públicos de cuidado. Expandir la infraestructura para brindar servicios de cuidado a largo plazo, contando con personal especializado que pueda ofrecer una atenciòn institucional adecuada e integral, y prevenir acciones o prácticas que puedan causar daño o agravar la condiciòn existente. | |
| -Servicios diferenciados para las PAM en situaciòn de dependencia, como cuidados paliativos y atenciòn integral y eficaz, particularmente en centros de salud y establecimientos de residencia de corta o larga estancia. | |
| -Registro nacional de las instituciones y personas trabajadoras en el área de cuidado a largo plazo. | |
| -En la medida de lo posible, se sustituirá la institucionalizaciòn de las personas mayores por sistemas de cuidado de tipo comunitario. | |
| -Implementar o reformar los sistemas de supervisiòn y monitoreo de los establecimientos que brindan servicios de cuidado a corto o largo plazo, ya sean públicos, privados o mixtos, para garantizar los derechos y la dignidad de las PAM que en ellos residen. | |
| -Invertir a lo largo de todo el ciclo vital de los cuidados, promoviendo estilos de vida saludables, buena alimentaciòn, ejercicio, y la eliminaciòn del tabaco y el alcohol; e infraestructura de calidad para la atenciòn a largo plazo y cuidados paliativos. | |
| -Establecer prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas para todas las PAM, especialmente para quienes carecen de recursos o de otra fuente de ingresos, al alcanzar la edad prescrita por la legislaciòn nacional, siendo las mujeres las principales beneficiarias. | |
| -Reconocer el trabajo de cuidado no remunerado que realizan las PAM mediante prestaciones y apoyo social y econòmico. Desarrollar incentivos complementarios a la jubilaciòn para fomentar nuevas formas de ahorro entre las personas mayores. | |
| -Acceso al crèdito de vivienda y otras formas de financiamiento sin discriminaciòn por edad. | |
| -Otorgar subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de vivienda y otras medidas pertinentes para esta poblaciòn, especialmente para las PAM que viven solas. | |
| -Asignar recursos suficientes o aumentar la financiaciòn para atender las necesidades de las PAM en situaciones de emergencia y desplazamiento. |
| -Asignar recursos adecuados para programas educativos dirigidos a las PAM, incluyendo la educaciòn universitaria. | |
| -Invertir en la expansiòn de infraestructura destinada a brindar cuidado a largo plazo, así como en investigaciones sobre los aspectos de desarrollo y humanitarios del envejecimiento. | |
| -Implementar sistemas de informaciòn sobre la participaciòn laboral de las personas adultas mayores y medidas específicas para combatir el edadismo en el ámbito laboral. | |
| Políticas públicas | |
| -Incorporar Políticas públicas intersectoriales orientadas a mejorar la salud, prevenir enfermedades en todas las etapas, mantener las capacidades funcionales, rehabilitaciòn, cuidados paliativos, el estado nutricional, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Fomentar un envejecimiento activo y saludable | |
| -Crear políticas para incentivar un estilo de vida activo, productivo y orientado al ahorro. Adoptar políticas que fomenten la generaciòn de empleo formal, decente y de calidad, impulsar el emprendimiento y facilitar el acceso al crèdito. | |
| -Diseñar políticas que incentiven la contrataciòn de personas mayores, promoviendo la igualdad de oportunidades laborales y de trato (protecciòn, preparaciòn y acceso al retiro de las PAM; condiciones, ambientes y horarios de trabajo adecuados; organizaciòn de tareas según sus necesidades y características. Asimismo, diseñar e implementar políticas, programas y acciones con enfoque de gènero para la protecciòn social de las mujeres mayores. | |
| -Diseñar y ejecutar una política de vivienda para PAM que incluya la provisiòn de financiamiento oficial y, siempre que sea posible, otorgarles condiciones especialmente favorables para su acceso. Esta política debe facilitar servicios comunitarios sociales, sanitarios, culturales, de esparcimiento y comunicaciones. | |
| -Formular políticas que articulen la inversiòn en la educaciòn de la poblaciòn mayor. | |
| -Promover políticas activas para combatir el analfabetismo entre las personas mayores, tanto mujeres como hombres, con especial atenciòn a los grupos en situaciòn de vulnerabilidad. | |
| -Desarrollar políticas públicas de largo aliento para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, contando con un marco de institucionalidad y legislaciòn sòlidas. Regular el trabajo de cuidados y proveer mecanismos para aliviar la carga de trabajo de las personas cuidadoras. Establecer políticas y programas de cuidado que abarquen aspectos preventivos, curativos, paliativos y especializados, con el objetivo de garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades para las PAM. Promover la implementaciòn de políticas públicas de cuidado a largo plazo centradas en este grupo poblacional. Desarrollar políticas sociales que fomenten la solidaridad familiar, involucrando a todos los miembros de la familia y |
| brindando apoyo a aquellas familias que cuidan de sus parientes de edad avanzada. | |
| -Formular, adecuar e implementar políticas de capacitaciòn y aplicaciòn de la medicina tradicional, alternativa y complementaria | |
| Programas y medidas | |
| -Formaciòn y capacitaciòn a toda la poblaciòn sobre temas de envejecimiento desde un enfoque de derechos, gènero, interseccionalidad, interculturalidad y curso de vida (incluye entre otros: la adquisiciòn de hábitos de nutriciòn y alimentaciòn adecuados). Suscitar un cambio cultural que evite la estigmatizaciòn, el temor y el rechazo hacia quienes padecen trastornos o enfermedades mentales, facilitando su atenciòn y seguimiento. Desarrollar nuevas formas de atenciòn centradas en las PAM y en quienes les cuidan. | |
| -Acciones de prevenciòn de enfermedades a travès de las autoridades de salud, mediante cursos de educaciòn, conocimiento de patologías y opiniòn informada de las PAM. | |
| -Promover y garantizar el acompañamiento y la capacitaciòn de las personas que ejercen tareas de cuidado de las PAM, incluyendo a familiares, con el fin de procurar su salud, bienestar y buen trato. Educar a las propias PAM en el cuidado de sí mismas. Capacitar a la poblaciòn, especialmente a las PAM, para el uso prudente de medicamentos y productos químicos en el hogar. | |
| -Establecer o consolidar programas de derechos humanos que aborden y eliminen las violencias dirigidas a las PAM. | |
| -Asegurar la participaciòn de las PAM en programas de formaciòn, capacitaciòn y recolecciòn de datos y estadísticas para prevenir cualquier emergencia ambiental, desastre natural o conflicto. | |
| -Programas para la mejora nutricional y la educaciòn del consumidor. Es necesario realizar estudios sobre la situaciòn nutricional de las personas adultas mayores, incluyendo medidas para su correcciòn, así como investigaciones y estudios epidemiològicos sobre pautas locales de salud y enfermedad. | |
| -Programas basados en enfoques integrales de salud que abarquen la prevenciòn, atenciòn, curaciòn y rehabilitaciòn física y mental (incluyendo la salud sexual y reproductiva de las PAM, las enfermedades transmisibles y no transmisibles). | |
| -Programas enfocados en garantizar el acceso a medicamentos, incluidos aquellos para enfermedades mentales, rehabilitaciòn, òrtesis, pròtesis y ayudas tècnicas. Tambièn es crucial la realizaciòn de visitas domiciliarias por emergencias sanitarias o cuidados de la salud. | |
| -Programas laborales específicos para asegurar que las PAM realicen actividades productivas adecuadas a sus capacidades, respetando su vocaciòn y deseos. Programas y servicios de orientaciòn, capacitaciòn y colocaciòn laboral, así como de aquellos que proporcionen informaciòn sobre los derechos y obligaciones de los pensionistas. Desarrollar estrategias para prevenir los accidentes laborales y las enfermedades. |
| Asesorar a los empleadores y capacitar al personal mèdico en la esfera de la medicina laboral para la atenciòn de las PAM. Programas que faciliten una transiciòn gradual a la jubilaciòn e incorporar cursos de preparaciòn para la jubilaciòn y la disminuciòn del trabajo en los últimos años de la vida profesional, ajustando las condiciones, el ambiente, la organizaciòn del trabajo y la disminuciòn progresiva del horario. programas que faciliten una transiciòn gradual a la jubilaciòn. Programas de capacitaciòn y certificaciòn de conocimientos y saberes de las personas mayores, y su incorporaciòn a mercados laborales más inclusivos. Programas orientados al empoderamiento y formaciòn de las mujeres mayores, para la obtenciòn de empleos seguros y bien remunerados. | |
|---|---|
| -Perfeccionar los sistemas de informaciòn y los registros administrativos de las personas mayores destinatarias de programas sociales. Asegurar que los programas de seguridad social se complementen con otras políticas sociales, como la atenciòn a la salud y la vivienda. | |
| -Programas culturales que permitan a las PAM de diferentes grupos culturales utilizar y desarrollar su potencial creativo, artístico o intelectual, enriqueciendo a la sociedad como agentes transmisores de valores, conocimientos y cultura, donde las PAM sean maestras-os y transmisoras-res del conocimiento, la cultura y los valores espirituales de dichos programas. | |
| -Programas educativos sobre el proceso de envejecimiento y sobre las PAM, destinados a todos los niveles del sistema escolar y utilizando medios de comunicaciòn masivos como la radio, la televisiòn, la prensa y la web. Programas educativos no estructurados para las personas adultas mayores, basados en la comunidad y orientados al esparcimiento, que promuevan un sentido de autosuficiencia y responsabilidad. | |
| -Proporcionar a las PAM educaciòn formal y no formal sobre el uso de tecnologías y comunicaciones, incluyendo la entrega de una canasta básica digital. Utilizar los medios de comunicaciòn para fomentar la participaciòn de las personas mayores en actividades educativas, recreativas y aprovechamiento creativo del tiempo libre. | |
| -Realizar diagnòsticos sobre las causas y los impactos de la brecha digital entre las PAM, e investigar los efectos del uso de la tecnología en la acciòn humanitaria sobre las personas de edad, evitando su exclusiòn. | |
| -Programas de adaptaciòn de la vivienda para garantizar que las PAM puedan envejecer en sus comunidades. Elaborar documentos de línea base que permitan identificar la universalizaciòn de la integraciòn a la protecciòn social de las PAM y sus necesidades de vivienda. Estos programas deben complementarse con políticas sociales enfocadas en la vivienda y determinar la necesidad de recursos humanos y econòmicos para atender, mediante programas, la calidad de vida de las personas mayores, especialmente frente al deterioro cognitivo y los cuidados paliativos. |
| -Medidas adecuadas en materia de vivienda y servicios para la acogida colectiva de refugiados, particularmente cuando se trate de personas de edad avanzada, procurando mantener la unidad familiar. | |
|---|---|
| -Servicios de apoyo permanente para las familias de bajos ingresos que cuidan a personas de edad avanzada en el hogar. Fomentar, la autoayuda recíproca entre las PAM capaces y activas para asistir a sus pares. Medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducciòn de servicios de cuidado para las personas mayores, incluyendo la atenciòn a los moribundos, el diálogo con ellos y el apoyo a sus allegados en la elaboraciòn de un duelo saludable. | |
| -Desarrollar estudios sobre los efectos adversos en poblaciones de edad avanzada que habitan en contextos geográficos de alto riesgo. |
Fuente: Elaboraciòn propia con base en la secciòn D correspondiente al Apartado III de la Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales de las personas adultas mayores (Arriaga 2025).
El ejercicio pleno de los DESCA de las personas adultas mayores debe entenderse como un objetivo prioritario que involucra a toda la sociedad. Este trabajo constituye un compendio de los estándares mínimos que todo Estado debe considerar al asumir su responsabilidad en la garantía de los derechos humanos. No obstante, es imperativo generar conciencia colectiva sobre el compromiso compartido que debemos asumir como sociedades orientadas hacia el respeto y la promociòn de los derechos humanos. Este compromiso conlleva asegurar tanto el respeto como la exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores.
Este proceso requiere la implementaciòn de varios elementos esenciales: la conformaciòn de un marco normativo y operativo robusto, la asignaciòn adecuada de recursos, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la formaciòn de funcionariado y ciudadanía, así como la puesta en marcha de políticas y programas específicos orientados a la promociòn de los derechos humanos. Además, es fundamental contar con mecanismos de protecciòn y reparaciòn. Este esfuerzo demanda decisiones presentes que aseguren que, en el futuro, todas las personas que formen parte en este grupo poblacional gocen de las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
ARRIAGA ESTRADA, Maria Julia. 2025. Investigaciòn sobre los derechos econòmicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas adultas mayores. Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico (PUDH-UNAM). Sin URL.
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). 1988. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econòmicos, sociales y culturales: “Protocolo de San Salvador”. Suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo san-salvador-es.pdf
CIDH. 2015. Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las Personas Mayores. Aprobada por la Asamblea General el 15 de junio de 2015.
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A 70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
CONAPO (Consejo Nacional de Población). 2025. Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 1950-2070. Datos Abiertos. Última actualización: marzo 2025. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020 2070/resource/eeb97309-e559-4559-ade2-4a0b8ae03ae7
Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). 2022. Opinión Consultiva Oc-29/22. 30 de mayo de 2022. Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2022. Presentación de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_r esultados.pdf
MONTES DE OCA ZAVALA, Verónica. 2024. Buenas prácticas en el ámbito de las políticas públicas para las personas mayores con un enfoque de derechos humanos, Documentos de Proyectos (LC/TS.2024/88), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2024. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1a777269-448a-477f b5bb-8906459fee0c/content
ONU (Organización de las Naciones Unidas). 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations /spn.pdf
ONU. 1966. Pacto Internacional de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificaciòn y adhesiòn por la Asamblea General en su resoluciòn 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf
ONU-EI (Organización de las Naciones Unidas-Experta Independiente sobre los derechos humanos por las personas de edad). 2021. Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. Claudia Mahler. A/HRC/48/53. 4 de agosto de 2021. https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/215/66/PDF/G2121566.pdf?OpenElement
OPS (Organización Panamericana de la Salud). 2021. Informe mundial sobre el edadismo. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Washington, D.C. https://iris.paho.org/handle/10665.2/55871
PÈREZ GÓMEZ, Laura Elisa. 2017. ´Desafíos para la planeación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y el uso de indicadores para su sistematizaciòn”. Perseo. n.º 57 (noviembre 2017). http://www.pudh.unam.mx/perseo/desafios-para-la-planeacion-y-evaluacion de-politicas-publicas-con-enfoque-de-derechos-humanos-y-el-uso-de indicadores-para-su-sistematizacion/#more-20559
PÈREZ GÓMEZ, Laura Elisa. 2024. Hacia la consolidaciòn del derecho al desarrollo. Universidad Nacional Autònoma de Mèxico, Coordinaciòn de Humanidades, Programa Universitario de Derechos Humanos, Mèxico, 2024, ISBN: 978-607-30-9359-0. https://www.pudh.unam.mx/publicaciones/UNAM COHUM PUDH_hacia_la_consolidacion_del_derecho_al_desarrollo_agosto_2024.pdf
SEGOB (Secretaría de Gobernación). S.f. Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos (SNEDH). https://snedh.segob.gob.mx/acerca.php