Perseo _{Revista electrónica del PUDH}

Migración y los nuevos contextos jurídicos, sociales y culturales

La migración es un fenómeno global que trasciende fronteras físicas, afectando contextos jurídicos; sociales; culturales; económicos y políticos de los migrantes así como de las sociedades que los acogen. La tesis que sustenta éste análisis es que los contextos no solo condicionan la percepción migratoria, sino que también reflejan las tensiones entre la seguridad nacional sobre la protección de los derechos universales, perpetuando prejuicios y dificultando la integración y el pleno desarrollo de los migrantes. Para desarrollar esta idea se hablará de las políticas migratorias restrictivas relacionadas con la seguridad nacional, y el papel de los organismos internacionales en la protección de los derechos de los migrantes en los países receptores y emisores.

El derecho internacional reconoce el derecho a migrar como parte de los derechos humanos fundamentales, pues se sientan las bases de éste derecho en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[2] así como en los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por México que se verán más adelante, y demás normatividad como la Ley de Migración.

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Las mujeres y su derecho a la alimentación en México

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el artículo 11 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación…”. Y en su segundo artículo que “Los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminaciónalguna por motivos de raza, color, sexo…”

Por su parte la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer menciona en el artículo 12 que “….Los Estados Partes asegurarán a las mujeres los servicios apropiados relacionados con el embarazo, el parto y el periodo pos parto, garantizando servicios gratuitos cuando sea necesario durante el embarazo y la lactancia ”, y en el artículo 14 que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las zonas rurales para asegurar, sobre una base de igualdad de hombres y mujeres, condiciones de vida adecuadas, especialmente relacionadas con la vivienda, servicios sanitarios, electricidad, suministro de agua, transporte y comunicaciones”.

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Hacia la consolidación del derecho al desarrollo

El derecho al desarrollo es un tema central para todas las naciones, sobre todo en un contexto donde la complejidad de la crisis mundial se ha acentuado y las desigualdades son ingentes e insoslayables; a pesar de ello, no se ha logrado un acuerdo para el impulso y asunción plena de este derecho a nivel internacional. El PUDH-UNAM acaba de presentar una publicación que pretende contribuir a aclarar la conceptualización del derecho, así como sus alcances en términos de políticas nacionales, mediante una exposición accesible, además de proporcionar una propuesta para su seguimiento y evaluación.

El derecho al desarrollo se puede concebir como un derecho “empoderante” para personas, grupos de población y países, que reivindica la libre determinación y la indivisibilidad entre derechos y libertades fundamentales. Este derecho remarca las obligaciones sobre cooperación y justicia distributiva para avanzar en la reducción de las desigualdades y avanzar en condiciones mundiales para asegurar una paz duradera. Además, el derecho al desarrollo, debe valorarse desde perspectivas que van mucho más allá de visiones tradicionales y limitadas que se centran únicamente en el impulso al crecimiento económico y enaltecen al Producto Interno Bruto como única medida estratégica.

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El rol de la psicología en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad

La psicología desempeña un papel cada vez más relevante como disciplina auxiliar del derecho en la defensa de los derechos humanos, especialmente en relación con las personas con discapacidad. Tradicionalmente, la psicología ha estado influenciada por el modelo médico-rehabilitador, predominante en diversas ramas como la psicología jurídica y forense, las cuales son esenciales en procedimientos legales que involucran a estas personas. Además, se propone al acompañamiento psicosocial como forma de intervención con esta población. Este artículo tiene como objetivo destacar la importancia de la psicología en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La psicología, como ciencia que describe y explica el comportamiento humano, se interrelaciona con otras disciplinas como la biología, sociología, medicina y derecho (Hernández, 2011)[1]. Esta interrelación ha dado lugar a ramas de la psicología que contribuyen a la defensa de los derechos humanos, promoviendo un enfoque multidisciplinario. Entre estas ramas se encuentra la psicología forense o jurídica, que estudian el comportamiento en el contexto del derecho, la ley y la justicia (Muñoz-Sabaté, Bayes y Munné, 1980; Ortega Monasterio, 1991; Clemente, 1995; Clemente y Ríos, 1995; Garzón, 1990; Soria, 1998; Soria, 2002; Garrido, Masip y Herrero, 2006 citados en López, 2016)

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Scarlett Johansson, ChatGPT y los derechos digitales

En la película de ciencia ficción HER (2013), dirigida por Spike Lee, un hombre solitario, llamado Theodore Twombly, se enamora de Samantha, una inteligencia artificial programada para funcionar como asistente virtual y acompañante. La actriz norteamericana Scarlett Johansson dotó de voz a Samantha, quien se comporta como una mujer sumisa, amable y siempre lista para atender los deseos de Twombly.

En el momento de su estreno, hace casi diez años, la película generó una gran cantidad de debates, que plantearon preguntas como las siguientes: ¿podrá una máquina mantener una conversación compleja con un ser humano?, ¿qué pasará cuando las inteligencias artificiales sean parte de la vida de todas las personas?, ¿podrá una máquina despertar sentimientos en un ser humano?, ¿qué consecuencia puede acarrear el uso de las inteligencias artificiales?

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Las declaraciones patrimoniales como parte del derecho fundamental a la buena administración

Mayo es el mes en que todas las personas servidoras públicas tienen la obligación constitucional y legal de presentar sus declaraciones de modificación de situación patrimonial, de intereses y captura de datos fiscales, por eso se conoce como “El mes de la declaración”.

En ese sentido, por disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y de las leyes locales en las entidades federativas, durante ese mes, las personas servidoras públicas tienen esta obligación, en los términos establecidos por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Es importante precisar el alcance de la noción de “persona servidora pública”, siendo el texto constitucional quien ha proporcionado en su artículo 108 un concepto amplio al considerar a “(…) en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”, sin distinguir el tipo de contratación, el monto salarial, el nivel de responsabilidad u otra circunstancia que permita discriminar entre quienes están obligados a cumplir o no.

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Inteligencia Artificial: riesgos y prevención en materia de derechos humanos

El 21 de abril se conmemora el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, dos facetas del quehacer humano con gran impacto en el desarrollo de un país.

La creatividad implica la capacidad de una persona o grupo de personas de producir ideas novedosas u originales sobre una rama del conocimiento o respecto de cualquier actividad, incluyendo las de esparcimiento y recreación. Asimismo, representa la capacidad de establecer conexiones distintas y diferentes a ideas previamente expuestas o desarrolladas, para la resolución de problemas determinados.

La innovación implica la aplicación práctica y concreta de la creatividad, esto es, la implementación, en la realidad, de las ideas novedosas para generar o modificar bienes, productos, servicios o procedimientos.

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Reflexiones en torno a la Igualdad de Género

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que lleva a la reflexión y a materializar acciones propicias para erradicar las diferencias objetivas y significativas entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios e instituciones necesarias para determinar sus niveles de desarrollo personal, social, económico, cultural y político, lo que significa el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como erradicar las generalizaciones simplistas de las características y los roles de las mujeres y los hombres. Por el contrario, transitar de la desigualdad y discriminación, a una vida libre de violencia, a su autodeterminación y autonomía.

Lo anterior a partir de escuchar y analizar las problemáticas de las mujeres, niñas y adolescentes, para implementar las acciones necesarias para generar conciencia y prevenir la violencia contra ellas, para visibilizar sus derechos; para transversalizar de la perspectiva de género, la igualdad y o discriminación, el trato digno, la generación de entornos de no violencia y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes.

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Participación de la niñez y adolescencia en el ámbito de la Comisión Interamercana de Derechos Humanos

En el mes de octubre de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la importante resolución 5/2023 relativa a la participación de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de esa instancia interamericana. Lo anterior en cumplimiento de su mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos de la región, estimulando la conciencia en los pueblos de América.

En la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, se dispuso que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad (artículo 6), el cual se extiende a niñas, niños y adolescentes a fin de empoderarlos en los procesos de toma de decisiones. Incluso, la CIDH en su Plan Estratégico 2023-2027 aprobado el 31 de octubre de 2022, enfatizó la necesidad de ampliar los espacios de participación de niñas, niños y adolescentes, a partir de los componentes del derecho a la participación, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

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Deber de diligencia del Estado frente a enfermedades que implican suministrar medicamentos de forma periódica

El pasado 21 de diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer, a través del comunicado 474/2023, que la Primera Sala estableció, en el amparo en revisión 82/2022, tres tesis de jurisprudencia importantes relacionadas con el derecho a la protección de la salud, mismas que se publicaron el 13 de octubre de 2023 en el Semanario Judicial de la Federación.

La primera en el sentido de que, frente a enfermedades que conllevan el suministro de medicamentos de forma periódica, el Estado tiene un deber de diligencia que debe potencializarse con un carácter reforzado.

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